Los demagogos son buenos psicólogos y saben cuáles son los puntos débiles del ser humano que deben activar para reclutar sus huestes. Nada más tentador que alimentar la ilusión de sumarse a quienes disfrutan de un privilegio medieval como es el concierto económico que los constituyentes otorgaron, contra toda lógica encuadrada en el siglo XX, a las comunidades vasca y navarra.
Inyección de racionalidad
Un sondeo de Feedback reveló que el 80 % de los encuestados en Cataluña se manifestó a favor de reclamar idéntico privilegio para su comunidad (La Vanguardia, 11/6/2012). El hecho de que un 20% discrepara ya marca un punto a favor de la cuota de racionalidad que sobrevive en el seno de la sociedad. Mucho más tranquilizador es comprobar que, según el mismo sondeo, el 56,5% de los consultados se declaró partidario de seguir negociando en el caso de que el Gobierno central no aprobara la iniciativa, y el 9% optó por acatar la decisión del Gobierno y abandonar el tema. Sólo el 31,3% apoyó el plan de los talibanes: crear unilateralmente una agencia tributaria catalana. Otra inyección de racionalidad: el 71,1% pidió un mayor control de las autonomías para evitar la duplicación de funciones, y el 71,4% pidió fijar un techo de gasto para todas las administraciones.
Francesc de Carrera desmontó en su artículo "El mito del concierto económico" (LV, 31/5) las falacias que esgrimen los flamantes tergiversadores:
Por un lado, las diputaciones provinciales de los territorios forales se encargan de la gestión, recaudación y liquidación de la mayoría de los impuestos. Por otro, de acuerdo con lo establecido en una ley estatal, cada año se concreta el llamado cupo, es decir, la aportación que la comunidad debe pagar al Estado en compensación por los servicios prestados. Ahí está el meollo de la cuestión (...) El privilegio no procede del sistema de concierto sino de su aplicación, en concreto del modo como se determina el cupo (...) Lo que debería cesar es la privilegiada financiación de las comunidades vasca y navarra. No se trata de suprimir el sistema de concierto –ahora convertido por el nacionalismo catalán en un nuevo mito– sino de modificar la ley que establece los criterios para el señalamiento del cupo, hoy tan inconstitucional, por discriminatorio, como lo sería, por otros motivos, que la Generalitat fuera financiada por el sistema de concierto.
Barrios expoliadores
La apelación a los lamentos de los paganos puede tener consecuencias insospechadas cuando éstos descubren que sus intereses chocan con los de un entorno que, a su vez, está gobernado por políticas de solidaridad que atienden a las necesidades sociales. En julio del 2011 me ocupé de este asunto con un cachondeo publicado en el boletín de la Asociación por la Tolerancia bajo el título "Adéu, Barcelona":
Sergi era un asiduo concurrente a las mesas donde los jóvenes independentistas solicitan votos ficticios y no verificados a favor de la autodeterminación de Cataluña. El concierto económico era, para él, el desiderátum. Hasta que leyó en el suplemento "Vivir" de La Vanguardia (27/1/2011) una noticia que le hizo hervir la sangre. Descubrió que en el ránking de inversiones per cápita del Ayuntamiento 2007-2009, a Ciutat Vella le correspondieron 588 euros y al Eixample, donde él reside, sólo 138. Incluso a Sants-Montjuïc, que abarca la zona de jolgorio del Paral-lel, le tocaron 448. Frente a semejante disparidad, Sergi, que no tiene ni zorra idea de lo que es la solidaridad entre vecinos, conciudadanos y congéneres, trasladó a los barrios que se le antojaban expoliadores toda la inquina que sus camaradas independentistas le habían inculcado contra España, y ha decidido encabezar un movimiento de autodeterminación de las zonas perjudicadas (que incluyen Sarrià-Sant Gervasi, con 233 euros per cápita, y Les Corts, con 238), para luchar por el concierto económico barrial y, en caso de no obtenerlo, poder decir "Adéu, Barcelona".
