El nuevo proyecto educativo socialista

Y es que en este folleto, redactado de forma mucho más clara y directa de a la que nos acostumbraron los elaboradores de la LOGSE, se esbozan algunos cambios que permitirán, fundamentalmente, dejar bien asentados aquellos principios sobre los que la ley socialista se construyó. Apenas seis meses le ha llevado al Ministerio de Educación y Ciencia la elaboración de un documento que aunque haya quien dice que es innovador y que busca el consenso lo único que hace es devolver las aguas al cauce de la LOGSE, eliminar las reformas "locistas" y reforzar las bases ideológicas de la doctrina educativa socialista.

 

La LOGSE fue una ley de educación fundamentalmente ideológica. Sus partidarios, a los que alguna vez se ha llamado "creyentes", solían decir que más que una ley era toda una revolución del sistema educativo. Fue aprobada en 1990 por la mayoría absoluta del Partido Socialista y sin el apoyo del Grupo Popular. Se comenzó a implantar en 1996 de forma general, aunque ya en algunos centros escolares se había adelantado de forma experimental. Cuando ese mismo año el PP ganó las elecciones, el Ministerio de Esperanza Aguirre tuvo que afrontar la implantación de una ley con la que no estaba en absoluto de acuerdo y que además tuvo serias dificultades de aceptación por parte de muchos padres y de un buen número de profesores.

 

El gran cambio que la LOGSE introdujo en el sistema educativo fue la incorporación a los centros de enseñanza secundaria de los escolares de los dos últimos años de la anterior EGB, de 12 y 13 años, y la de aquellos que terminada la EGB, optaban por empezar una formación profesional. Se creó así la Educación Secundaria Obligatoria, la ESO, con cuatro cursos de enseñanzas comunes que van desde los 12 a los 16 años de edad. Terminada la ESO, los jóvenes pueden optar por hacer dos años de Bachillerato o Formación Profesional. Para los socialistas era fundamental el carácter general y básico de estas enseñanzas comunes y no admitían la separación de alumnos por rendimiento escolar ni en razón de sus diferentes intereses antes de los 16 años. En la práctica, resultó que la secundaria obligatoria era una enseñanza general básica extendida durante dos años más.

 

Sobre el papel, quienes trabajaron en la elaboración de la Ley socialista debieron de ver las cosas muy sencillas: con un plan de estudios común para todos, los más aventajados terminarían a los 16 años y para aquellos que presentaran dificultades de aprendizaje se les permitiría repetir un par de años, de tal forma que, a los 18 años, toda la ciudadanía habría alcanzado la misma formación y estaría en igualdad de condiciones para afrontar la vida. Con ello se habría dado un gran paso hacia una sociedad más igualitaria. Ahora bien, para que este sistema se sostuviera era necesario hacer unos planes de estudio ligeros de contenidos, rebajar el nivel de exigencia hasta aquello que estuviera al alcance de todos los individuos. Tener escolarizada a toda la población hasta los 16 o 18 años sin más perspectiva que aprender a leer, escribir y las cuatro reglas resulta demasiado difícil de explicar a la sociedad, así que se ha intentado por todos los medios camuflar esa ignorancia insistiendo en la misión no instructiva sino educativa de la escuela e inventando unos complicados sistemas estadísticos de evaluación que, más que permitir, impiden conocer exactamente los resultados de las enseñanzas que se imparten.

 

 

Tras la implantación de la LOGSE, los expertos en educación del PP comenzaron a utilizar un argumento que parecía irrebatible: con la LOGSE se ha alcanzado la escolarización de todos los ciudadanos hasta los 16 años, el objetivo ahora debe ser que esa escolarización sea de "calidad". Para ellos estaba claro que la etapa secundaria obligatoria corría el peligro de convertirse en una prolongación de la primaria, por eso hablaron de introducir un factor de calidad en los estudios de secundaria. Esa calidad se entendía, en lo esencial, como una mayor exigencia en el estudio. No sé si fueron conscientes de que para un socialista español progre el que los estudios sean primarios o secundarios sólo puede depender de la edad y no de la capacidad intelectual o afición al estudio del individuo. Desde principios del siglo XX la aspiración socialista ha sido que todos los ciudadanos lleguen a la universidad, cualquier otra alternativa se considera socialmente injusta.

