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LA SOCIEDAD ABIERTA Y SUS 'INDIGNADOS' ENEMIGOS

La línea roja está desteñida

Artur Mas, presidente de la Generalitat de Cataluña, prometió reprimir con mano dura a quienes crucen "la línea roja que separa nítidamente las actitudes democráticas de las que no tienen en cuenta la voluntad de la mayoría, expresada con claridad aritmética en las urnas". Lamentablemente, esa línea roja, pisoteada hasta el hartazgo por quienes tienen la obligación de proteger el marco constitucional, está tan desteñida que resulta casi invisible.

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No es extraño que el movimiento antisistema, que lleva la vocación por el caos y el nihilismo impresa en su ADN, se la salte a la torera. Como ya he recordado en otro contexto, el pescado empieza a pudrirse por la cabeza.

El actual Gobierno de España es producto, en parte, de uno de los episodios más escandalosos de desprecio por la línea roja: fue en la víspera de la elección del 14-M del 2004, cuando tras el atentado terrorista de Atocha los estrategas del PSOE, con Alfredo Pérez Rubalcaba a la cabeza, movilizaron a miles de precursores de los indignados contra los locales del PP, bastardeando el sentido del día de reflexión. Todo lo que sucedió a continuación está documentado en las hemerotecas y grabado en la memoria de los ciudadanos, incluido el permanente maltrato a aquella virtual línea roja. Quizá la mayor transgresión, y la que continúa y continuará teniendo efectos más nefastos para el orden constitucional y la convivencia cívica, sea la ininterrumpida negociación clandestina con la banda terrorista ETA, que ha desembocado en la implantación de ésta en algunas de las principales instituciones vascas. Lo que los vándalos no lograron por la fuerza bruta cuando intentaron asaltar el Parlamento de Cataluña, como si fuera el Palacio de Invierno de San Petersburgo, lo consiguieron los etarras mediante una discreta manipulación de sus bien predispuestos interlocutores políticos.

Los talibanes de la Generalitat

En lo que concierne a Cataluña, los guardianes de la línea roja son expertos veteranos en traspasarla. El 4/12/2000, Susana Quadrado escribió en La Vanguardia un artículo con un título premonitorio: "Los jóvenes de Mas". Decía en él:

Son el nuevo aparato de Convergència. Hicieron sus primeros pinitos en política a finales de los años 80, muchos de ellos siendo todavía universitarios, enarbolando la bandera de una Cataluña soberana. En una década, esta generación de jóvenes que tienen ahora entre 30 y 40 años ha escalado hasta la dirección del partido, hacia puestos clave en el Govern de Cataluña o ambas cosas a la vez. Artur Mas, de 55 años, y por tanto muy próximo generacionalmente a este núcleo de jóvenes emergentes, quiere tejer con ellos la nueva CDC (...) El pragmatismo político les ha hecho endulzar sus planteamientos soberanistas, a los que no renuncian. Porque consideran que es el momento de hacer causa común para que Mas llegue a la presidencia de la Generalitat (...) Lo demás, dicen, ya llegará. Los jóvenes de Mas iniciaron su actividad política al abrigo de una persona, Oriol Pujol Ferrusola.

Poco antes (17/2/2000), José Martí Gómez había escrito en el mismo diario: "Talibán. Dícese de los jóvenes de clase media vinculados con familias católicas y nacionalistas (...) En el gobierno de la Generalitat los talibanes ejercen como fontaneros mayores y son el poder en la sombra". Martí Gómez definió al hoy todopoderoso Felip Puig como "talibán senior". Inmediatamente después de su controvertida actuación durante el ensayo de kale borroka (Mas dixit) contra el Parlamento de Cataluña, los periodistas preguntaron a Felip Puig si continuaba siendo independentista, a lo que éste respondió:

Sí, claro. Y seguimos trabajando en ello, pero sin manías ideológicas.