Correligionarios pedigüeños
Un lector suspicaz podría acusarme de manipular datos para socavar el argumentario nacionalista desde medios de comunicación hostiles a dicha ideología, aunque los datos, probadamente verídicos, hayan sido extraídos del somatén mediático. Sin embargo, es el somatén mediático el que, protagonista también de los tiras y aflojas entre sus correligionarios paganos y sus correligionarios pedigüeños, destapa algunos entresijos de los expolios recíprocos. ¿Pacto fiscal o concierto económico entre la Generalitat de Cataluña, convergente, y el Ayuntamiento de Barcelona, del mismo signo? Escribe Susana Quadrado en "El dilema de Trías" (LV, 7/6):
La gran paradoja es que la Generalitat, que tendría que empujar a la capital, a veces parece que la esté frenando. Como un dogal al cuello, esta circunstancia puede acabar estrangulando unas finanzas municipales que ahora son la joya de la corona. Empieza a ser algo habitual que la Generalitat ande en apuros. Pero también empieza a ser demasiado habitual que el Ayuntamiento barcelonés salga a socorrerla. En el año que Xavier Trias lleva al frente del Consistorio, el segundo annus horribilis para las cuentas del Govern, el Ayuntamiento de Barcelona ha tenido que hacer aportaciones extraordinarias que correspondían en parte a la Generalitat. Tal es el caso de las inyecciones a Spanair, el Circuit de Montmeló, la Escola Mediterrània, el diseño hub de Glòries, el Museu de Ciències del Fòrum, las becas comedor o las políticas activas de ocupación (...) Barcelona, con su mullido colchón financiero, debe ser solidaria con la debilidad de la Generalitat, pero no hasta el punto de hipotecar su futuro.
Màrius Carol se sitúa por encima del bien y del mal cuando afirma en "BCN, tenemos un problema" (LV, 19/2):
La reactivación del Impuesto sobre el Patrimonio y la subida del IRPF, que en Catalunya tiene un tope máximo del 56%, están haciendo que Barcelona haya perdido atractivo para los directivos extranjeros. Algunos despachos de abogados han empezado a tener consultas de ejecutivos de multinacionales sobre lo que supondrán estos cambios fiscales y empiezan a darse casos de directivos que han pedido el retorno a su país de origen, mientras otros han sugerido cambiar la sede de la compañía.
Y el suplemento "Vivir" del somatén mediático (16/6) define a la Generalitat como "el gran amigo depredador" que practica "el expolio amigable" del Ayuntamiento de Barcelona.
La joya de la corona
La decadencia viene de lejos, y su génesis no se explica sólo por razones económicas. El experto Mariano Guindal precisó tempranamente las causas del rechazo (LV, 5/7/1998):
Otras federaciones sindicales, como la de la banca, son rotundas al afirmar que el catalán está frenando de forma muy importante la llegada a Cataluña de profesionales, cuadros y técnicos intermedios. La experiencia nos muestra que cuando un trabajador cualificado se tiene que desplazar a Cataluña con su familia, el condicionante del idioma pesa muchísimo. La enseñanza de sus hijos en catalán, las dificultades para la promoción profesional suya o de su cónyuge por no saber hablar o escribir catalán correctamente son elementos que pesan.
Poco después (LV, 7/4/2000), el Cercle d'Economia, siempre incordiante, alertaba, cuando todavía se hablaba de bilingüismo y no de inmersión monolingüista coactiva:
El bilingüismo está constituyendo un obstáculo para que los trabajadores de fuera de la comunidad se trasladen a Cataluña. Este rechazo a situar la residencia en alguna ciudad catalana es más patente en familias con hijos en edad escolar.
Esta toma de partido del Cercle por la racionalidad frente a las imposiciones del maniqueísmo identitario perdura hasta hoy, y hace que Pilar Rahola, por ejemplo, despotrique ("Piqué en su círculo", LV, 20/10/2011):
En un documento donde hablan de fiscalidad, los amigos del Cercle se han despistado y no han citado el término pacte fiscal. ¿Cómo iban a plantear un presumible pacto de Catalunya con el Estado si Catalunya ha dejado de existir? Es decir, no es que hayan ninguneado el proyecto más importante del actual Ejecutivo catalán, cuyo president Mas lo considera la joya de la corona de su negociación con el Estado. Es que han ninguneado al president, a la Generalitat, al Parlament, a la sardana, al pan con tomate y hasta el fuet de Vic.
