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LIBERTADES

La irracional guerra contra las drogas

La persecución de los crímenes sin víctima es, junto con la guerra, la mayor amenaza a la libertad individual. Los delitos de opinión, la prostitución, la inmigración y la tenencia de armas están detrás de gran parte de las condenas penales. Pero si hay un delito consensuado o sin víctima que descuella es el del consumo, tráfico y producción de drogas. Cerca de dos tercios de los reclusos españoles están donde están por delitos "contra la salud pública".

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Todo el mundo, o casi, acepta que debe ser así. Las drogas son perniciosas e infligen un daño moral que puede ser irrecuperable. Un anuncio que ocupa estos días las pantallas sugiere que el daño comienza pero no acaba en el consumidor, sino que se extiende a todos aquellos con los que aquél tiene alguna relación.
 
Si el mal del consumo de drogas es tan claro, ¿por qué oponerse a su prohibición? La razón es que, por un misterio que quizá no se haya explicado plenamente, hay comportamientos que son (aunque no en todos los casos) perniciosos pero cuya prohibición resulta aún más perjudicial.
 
La guerra contra las drogas ignora esta realidad. Por otra parte, si uno se acerca a su justificación comprobará que no resiste la menor apelación a la racionalidad. Para empezar, no hay una relación directa, unívoca y general entre el consumo de una sustancia y la producción de determinados efectos. Antonio Escohotado, en su Historia de las drogas, explica que, "tras varias décadas de esfuerzos por lograr una definición técnica del estupefaciente, la autoridad sanitaria internacional declaró el problema irresoluble por extrafarmacológico", por lo que su consejo es "clasificar las drogas en lícitas o ilícitas". Esto supone ceder al Estado la decisión arbitraria (ya que no tiene soporte científico) de penalizar unas sustancias y no otras.
 
Hay defensores de la legalidad del consumo y tráfico de drogas que caen en el error, acaso por contrarrestar la propaganda contraria, de negar prácticamente todo riesgo asociado al consumo, cuando la cuestión que está en juego no es ésa. El problema es que no se puede prohibir un comportamiento por el hecho de que tenga un riesgo aparejado, especialmente cuando este último no se puede valorar de antemano. Ese conocimiento es relevante para el comportamiento individual, para sumarlo al criterio de acción, pero no puede incorporarse eficazmente a una legislación, que por su propia naturaleza no sería capaz de recoger juicios de relevancia válidos para cualquier circunstancia futura. Prohibir el consumo de drogas no tiene lógica.
 
La persecución del consumo de drogas, ya sea directamente o poniendo en la mira su producción y distribución, requiere que el Estado disponga de grandes recursos que, de otro modo, se podrían dedicar al combate de verdaderos delitos. Por otro lado, la importancia que se otorga a este comportamiento penalizado sirve para justificar todo tipo de atropellos a los derechos de las personas. Un informe de Naciones Unidas de 1988 reconocía que la lucha contra las drogas se estaba, ya entonces, "alejando de los principios generales del Derecho".
 
El problema no está definido científicamente, pertenece al ámbito de decisión del individuo. En cuanto a la lucha contra las drogas, provoca verdaderos actos delictivos por parte tanto del Estado como de los proveedores. No hay una lógica en la guerra contra las drogas, pero hay una implicación emocional muy fuerte, como en el caso de las armas. No obstante, estamos hablando de un asunto lo suficientemente grave como para dejar a un lado las emociones, especialmente si están basadas en un juicio erróneo, y abordarlo con racionalidad y sin prejuicios.
 
 
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