El dinero es sólo parte del problema. Lo más grave es la organización irracional de las universidades y de la I+D públicas. No se ha cumplido la promesa de crear una agencia de financiación de la investigación en sintonía con el funcionamiento del nuevo Consejo Europeo de Investigación (ERC). Tampoco se ha llevado a cabo la transformación del Consejo de Investigaciones Científicas en una agencia autónoma. Ni mención de cambios en el gobierno de las universidades públicas.
En el ranking de 2006 de las 100 mejores universidades del mundo publicado por The Times Higher Educational Supplement no figura ninguna española, a pesar de que España es la octava potencia económica mundial.
En España, las universidades son un servicio público más. Cada ciudad debe tener una oficina de correos, sucursales bancarias, polideportivos, supermercados... y una universidad. Los presupuestos universitarios públicos tienen por tanto que distribuirse a lo largo y ancho del país, y los pequeños laboratorios y departamentos resultantes no tienen el dinero ni los investigadores necesarios para hacer ciencia de calidad.
Los estudios universitarios se consideran como un derecho ciudadano y dan acceso casi seguro a un título, si se aguantan los años que hagan falta, sin coste económico personal. Claro, que la OCDE dice que los títulos universitarios españoles se devalúan cada vez más, y que no confieren muchas ventajas por lo que respecta al empleo y los salarios.
¿Cómo es posible que todavía se hable de que profesores y científicos extranjeros que reciben ofertas españolas tienen dificultades para "homologar" sus títulos? ¿Por qué el Gobierno no elimina de un plumazo esta imbecilidad medieval y manifiesta? Son las universidades y los organismos públicos de investigación los que tienen que decidir sobre la idoneidad de un candidato y su contratación, como es el caso en los países occidentales avanzados.
Retrotraigámonos a los años 30, cuando Einstein recibió una oferta para desplazarse a Estados Unidos y trabajar en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. ¿Acaso le exigieron que homologase sus títulos? ¿Se lo exigieron quizá a Enrico Fermi, que dirigió la investigación que resultó en el primer reactor nuclear de la historia y que luego, en Los Álamos, desempeñó un papel clave en el proyecto de la bomba atómica? Legalmente, Fermi era italiano, ciudadano de un país que estaba en guerra con los Estados Unidos.Cuando, hace cuarenta años, se creó la Autónoma de Madrid, con la idea de que fuese una universidad de élite, se fichó a Nicolás Cabrera, entonces jefe del Departamento de Física de la Universidad de Virginia, para que ejerciera el mismo cargo en la UAM. Pues bien, Cabrera estuvo en una situación indefinida durante bastante tiempo porque los catedráticos de la época decían que su afiliación a la Autónoma era "ilegal". No había hecho las oposiciones. Cabrera estuvo en el limbo hasta que Federico Mayor Zaragoza resolvió la situación.
La ministra de Educación hace declaraciones en las que afirma que se va a dar más autonomía a las universidades. El Gobierno no acaba de comprender que las universidades o son plenamente autónomas o no son universidades, sino negociados burocráticos del Ministerio. Y la prueba de fuego de la autonomía es ésta: que una universidad pública pueda contratar libremente a un catedrático de acuerdo con sus propias normas, sin tener que sufrir de nuevo el método usado con Nicolás Cabrera.
Lo mismo con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas: se le va a dar más autonomía, pero los candidatos para el programa Ramón y Cajal que van a trabajar en sus centros siguen siendo seleccionados por el Ministerio y no por el propio CSIC.
En un informe para la Fundación Alternativas, tres altos responsables del CSIC han señalado la "resistencia pasiva" de lo que denominan "colegios invisibles de científicos", decididos a no alterar el statu quo. Yo prefiero llamarlos "los gnomos del ministerio", algunos de los cuales malgastan su tiempo y el dinero de los españoles en determinar si un matemático de Cambridge ha estudiado el teorema de Cauchy en su curso de funciones de variables complejas.
Hace unos años, estos gnomos tenían en trámite la homologación de más de 30.000 títulos universitarios extranjeros. No es broma. Este trabajo me recuerda al de los funcionarios que laboraban en los laberintos del Ministerio de la Verdad en la famosa novela 1984, de George Orwell.
La realidad es que este aumento considerable de los presupuestos públicos de I+D (y se prevé que aumenten todavía más en un futuro próximo) se ha llevado a cabo sin una conciencia clara de la necesidad de eliminar primero los vicios ancestrales que han lastrado y siguen lastrando nuestra empresa científica. El Gobierno no parece recibir el asesoramiento adecuado. El presidente del CSIC viene diciendo desde hace un par de años: "Necesitamos incorporar a 70.000 investigadores en los próximos cinco años". ¿Adónde se van a incorporar, al CSIC? Esta afirmación peregrina e irresponsable se hace en un momento en que la empresa privada no está contratando doctores en ciencias e ingenierías en grandes números. En la actualidad sólo el 20% de los científicos españoles trabaja en el sector privado.
En 2006 el 44% de los doctorados en ciencias e ingenierías en Estados Unidos fueron concedidos a estudiantes extranjeros. El Gobierno americano concede solamente 65.000 visados temporales por año, visados que permiten a estos nuevos doctores trabajar hasta un máximo de cinco años, con posibilidad de conseguir la residencia permanente en el futuro.
En los últimos cinco años, tan pronto se abrió la convocatoria de los visados, las empresas contratantes que los solicitaban agotaron la cuota. Entre ellas Microsoft, que junto con otras compañías tecnológicas hace campaña ante el Gobierno para que aumente el número de visados, pues sólo cubre a la mitad de estudiantes extranjeros.
No estoy diciendo que esto sea posible en España, pero afirmo que es el camino que hay que seguir, y que el Gobierno, en colaboración con la empresa privada, debe apoyar iniciativas que permitan dar los primeros pasos en esta dirección.
El sentimiento de euforia actual en la comunidad científica no tiene una base sólida. Por el momento, el lema entre los nuevos doctores es: ¡todos al CSIC y a los otros organismos públicos!
El progreso empezará a sentirse cuando la mayoría de los nuevos doctores en ciencias e ingenierías se emplee en la empresa privada. Entretanto, tendremos un sistema soviético sostenido por los presupuestos del Estado.