 

De ahí que, cuando desde la Administración educativa del PP se decía "queremos una educación de calidad", todos los pedagogos progres gritaran a una: "calidad sí, pero con equidad, porque no hay calidad sin equidad". Y, dado que lo progre tiene desde hace tiempo su éxito asegurado en el mundo de la educación, este lema "no hay calidad sin equidad", ha calado profundamente en estos últimos años. Así, y antes de entrar en la presentación de nuevas propuestas, el documento de la ministra Sansegundo deja claro que el concepto que ella y su gobierno tienen de "calidad" nada tiene que ver con el que tenían quiénes elaboraron la LOCE. Porque la calidad, asegura Sansegundo, no puede concebirse como una dimensión desligada de la equidad, pues ambos principios son indisociables. Según este documento, la LOCE descuida el verdadero sentido de la "equidad" simplificándolo y reduciéndolo a una "oferta de posibilidades a los alumnos, sin preguntarse por la justicia o injusticia que implican las desigualdades existentes".

 

En un debate sobre este nuevo documento alguien del público pidió a un responsable de la Administración educativa del Estado que explicara un poco mejor qué era eso de la equidad. El término equidad, respondió, lleva implícito el deseo de justicia. Como su interlocutor siguiera sin comprender bien tuvo que ser más preciso: lo que nosotros pretendemos es dar a todos la misma formación en las etapas obligatorias de la educación y reservar la "meritocracia" (sic) para el Bachillerato. La respuesta no puede ser más clara, todos los escolares deben estudiar lo mismo y, dentro de lo posible, con el mismo aprovechamiento, hasta que terminen la Educación Secundaria Obligatoria. De ese burro los socialistas no piensan apearse, ni caben los itinerarios "segregadores" ni la formación profesional adelantada. De ahí la prisa que se dio el Gobierno para paralizar la aplicación de una ley, la LOCE, que pretendía separar a los escolares, según sus intereses, en distintos itinerarios e introducir la Formación Profesional antes de terminar la etapa secundaria obligatoria.

 

 

La LOCE sustancialmente suponía un plan de estudios con el que se pretendía dar solución a algunos de los problemas prácticos que con la implantación de la LOGSE se habían producido en los centros de enseñanza. La LOCE incluía en su declaración de principios la finalidad de resucitar el valor de la instrucción, del estudio y del esfuerzo personal. No gusta a los socialistas ese empeño por subrayar el valor del esfuerzo individual pues, según dicen, el esfuerzo no se debe exigir solamente al alumno sino a todo el conjunto del sistema educativo. Para los socialistas, el esfuerzo, y con ello la responsabilidad, no puede ser exigido a un individuo sino que ha de serlo "al conjunto de la sociedad". Como si cupiera hablar de responsabilidad colectiva sin contar con la responsabilidad individual.

 

En Una educación para todos y entre todos, se critica la pretensión de los populares por insistir más en la adquisición de conocimientos y contenidos "conceptuales" que en "el desarrollo de las capacidades, habilidades y actitudes". Para la izquierda, igual que en su día lo fue para Rousseau, la instrucción ha dejado de ser importante para la formación del niño y del adolescente; antes bien, lo verdaderamente importante es lo que se ha dado en llamar la educación en valores. En la LOGSE esta educación en valores, que iba desde la educación para la paz hasta la educación vial, constituían temas "transversales" que debía impregnar todas las asignaturas. Ahora, quizás al ver que por negligencia de un profesorado poco "convencido" esa transversalidad en la práctica no se ha producido, han pensado reunir toda la doctrina en una asignatura de valores democráticos.

