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DIGRESIONES HISTÓRICAS

La evolución de la República y del Frente Popular

En su libro sobre la batalla del Ebro, el historiador militar Miguel Alonso Baquer hace unas observaciones sorprendentes tachando de “vieja e insuficiente”, o “evasiva” la tesis de que la II República terminó el 18 de julio de 1936, y calificando de “ingenuos” a los historiadores que tal cosa sostenemos.

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Aún más sorprendente resulta su refutación. Si fuera así, arguye, “¿de qué República estamos hablando cuando decimos Ejército Popular de la República, o presidente de la República?”; más otro argumento que no me resulta inteligible, sobre la descomposición del régimen y la fuerza de los nacionales.

Como el asunto es precisamente una de las claves para entender (o lo confundir) el sentido y carácter de la guerra, vale la pena volver sobre él, aunque resulte algo fatigoso a estas alturas. Para empezar, el que un partido o un régimen se pongan tal o cual título no significa que sean lo que pretenden, pues de otro modo tendríamos que coincidir con Stalin en que la URSS era el país más auténticamente democrático y “popular” del mundo. En cuanto a España, el simple hecho de que el ejército “republicano” se apellidase “popular” ya debiera indicarle al señor Alonso Baquer por dónde iban los tiros. Ese ejército nada tenía que ver con el reorganizado por Azaña, y se llamó popular para resaltar su carácter revolucionario: ya no era un ejército burgués. En cuanto al “presidente de la república”, con sólo leer al propio presidente podrá entender en qué consistía su título.

La república llegó el 14 de abril como un régimen democrático y burgués, carácter que fue perdiendo poco a poco. En octubre de 1934, las izquierdas decidieron acabar con él y con su Constitución, aunque no lo lograron a causa de la resistencia de las derechas. En febrero de 1936 ganaron unas anómalas elecciones las mismas izquierdas, ahora reunidas en el Frente Popular, que habían organizado la intentona revolucionaria anterior, concebida, no debemos cansarnos de repetirlo, como guerra civil. Desde ese momento la república y su Constitución sufrieron una erosión muy rápida, deslegitimando de manera fundamental al gobierno.

La todavía escasa cultura democrática en España lleva a muchos a creer a pies juntillas el argumento de que el gobierno del Frente Popular era legítimo, simplemente por haber salido de las urnas. La legitimidad exige algo más que eso: cumplir y hacer cumplir la ley. Pues bien, a ello se negó sistemáticamente el gobierno, mientras los partidos revolucionarios imponían su ley desde la calle. Más aún, las reiteradas peticiones de la derecha para hacerle cumplir su deber, encontraron en las Cortes la irrisión y amenazas de muerte por parte de las izquierdas. Amenazas nada retóricas, como se comprobaría pronto. Mientras tanto –Alonso Baquer puede ilustrarse al respecto en Azaña– el país se hundía en el caos y el mismo Prieto reconocía, el 1 de mayo, que la sociedad no podía soportar la situación.

Todo esto significa que la Constitución no se aplicaba, y que, por tanto, la república se estaba descomponiendo. Y que el gobierno perdía su legitimidad ante una deriva revolucionaria no combatida por él, esto es, amparada por él, pues al respecto no caben posturas intermedias. Una gran parte de la población se vio entonces desprotegida y en inminente peligro.

La Constitución y la república acabaron de derrumbarse cuando el sector amenazado por el proceso revolucionario se rebeló a su vez, el 17 de julio. En aquel momento, al gobierno se le ofrecía la posibilidad de defender la ley, como había hecho la derecha en 1934. Pero en lugar de ello, y tras una breve y patética resistencia, cedió definitivamente a la revolución, armando a las masas. ¿Por qué cedió? Porque no tenía más remedio, ante un movimiento que le venía desbordando desde hacía tiempo.

El 19 de julio, por tanto, se produjo una revolución radical en España, y se acabó definitivamente la ley y la república del 14 de abril. Para comprobarlo basta repasar los testimonios, empezando una vez más por el de Azaña. Otra cosa es que los principales partidos comprendieran lo mucho que ganarían manteniendo la bandera, el nombre y otras formas del régimen anterior, tanto para aprovechar su legitimidad y obtener ayuda en el resto del mundo, como para evitar una intervención contrarrevolucionaria de las democracias. Pero el historiador debe saber distinguir entre las formas y los contenidos, como indicaba al referirme a la democracia stalinista.

El hecho revolucionario del 19 de julio nadie lo niega pero gran número de historiadores se empeña en afirmar que, de todas formas, al cabo de un mes y medio el poder democrático y constitucional se recompuso. Para ver lo que vale ese aserto, no por repetido menos disparatado, sólo hay que atender a la composición del gobierno “recomponedor”. Lo presidía Largo Caballero, el principal jefe de la revolución, enemigo de la república burguesa y dirigente de la guerra civil en octubre del 34, de la que en ningún momento se arrepintió. Le secundaban otros socialistas, partido entonces marxista y muy cercano al PCE, el cual también contaba con presencia en el gobierno aunque prefería disimular su verdadera fuerza, cada vez más extendida por las organizaciones armadas y otras. Los republicanos eran en ese gobierno una minoría privada de poder real, y ellos mismos eran tan demócratas y constitucionales que al perder las elecciones en 1933 habían intentado dos golpes de estado. En noviembre entrarían en el gobierno los anarquistas, los más encarnizados enemigos de la república en los primeros tres años de ésta. Hace falta mucha fantasía, o falta de rigor, o deliberado deseo de engañar, para calificar a ese gobierno de representante o restaurador de la II República.

¿Era una tercera república? Llamarla así es preferible a sostener la falsedad de que se mantenía la segunda, pero en mi opinión resulta insuficiente. El nuevo régimen revolucionario se caracterizó por una inestabilidad y provisionalidad que no permite caracterizarlo de ese modo. Indudablemente corría hacia una “democracia popular”, al estilo de las establecidas por los soviéticos en muchos países europeos, pero no llegó a asentarse, a causa de la derrota.

Me parece más adecuado llamarlo, simplemente, “Frente Popular”. La evolución puede resumirse así: los comunistas idearon los frentes populares como regímenes de transición al sovietismo, según explicó sin dejar lugar a dudas el líder de la III Internacional Dimitrof. En ese sentido, la coalición ganadora de las elecciones en 1936 no era todavía un frente popular propiamente dicho, pues la influencia comunista era aún débil y se ejercía sobre él desde fuera. Luego, tras la revolución anárquica de julio de ese año, lo que se recompuso bajo Largo Caballero no fue, desde luego, la república, sino un nuevo Frente Popular que ya respondía a las características señaladas por Dimitrof, con una influencia comunista en rapidísimo aumento. Conforme avanzaba la guerra, Stalin dominó al nuevo régimen mediante el control sobre el oro, un partido agente, el PCE, que se convirtió en el más poderoso, y sus asesores y aparato policíaco. Gracias a esos potentes instrumentos pudo deshacerse de sus opositores, por fuertes que antes hubieran sido: Largo Caballero, los anarquistas y Prieto especialmente.

Si Alonso Baquer fuera consecuente debería dar la razón a las tesis izquierdistas: unos militares y oligarcas, hartos de las reformas de la república, se habrían sublevado contra la legalidad y la democracia. Pero le bastaría ver quiénes eran aquellos demócratas para darse cuenta de que algo falla radicalmente en esa versión.
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