La pseudoconsulta

Siempre perseverante en su afán de cruzar la línea roja que debería proteger, Artur Mas participó con su voto público en la que el constitucionalista Francesc de Carreras definió como "pseudoconsulta" de los independentistas. Escribió De Carreras (La Vanguardia, 14/4/2011): "El cuerpo electoral no es el mismo que establecen las leyes, los componentes de las mesas electorales han sido designados por los organizadores, no hay control alguno sobre su actividad y tampoco son neutrales los encargados del escrutinio de votos (...) En el caso de Barcelona el procedimiento todavía ha sido más irregular. Si los referendos suelen llevarse a cabo a lo largo de un mismo día, este ha durado cuatro meses: empezó el 12 de diciembre y ha terminado el 10 de abril". Las papeletas, proseguía De Carreras, la depositaban los transeúntes en "una especie de urna que al llegar la noche era guardada no se sabe dónde –algunos sostienen que en las dependencias de una cadena de supermercados–, ni se sabe bajo custodia de quién". El resultado de la pseudoconsulta: "Un 18 % de síes en Cataluña, también el 18 % en Barcelona".

Francesc de Carreras llega a una conclusión que vale para el arbitraje de las líneas rojas:

El verdadero perdedor del proceso no ha sido la asociación Catalunya Decideix ni el independentismo en general, sino el Govern de la Generalitat: ¡qué gran ridículo! (...) El presidente de la Generalitat, según la Constitución y el Estatut, es el representante ordinario del Estado en Cataluña: de un Estado del que desea separarse, ¡menuda contradicción!

Para más inri, Artur Mas se coloca premeditadamente, y según su propia definición, en el lado incorrecto de la línea roja cuando desarrolla una política secesionista sin "tener en cuenta la voluntad de la mayoría, expresada con claridad aritmética en las urnas". El 18 por ciento de síes no da para tirar cohetes ni para embarcar al resto de los ciudadanos en aventuras insensatas.

El colmo de la anomalía se produce cuando el Gobierno de Cataluña cruza la línea roja y el de España cierra los ojos y se desentiende de los agravios que padecen sus compatriotas residentes en dicha comunidad autónoma. Al ministro de Educación, Ángel Gabilondo, le importa un pimiento que en Cataluña no se cumpla la ley que obliga a dictar la tercera hora de enseñanza del castellano, ni se apliquen las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional sobre el derecho de los padres a reclamar el uso del castellano como lengua vehicular en la enseñanza. Alicia Sánchez Camacho, líder del PP catalán, ha presentado una instancia para que se apliquen dichas sentencias y su hijo reciba la enseñanza en las dos lenguas oficiales. Lo ha hecho "como una madre más", sumándose a las 500 instancias que presentó Convivencia Cívica Catalana. Por ahora, el Gobierno de Cataluña continúa enrocado en el lado incorrecto de la línea roja.

Regurgitadores de utopías

Los movimientos de indignados, antisistema, antiglobalización o como se los quiera llamar, tanto si son violentos como si son pacíficos, no necesitan inspirarse, por supuesto, en malos ejemplos como los arriba enumerados para arremeter contra la normalidad institucional. Llevan, repito, la vocación por el caos y el nihilismo impresa en su ADN. El 24 de junio del 2001 Barcelona se convirtió en escenario de una protesta contra una reunión del Banco Mundial que degeneró en violentos incidentes: destrucción de escaparates de tiendas de ropa y hamburgueserías, roturas de lunas de bancos y cajas de ahorro y todo tipo de desmanes contra instalaciones públicas. Entonces, la concejal eco-independentista de Derechos Civiles, Roser Veciana, acuñó el mantra que los instigadores y encubridores ideológicos de los insumisos no se cansan de repetir: la policía "buscaba directamente la confrontación" y los agentes de paisano estaban detrás de los destrozos para justificar las cargas policiales. El agitprop comunista retomó el mantra por boca de Manuel Vázquez Montalbán cuando los alborotadores volvieron a actuar en Génova (El País, 23/7/2001):

No se sabe de dónde salen los manifestantes violentos y sería muy interesante saberlo, no sea que algunos vayan disfrazados de manifestantes violentos, como en Barcelona, pero cobren del presupuesto general del Estado.