Típico y tópico razonamiento totalitario: quienes no comulgan disciplinadamente con lo que el Líder Supremo considera la joya de la corona son estigmatizados como enemigos de las instituciones y los símbolos patrios. Los castristas los llaman "gusanos" y los peronistas "cipayos". Aquí eran "conspiradores judeomasónicomarxistas".
Papá Estado y Mamá Generalitat
Después de esta inmersión en las viscosas tinieblas de la anacrónica caverna identitaria será saludable asearse con la lectura de un texto impecablemente didáctico extraído del libro de Miquel Porta Perales, Adéu, Catalunya (Pórtic, 2010):
El guión del nacionalismo catalán asegura que Cataluña es víctima de un expolio fiscal. Seamos precisos: el déficit fiscal –o el expolio fiscal– no lo tiene Cataluña, sino el ciudadano de Cataluña. Veamos, ¿cómo aparece el déficit fiscal? En un sistema de imposición progresiva como el español, el déficit fiscal aparece porque el ciudadano paga –¡el territorio no paga impuestos! ¡Es el ciudadano quien liquida impuestos!– en función de sus ingresos. Quien más gana, más paga. Quien más gana más déficit soporta porque Papá Estado y Mamá Generalitat le devuelven menos que lo que aporta. En este sentido, es razonable que en Cataluña –una comunidad autónoma cuyos ciudadanos tienen un promedio de ingresos superior al de otras comunidades– haya muchos ciudadanos con déficit fiscal. Insisto: Cataluña no tiene déficit fiscal, sino que son los ciudadanos quienes, cuando esto sucede caso por caso, lo tienen. Como sucede en la Comunidad de Madrid o en las Islas Baleares –el déficit fiscal de madrileños y baleares es superior al de los catalanes–, donde, por cierto, el victimismo fiscal es menor que el de Cataluña.
(...)
Si Cataluña –a efectos prácticos, hablo en términos territoriales– no tuviera déficit fiscal, ¿los catalanes vivirían mejor? El nacionalismo catalán afirma que sí. Su razonamiento –como siempre– es simple: si los impuestos recaudados en Cataluña no salieran del territorio catalán –o si saliera una cantidad menor– habría más dinero para mejorar la calidad de vida de los catalanes. Tal vez sí, tal vez no. Los razonamientos simples suelen tener un problema: a menudo no responden a la realidad. En la cuestión del déficit fiscal podría suceder que fuese peor el remedio que la enfermedad. En términos generales, no se puede establecer una correlación mecánica entre la supresión o reducción del déficit fiscal y el aumento de la riqueza y el bienestar ciudadanos. Puede ser al revés: a menudo el déficit fiscal genera riqueza y bienestar al proporcionar superávit comercial. En buena medida este es –o es todavía– el caso de Cataluña. En efecto, muchas empresas catalanas y trabajadores catalanes tienen trabajo y producen gracias al déficit fiscal, gracias al hecho de que los impuestos generados en Cataluña van al resto de una España que, de esta manera, puede comprar y pagar las mercancías producidas en Cataluña. Y no olvidemos que muchos de los impuestos presuntamente generados en Cataluña lo son en España. ¿O es que los impuestos que paga la empresa catalana en función de los beneficios obtenidos gracias a las ventas que realizó en el resto de España se pueden considerar como generados en Cataluña?
Punto final a las ensoñaciones. Otro punto final: el que puso la Comisión Europea a la pretensión de que los ciudadanos de una Cataluña arbitrariamente desgajada de España pasaran a ser automáticamente ciudadanos de la Unión Europea (La Voz de Barcelona, 4/6/2012). La cruda realidad es sorda a los lamentos de los falsos paganos.