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ECONOMÍA

El 'efecto Keynes' en España

Las cuentas públicas españolas acaban de cerrar su tercer año consecutivo en números rojos. En 2010, el déficit público ascendió al 9,24% del PIB, lo que equivale a la astronómica cifra de 98.227 millones de euros; en 2009, el porcentaje era del 11,1, y en 2008 del 4,1.

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¿Cómo se ha fraguado este brutal desequilibrio presupuestario? Para empezar, debemos distinguir dos etapas claramente diferenciadas en el trienio 2008-2010, al que ya podemos considerar histórico en términos de deterioro fiscal. Tras el estallido de la crisis financiera internacional, a mediados de 2007, y su posterior materialización en lo que se ha venido a denominar la Gran Recesión, los países más desarrollados del planeta, agrupados en torno al G-20, pusieron en marcha amplios y extensos planes de estímulo (gasto público) con el ilusorio fin de impulsar la ansiada recuperación.

Su aplicación se concentró fundamentalmente en 2008 y 2009, al menos en lo que se refiere a la Zona Euro. Posteriormente, y sólo tras el estallido de la crisis de deuda soberana en 2010, los gobiernos se vieron forzados a dar marcha atrás, frenando en gran medida la extensión de tales estímulos, ante el riesgo inminente de quiebra por parte de algunos de ellos. Este cambio de rumbo se observa perfectamente en las cuentas españolas:

– Evolución de gastos (interanual): 8,8% en 2008 // 7,4% en 2009 // -1% en 2010.

– Evolución de ingresos (interanual): -6,6% en 2008 // -9,6% en 2009 // 3,8% en 2010.

El gasto público aumentó un 15,7% si comparamos los Presupuestos de 2007 con los de 2010, mientras que la recaudación cayó un 12,3%.

Ahora bien, medir el déficit público en términos de PIB maquilla, en gran medida, el despilfarro presupuestario. En este sentido, las cuentas públicas deberían ser analizadas empleando términos contables similares a los manejados por las empresas.

No tiene sentido medir el déficit en términos de PIB. Es más correcto medir el déficit en términos de ingresos fiscales. Las Administraciones Públicas gastaron en 2007 un 4,6% menos de lo que ingresaron; en 2008 gastaron un 11,2% más; en 2009, un 32% más; en 2010, un 25% más.

El 2009 fue el año culmen de los planes de estímulo, tanto en el plano internacional como, sobre todo, en el nacional. En ese ejercicio el déficit del Estado (excluyendo CCAA y Ayuntamientos) alcanzó la cifra récord de 99.258 millones de euros. En concreto, sólo el Estado gastó 205.000 millones de euros, cuando sus ingresos no financieros no superaron los 105.000 millones. Es decir, gastó un 93,8% más de lo que ingresó por vía fiscal.

Entre 2007 y 2009, Irlanda, Grecia, España y Portugal registraron los déficits públicos más elevados de la Zona Euro; incluso de toda Europa, si se excluye al Reino Unido y a la ya quebrada Islandia. En concreto, a lo largo de estos tres años España ha acumulado un déficit público de 260.000 millones de euros, equivalente al 25% de la riqueza que produce el país en un año. Una cifra descomunal. Empleando la contabilidad presupuestaria señalada anteriormente, el Gobierno ha gastado de media un 22,6% más de lo que ha ingresado por vía fiscal entre 2008 y 2010.

¿Resultado? El Ejecutivo es responsable de uno de los mayores deterioros presupuestarios registrados en el mundo desarrollado, tan sólo superado por los experimentados en Islandia e Irlanda: un desequilibrio fiscal neto superior al 13% del PIB entre 2006 y 2009, según los últimos datos disponibles de la OCDE.

Todo este descuadre se ha materializado en un espectacular aumento de la deuda pública, que ha crecido desde el 36% del PIB en 2007 hasta el 60% en 2010. Es decir, 24 puntos porcentuales, equivalentes a esos 260.000 millones de déficit acumulado. De hecho, según las propias previsiones que maneja el Gobierno, la deuda pública rondará el 70% del PIB en 2011, con lo que el Ejecutivo habrá duplicado la deuda en apenas cuatro años.

En resumen, estamos asistiendo a uno de los mayores deterioros presupuestarios de la historia reciente de España y del mundo desarrollado. Y la razón hay que buscarla en la política puramente keynesiana aplicada por el Gobierno Zapatero.

Esta política keynesiana made in Spain está contenida en el denominado Plan E, "Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo", que comprende 99 medidas, que podemos agrupar en tres bloques básicos:

1) medidas directas de impulso fiscal, centradas en un mayor gasto público para paliar el paro y tratar de activar la demanda;

2) medidas de impulso financiero (financiación pública a bancos, familias y empresas), y

3) los tradicionales estabilizadores automáticos (prestaciones públicas).

El deterioro presupuestario se debió por igual al aumento de gastos y al desplome de ingresos. Así, casi la mitad del déficit público acumulado hasta 2009 se explica por la reducción de ingresos, y la otra mitad por el aumento de los gastos (responsabilidad directa del Gobierno). Si el Ejecutivo hubiera congelado el gasto público desde 2007, España habría registrado en 2009 un déficit próximo al 7% del PIB. 

Entre 2008 y 2009 el Gobierno puso en marcha políticas de gasto discrecionales cuyo coste ascendió al 4,2% del PIB, muy superior a la media europea (1,5%), mientras que el coste de los estabilizadores automáticos fue del 4,9% –unos 53.000 millones de euros–, frente al 3,3% de la UE-27.

España ha realizado una de las políticas keynesianas más activas y amplias de los países desarrollados, sin haber logrado impulsar la ansiada recuperación. De hecho, el único resultado ha sido que el déficit ha alcanzado cifras récord y que el volumen de la deuda se ha duplicado en apenas cuatro años, lo que ha suscitado serias dudas acerca de la solvencia de nuestro Estado. Si a ello se suma la grave situación de nuestro sistema financiero, podemos concluir que esta política ha sido, más que errónea, catastrófica para el futuro de la economía nacional, pendiente ahora de si finalmente es rescatada o no por la UE y el FMI.

 

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