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EDUCACIÓN

Una campaña de mentiras

Mientras el profesor de Colorado Ward Churchill declara en Boulder su odio inmortal a Estados Unidos ante 1.000 estudiantes entusiasmados, en Ohio cuatro valientes senadores –liderados por Larry Mumper– han presentado la Senate Bill 24, modelada según la Academic Bill of Rights, para garantizar que se restauren los estándares educativos en los campus universitarios y que prosperen puntos de vista diversos.

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Esto no evitará, por sí solo, la contratación y el ascenso de ideólogos como Ward Churchill, pero creará un clima intelectual en el que a los Churchills les resultará más difícil adoctrinar a los estudiantes y habrá más voces que les desafíen. La Asociación Americana de Profesores Universitarios (AAUP) se ha unido al Council on Arab-Islamic Relations (CAIR), un lobby de financiación saudí, para derrotar la Bill 24.
 
La campaña contra la Bill 24, al igual que la emprendida contra la Academic Bill of Rights, es tan deshonesta como carente de escrúpulos. Las mencionadas organizaciones lanzan acusaciones de que la legislación de la Academic Bill of Rights colocaría el discurso académico bajo control del Gobierno y restringiría la libertad de expresión.
 
Ward Churchill.En la práctica, la Academic Bill of Rights y la Senate 24 Bill están específicamente diseñadas para hacer justo lo contrario: alentar puntos de vista divergentes y no restringir ninguno. Apuntan a una ortodoxia académica que actualmente suprime cualquier oposición y hace de fraudes como Ward Churchill –la precisa antítesis del académico y del profesor– presidentes de departamento. ¿Quién podría oponerse a tal legislación? Los ideólogos de mentalidad similar.
 
En lo que a la libertad de expresión se refiere, tanto la AAUP como CAIR tienen las manos llamativamente sucias. La AAUP, por ejemplo, se mantuvo callada (o le interesó callarse) ante la abolición más brutal de la Primera Enmienda en 50 años, cuando, en los años 80 y 90, las administraciones universitarias instituyeron "códigos de discurso" para castigar a los estudiantes que hicieran citas políticamente incorrectas. Estos códigos impusieron penas por utilizar palabras como "tullido" en lugar de "inválido" y –más en serio– por hablar acerca del lado "equivocado" en temas como las preferencias raciales.
 
Las administraciones universitarias de todo el país aplastaban hasta hace poco la libertad de expresión de los estudiantes que protestaban por las preferencias raciales con "acciones afirmativas que suben el bizcocho de las ventas". La AAUP se ha mantenido en silencio durante todas estas violaciones de la libertad de expresión, o ha prestado su apoyo al pensamiento político y policial. Es un gremio que representa exactamente a los mismos académicos que han establecido una lista negra contra conservadores y liberales y han intentado prohibir la expresión de palabras y puntos de vista que no les gustan.
 
En cuanto a CAIR, es una organización destacada por amenazar con demandas frívolas contra periodistas que escriben acerca de su política moralmente escandalosa. Es decir, por escribir sobre su apoyo a la organización terrorista Hamas, sobre su financiación saudí, sobre su política wahabí y sobre el hecho de que tres de sus principales directivos han sido arrestados por actividades terroristas.
 
En ocasiones las demandas por difamación son defensas necesarias contra las falsedades. Pero la amenaza de libelo puede tener un efecto sorprendente cuando se utiliza promiscua y frívolamente, como hace CAIR. En estos casos su único propósito es suprimir la libertad de expresión con puede responder la parte en litigio.
 
Logo de la sección de la AAUP de la Universidad de Cincinnati. La acusación de que la Academic Bill of Rights es "una grave amenaza para la libertad académica" –acusación hecha por la AAUP– es tan orwelliana como absurda (una redundancia, en realidad). Cuando la esbocé, y antes de publicarla, empleé dios y ayuda para revisar el texto con tres académicos de extrema izquierda: Stanley Fish, Todd Gitlin y Michael Berube, así como con Eugene Volokh, profesor progresista de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y uno de los principales expertos sobre la Primera Enmienda.
 
Eliminé todo lo que tanto irritó a estos caballeros en el borrador original. Después revisé el resultado con Alan Kors, de la Fundación por los Derechos Individuales en la Educación, que también es progresista. Refiné el documento hasta que cada milímetro y título de sus cláusulas fueron satisfactorios.
 
Así que cuando la publiqué y envié a los educadores, y después a los legisladores, lo hice sabiendo que no contenía ninguna de las cosas que criticaron sus detractores posteriormente, así como que es completamente compatible con las bases de la libertad académica, dado que está desarrollada por la AAUP antes de que dicha organización fuera tomada por los ideólogos.
 