 

Nadie puede negarse a admitir que la educación cívica, el conocimiento y el convencimiento del valor de la democracia tiene su importancia en la formación del individuo que inicia sus pasos como miembro de una sociedad democrática. Y nada habría que objetar si es que se entiende la democracia como la entendía Tocqueville en el siglo XIX: "La democracia atribuye todo valor posible al individuo; el socialismo hace de cada hombre un simple agente, un simple número. La democracia y el socialismo tienen en común una palabra: igualdad. Pero adviértase la diferencia: mientras la democracia aspira a la igualdad en la libertad, el socialismo aspira a la igualdad en la coerción y la servidumbre"

 

 

La LOGSE suprimió la Formación Profesional que se ofrecía a los escolares después de la EGB (a los 14 años) y prolongó la educación básica dos años más, hasta los 16. Este mezcla de capacidades e intereses en las mismas aulas, esta diversidad que tanto gusta a la izquierda ha ocasionado graves problemas de convivencia en los centros de secundaria. Cada día son más los profesores que en estos últimos años han venido denunciando las graves dificultades que tienen para controlar una clase de 3º o 4º de la ESO. Con la Ley de Calidad se pretendía poner remedio a esta situación. Para ello se decidió abrir itinerarios distintos en 3º y 4º de ESO, de forma que ya se fueran encauzando los alumnos hacia un bachillerato científico, humanístico o hacia la formación profesional. Además se crearon unos Programas de Iniciación Profesional (PIP) que los alumnos podrían elegir desde que tuvieran 15 años.

 

Esta idea chocaba con el principio de la "comprensividad" que había traído la LOGSE al sistema educativo y que es sagrado para los socialistas. Calificados de segregadores los itinerarios y de inadmisible la formación profesional antes de los 16 años, al Gobierno salido de las urnas el 14 de marzo de 2004 le faltó tiempo para paralizar la aplicación de la LOCE y evitar así lo que ellos consideraban no sólo una aberración pedagógica sino, además, un atentado contra la justicia social. No es, pues, de extrañar que en Una educación de calidad para todos y entre todos se proponga la eliminación definitiva de los itinerarios y se plantee la posibilidad de una iniciación profesional, pero nunca antes de los 16 años.

 

Por otra parte, los socialistas admiten que las cifras del fracaso escolar exigen tomar alguna medida. Después de haber rebajado los niveles de exigencia hasta mínimos escasísimos resulta que más de una cuarta parte de la población no logra obtener el certificado académico más básico que el Estado otorga a los ciudadanos: el de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. La solución que se propone desde el Gobierno son los llamados Programas de Diversificación Curricular. Esta medida, que ya existía en la LOGSE y que se está aplicando en muchos centros escolares, consiste en formar pequeños grupos con los alumnos de los últimos años de la ESO con riesgo de "fracasar" y adaptar para ellos los programas, esto es, suprimir las partes que les resulten difíciles y exigirles solamente aquello que el profesor, u orientador, considere que va a ser capaz de aprender.

 

Como no existen exámenes ni pruebas comunes al final de la ESO, resulta que alumnos con estas "adaptaciones curriculares" pueden legalmente acceder al Bachillerato aunque su preparación académica sea claramente insuficiente. Es verdad que estos Programas de Diversificación pueden ser efectivos para reducir las cifras de fracaso escolar pero, aparte de suponer una estafa académica, lo que no se entiende es cómo los socialistas pueden decir sin rubor que esta medida, que en realidad lo que hace es separar de la clase a los malos estudiantes, no es segregadora y que sí lo son, en cambio, los itinerararios de la LOCE.

 

 

En una educación de calidad para todos y entre todos se admite que los resultados de la puesta en funcionamiento de la LOGSE no han sido tan buenos como sus elaboradores habían pensado que serían. Como causas de estos "pequeños" fracasos de implantación se señalan, fundamentalmente, dos: la escasez de los recursos económicos empleados y la convivencia en los centros de secundaria de "profesores con culturas docentes diversas" (sic). Según se dice en el documento, "la crisis económica de los noventa" impidió dotar de los recursos necesarios a la costosísima reforma educativa socialista y, poco más tarde, "cuando los problemas económicos disminuyeron", la falta de interés de los gobiernos del PP impidió hacer la inversión que la reforma necesitaba.

