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GOBERNANZA

¿Qué puede hacer un cargo público si se tiene por liberal?

No cabe duda de que un liberal en política tiene problemas, y más si se atiene a las teorías austriacas sobre la administración y las políticas públicas. Pero no se carga de tensiones a causa de sus premisas, sino porque el sistema de partidos vigente en el continente europeo, y especialmente en España, tiende a servir al estado omnipotente, a la vez que se sirve de él.

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No obstante, somos algunos los que apostamos por un modo útil a la vez que ético de concebir la política. Es decir, somos algunos los liberales que queremos ejercer de tales desde un cargo público. Que no sea fácil no implica imposibilidad. Aportaré lo que creo conveniente y lo que por experiencia sé o creo saber acerca de qué se puede hacer.

En primer lugar, un cargo público que se tenga por liberal ha de tener claro que un liberal debe apostar siempre por un modo concreto de dirimir la relación entre la administración pública y los ciudadanos. Dicho claramente y al modo de José María Aznar: tiene el deber de reducir el tamaño de la administración en cada oportunidad que se le presente. Y, añado, se le presentan diariamente. El mercado es siempre, si se le deja tiempo y no se le torpedea con intervenciones sutiles o abiertas, mejor suministrador de bienes de todo tipo que la administración pública.

En segundo lugar, ha de optar por el recorte o, si puede, por la supresión siempre que se enfrente con el problema de lidiar con una subvención.

En tercer lugar, ha de optar por la apertura o la eliminación de barreras siempre que se encuentre con el problema de lidiar con una regulación, con independencia de que el sector interesado tenga que ver con la economía, la cultura, lo social o lo asistencial. La competencia sólo es posible sin barreras de entrada, y toda regulación tiende a restringir el número de competidores. Esa apertura, esa eliminación de barreras, repercute en la acción de los grupos de presión y les impide alcanzar su objetivo: captar rentas del consumidor en perjuicio del propio consumidor o de la administración. Además, la apertura reduce las oportunidades para los corruptos.

En cuarto lugar, ha de reducir el gasto siempre que pueda. La primera víctima de esta medida ha de ser él mismo.

En quinto lugar, cuando tenga que acometer una obra de infraestructura ha de analizar qué sectores sociales se verán directamente beneficiados y quiénes saldrán perjudicados. Una infraestructura puede elevar las rentas y los precios en un sector y los precios pero no las rentas en otro. Ese análisis ha de hacerse público. Todo el mundo debe quedar retratado.

En sexto lugar, a la hora de tratar los presupuestos anuales, ha de optar siempre por una rebaja impositiva drástica, acompañada de una rebaja del gasto. Y ha de ser consistente en la defensa de que lo primero beneficia a la mayoría y lo segundo sólo perjudica a elementos privilegiados.

Todo esto parece difícil, pero solamente hay que tener la consistencia política suficiente y, a medio plazo, abrir las listas electorales, a fin de rebajar el poder de las cúpulas de los partidos.

 

© Instituto Juan de Mariana

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