En esos disturbios, un enmascarado arrojó un extintor de incendios contra los acosados ocupantes de una furgoneta policial, que lo abatieron de un tiro. ¿El flamante mártir canonizado por los antiglobalizadores cobraba del presupuesto general del Estado?

El mantra sigue implantado en la memoria de los arcaicos regurgitadores de utopías caducas, que lo repiten automáticamente cada vez que se les presenta la ocasión. Eso es lo que ha hecho Arcadi Olivera, presidente de Justicia i Pau y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien acaba de decir: "Desde el punto de vista estrictamente personal, creo que algunos policías han sido incitados a promover la violencia contra los diputados; una parte de esta violencia puede haber sido originada por agentes policiales vestidos de paisano, porque sé que en otras ocasiones anteriores se había producido"; y el columnista de La Vanguardia Manuel Castells, erre que erre con el mantra, ha escrito (18/6/2001):

Está por aclarar la posible provocación de policías infiltrados captados en vídeo.

Un peligro social

Precisamente después de los tumultos del 2001, el exjefe de la Guardia Urbana de Barcelona, Julián Delgado, desmontó con impecable rigor profesional este entramado de falacias (ABC, 26/6/01):

Los organizadores, que conocen perfectamente que estos grupos les acompañan en sus lomos como los pájaros a los rinocerontes, podrían hacer algo para despegárselos o bien quitarse de en medio en cuanto estos energúmenos empiezan a destrozar las ciudades por donde pasan. No parece que se haga ni una ni otra cosa (...) La acción de los agentes se ajustó a la ley. Los medios que se utilizaron fueron congruentes con la situación. Infiltrar policías de paisano entre los manifestantes es recomendado por todos los manuales policiales. Quienes han acusado a la policía de organizar los incidentes por utilizar esta táctica, o están cargados de mala fe, o la ignorancia sobre estas cuestiones, unida a su osadía, los lleva a ser un peligro social si además ostentan un cargo representativo (...) La violencia desarrollada por estos grupos en todas las manifestaciones, incluida la de Barcelona, legitima sobradamente la actuación policial. Ante semejantes reacciones de representantes políticos, da la sensación de que el complejo de ser unos bisoños demócratas nos lleva a sentirnos obligados a dar lecciones al mundo de lo que durante tanto tiempo nos faltó y ahora algunos confunden.

Desde el otro extremo del espectro, Tarso F. Genro, que fue uno de los organizadores del primer Foro Social Mundial contra la globalización, celebrado entre el 25 y el 30 de enero del 2001 en Porto Alegre, ciudad brasileña de la que era alcalde, repudió con singular dureza las concesiones que Barcelona hizo a las ONG cuando cedió a sus exigencias y suspendió la reunión del Banco Mundial. Su juicio vale para lo que está sucediendo ahora (La Vanguardia, 26/7/2001):

Clarifiquemos las cosas. No podemos dejar la iniciativa política mundial en manos de las ONG (...) A las ONG no las controla nadie. Tienen intereses particulares y otras veces son meras proyecciones de egos frustrados o reflejos de intereses corporativos. No podemos permitir que nos dicten la agenda política universal si no tienen control democrático (...) Hay que empezar a decirlo: la acción política de los ciudadanos organizados en partidos tiende a buscar el bien común más que una ONG, una asociación por ejemplo, que sólo se preocupa por las ballenas (...) Por eso no me gustó nada que la ciudad de Barcelona claudicara ante los alborotadores y renunciase a ser sede de la reunión del Banco Mundial.

Genro, aunque izquierdista, había tenido que lidiar en el Foro con los desvaríos de peligrosos fanáticos como Noam Chomsky, Ignacio Ramonet y Hebe de Bonafini, cuyos detritos mentales continúan siendo el combustible que alimenta la maquinaria antisistema.

Bienvenidos sean, pues, los héroes anónimos, policías o agentes del CNI, que, como explicó Julián Delgado, se infiltran en los movimientos contestatarios, y también en las mafias de narcotraficantes, proxenetas, yihadistas y etarras, para proteger a la sociedad abierta de los ataques que planean sus enemigos.

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