 

Esa mención a la convivencia en los claustros de "profesores con culturas docentes diversas" resulta un tanto alarmante. Da la sensación de que los socialistas consideran que la LOGSE no ha tenido el éxito previsto por culpa de un sector del profesorado demasiado preocupado por instruir y que, aferrado a conceptos tradicionales de la enseñanza, es incapaz de adaptarse a los nuevos tiempos. Esa izquierda que tanto pregona la diversidad no parece dispuesta a seguir permitiendo esa "multiculturalidad docente", así que alguna medida debe estar tramando para acabar con ella. Quizás se trate de un programa especial de reeducación o, simplemente, de una jubilación anticipada de los docentes más trasnochados.

 

 

En el documento se evita hablar de la asignatura de Religión y se hace referencia a la "enseñanza confesional de las religiones", que deberá ser ofrecida por los centros, "de manera que permita atender las distintas opciones elegidas por los alumnos y asegure la coherencia de toda su oferta formativa". Esa "enseñanza confesional de las religiones" tendrá el mismo tratamiento que ya estaba establecido para la asignatura de Religión en el Real Decreto 2438/1994 de 16 de diciembre: de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos, evaluable como las demás asignaturas y solamente no computable a efectos de la nota media de bachillerato para el acceso a la Universidad y para la obtención de ayudas o becas.

 

Dado que no se puede permitir la eliminación del estudio de la asignatura de Religión en los centros públicos, pues eso provocaría la indignación de muchos padres católicos, parece que la intención del Gobierno es dar entrada a la enseñanza en la escuela de otras religiones en las mismas condiciones que la religión católica. Si esto fuera así, la contratación de imanes para atender a los alumnos de religión musulmana no se hará esperar.

 

 

El documento habla de la eficacia de la doble red de centros (públicos y privados) financiados con fondos públicos. Sin embargo, dice, "este sistema de doble red ha experimentado algunos recorridos no deseados, que afectan a objetivos tan importantes como la calidad del sistema y la propia cohesión social".

 

No hay más detalles sobre cuáles serán los planes del Gobierno en cuanto al sistema de enseñanza concertada. Resulta significativo que se hable de una doble red, la pública y la privada, considerando a la enseñanza concertada como privada e ignorando la existencia de los centros verdaderamente privados (los concertados sólo lo son en su gestión). Esta red absolutamente privada tiene, al menos en la Comunidad de Madrid, bastante importancia ya que escolariza a más del 15 % del alumnado.

 

 

Estamos ante un documento que, si bien abandona la sofisticada e incomprensible jerga en la que se redactó la LOGSE, no por ello se aparta de la filosofía pedagógica en la que se inspiró. Antes bien, pretende dejar establecido para siempre en nuestro sistema educativo ese principio de la "comprensividad" que es imprescindible para que se cumpla el deseo de la izquierda de hacer que toda la población tenga la misma preparación académica al menos hasta los 16 años.

 

Resulta extraño que mientras los laboristas británicos han reconocido ya el rotundo fracaso del modelo de escuela comprensiva (Comprehensive School) y anuncian cada día nuevas medidas para recuperar los olvidados valores pedagógicos tradicionales, aquí, la nueva generación del PSOE que llega al poder se ratifica en sus errores y sigue erre que erre empeñada en mantener una filosofía de la educación que está perjudicando a todos los escolares pero, sobre todo, a aquellos que provienen de medios sociales más desfavorecidos.

 

Refiriéndose a la pedagogía que ha dominado la segunda mitad del siglo XX escribió Jean François Revel en su obra El conocimiento inútil, "este sistema pedagógico aniquila la gran función de la escuela, su verdadera vocación democrática, que es corregir las desigualdades sociales con las desigualdades intelectuales. (…) La pretendida matriz de la justicia pare así la injusticia suprema." Las palabras de Revel escandalizarían gravemente hoy a cualquier experto en educación. Hoy en día, y ese es uno de los grandes triunfos de la izquierda, la pedagogía dominante sostiene que la labor democrática de la escuela es corregir las desigualdades intelectuales y por eso trata de deslegitimar moralmente el valor de la instrucción, del esfuerzo personal y del espíritu de competencia.