La secuencia de publicaciones es importante. La Bill of Rights fue enviada en primer lugar a las universidades, no a las legislaturas. Cuando se topó con una piedra en el mundo académico, y solamente entonces, la presenté a las segundas. Cualquiera que pensara que concede demasiado poder a las legislaturas podría haber mostrado su buena fe recomendando que las universidades, en lugar de aquéllas, la adoptaran. Pero ninguno de sus opositores lo ha hecho.
 
He refutado detalladamente las distorsiones malévolas y los argumentos falaces que la AAUP ha desplegado contra la Academic Bill of Rights, que ha repetido en posteriores documentos y alegatos con completo conocimiento de que son falsos. Así que me ahorraré la molestia de emprender el ejercicio vano de repetirlos aquí.
 
En su lugar, trataré las acusaciones de CAIR, cuya indiferencia ante la verdad es tan descarada como impresionante. Sus ataques contra la Ohio Senate Bill 24 comienzan de esta manera:
 
"La proposición de ley obliga a la junta de representantes, de escuelas tanto públicas como privadas, a adoptar políticas acerca de lo que puede y no puede enseñarse".
 
Esto es mentira. La propuesta de ley reza así:
 
"El claustro y los instructores serán libres de buscar y debatir sus propias conclusiones y opiniones a la hora de presentar sus propios puntos de vista, pero enseñarán a sus estudiantes puntos de vista académicos serios al margen de los suyos propios a través de debates en las aulas o de la diseminación de materiales escritos, y animarán la honestidad intelectual, el debate civil y el análisis crítico de las ideas con vistas al conocimiento y la verdad".
 
Es decir, los profesores pueden enseñar de acuerdo con sus creencias, pero es su responsabilidad "enseñar a los estudiantes puntos de vista académicos serios al margen de los propios". ¿Alguien tiene algún problema con esto? Al parecer, CAIR.
 
También tiene un problema a la hora de entender el significado llano de las palabras. Según su criterio, "bajo la propuesta, se desanimaría al claustro a enseñar algo 'controvertido', un término vagamente definido que podría pertenecer a cualquier tema, incluyendo la evolución, la historia o la religión". Esto es falso e inexcusable, dado que la propuesta es bastante clara en lo referente a asuntos controvertidos:
 
"El claustro y los instructores no infringirán la libertad académica y la calidad de la educación de sus estudiantes (...) introduciendo temas controvertidos en la clase o en el curso que carezcan de relación con la materia de estudio, y que no sirvan a efectos pedagógicos legítimos". Es decir, no más discursos extravagantes contra la guerra de Irak en clase de inglés. Sólo un crítico muy deshonesto puede malinterpretar este texto.
 
Pero CAIR tiene intención de hacerlo: "Si plantean temas polémicos, los profesores tendrían que presentar opiniones alternativas, sin importar los méritos de esas opiniones o sus propias opiniones acerca de ellas". En realidad, la Ohio Bill 24 estipula justo lo contrario ("... enseñarán a sus estudiantes opiniones académicas serias").
 
CAIR no está solo a la hora de luchar contra fantasmas de fabricación propia en un desesperado intento por evitar la reforma de las universidades de Ohio y la expansión de la libertad académica para sus estudiantes. Williams T. Lyons Jr. es el director del "Centro para la Gestión de Conflictos" de la Universidad de Akron. Éste es otro nombre para los 'Estudios de Paz', un campo destacado por su agenda ideológica y su adoctrinamiento en las políticas de izquierda y sin parecido alguno con el proceso académico (por ejemplo, explorar diferentes vertientes de una cuestión controvertida).
 
La idea del profesor Lyons de un texto académico imprescindible en la "gestión de conflictos" es, nada menos, el 9-11 de Noam Chomsky, que ni siquiera es un libro (aún menos un libro académico), sino un puñado de entrevistas inconexas con ese odiador de América que escribe que Estados Unidos es "peor" que la Alemania nazi.
 
El centro del profesor Lyon se vería afectado, con total certeza, si tuviera que enseñar a los estudiantes otras opiniones que no fueran las de la extrema izquierda. Él ataca la Senate Bill 24 de este modo:

"Intentar proscribir ideas que no aprobamos, incluso en nombre de la libertad de expresión, es una cura bastante peor que la enfermedad".

Lyon no explica cómo puedes estar proscribiendo ideas si lo que promueves es la libertad de expresión. Pero es que está acostumbrado a un entorno en el que no se cuestionan las chorradas.

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