No sabemos muy bien si el sábado por la tarde, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mientras seguía la manifestación contra la LOE por TMT-Popular TV -¿por qué otro medio si no?-, recordó aquella anécdota de una de las últimas conversaciones que Karl Jaspers mantuvo con Martín Heidegger a propósito de la implicación de éste último en el régimen nazi. Cuando Jaspers interpeló a su interlocutor por la cuestión judía, Heidegger le respondió que existía una peligrosa trama internacional de los judíos. A lo que Jaspers contestó: “¿Cómo creer que un hombre tan poco preparado como Hitler podrá gobernar Alemania?”. Heidegger, entones, dijo: “La cultura no importa. Mira sus maravillosas manos”.
Lo que nos está insinuando con reiterada impertinencia el entente mediático del gobierno es que nos fijemos en las manos, en la sonrisa, en los gestos de Zapatero, y nos olvidemos de su cultura, de su formación, de su capacidad de gestionar el bien común de todos los españoles –porque supongamos que sigue siendo el presidente de todos los españoles- y de resolver con diligencia los problemas que se plantean en el día a día.
Más de un millón y medio de ciudadanos reivindicaron el pasado sábado en Madrid no sólo la retirada de un proyecto de Ley Orgánica de la Educación que atenta contra el progreso y la marcha de la historia, sino un aprecio singular por la libertad, por una libertad que está arraigada con la fuerza de los tiempos en el corazón del pueblo español.
La Iglesia ha contribuido decisivamente a educar a los españoles en el aprecio de la libertad. Más allá del individualismo característico del genio hispánico, llevamos casi treinta años de democracia, en el marco de un Estado social y democrático de Derecho. El aprecio por la libertad ha configurado la acción del bien común de los españoles. El pueblo español sabe lo que son las amenazas contra la libertad y conoce, en lo profundo de su concepción de la vida, que las convicciones que marcan su forma de afrontar las incertidumbres de la vida son garantía de la pervivencia en el futuro. De lo que no se puede acusar a la Iglesia es de no haber estado con los españoles en la historia, de no ser compañía de vida y de verdad.
Si en algo está implicada la Iglesia, y lo católico como forma de existencia, es en la educación. El empeño de la Iglesia en la educación es el empeño en la libertad. Los riesgos de un arbitrario y caduco estatalismo, que pretende legitimar el poder por el poder como voluntad de dominio, y de un laicismo agresivo, cristalizan en un proyecto de ley de educación que no tiene parangón en sociedades desarrolladas.
Educar es abrir el camino de la vida a la verdad y a la libertad. Al gobierno socialista, a la señora vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, y al portavoz Alfredo Pérez Rubalcaba, parece que no les agrada esta relación entre verdad y libertad. No idearon otra cosa, para reducir el efecto tsunami de la manifestación, que proyectar y proyectarse en las acusaciones que han lanzado, en días pasados, contra los obispos, calificándoles, entre otras lindezas, de “mentirosos”.
Si existe algún experto en la mentira como arma política es el responsable de las estrategias de comunicación de los socialistas. Descalificar impunemente al adversario con tamañas acusaciones es un síntoma de debilidad, en este caso congénita. No hay más mentira que una media verdad al lado de un insulto del calibre de los habituales de José Blanco, de Rubalcaba o de la señora de la Vega, contra la Iglesia. Si ya la acusación del ministro de Industria, José Montilla, a los obispos Rouco y Cañizares de estar amparando el insulto en la COPE, es más propia del mandatario venezolano Chávez que de un ministro del gobierno de España, qué decir de las continuas filtraciones periodísticas interesadas y manipuladas por parte de la Moncloa sobre los contenidos de las reuniones con la Conferencia Episcopal sobre educación o del encuentro con el cardenal Angelo Sodano. Los obispos nunca firmaron un preacuerdo, un acuerdo o nada similar. Conversaron con un gobierno que les entregó un texto cerrado y vieron cómo había tres puntos, de los trece que dicen los socialistas, que eran innegociables: el derecho de los padres a la educación de sus hijos en libertad, la retirada de la asignatura de Educación para la ciudadanía y el necesario estatuto académico de la clase de religión. Con los derechos fundamentales de la persona no se negocia.
Los regímenes comunistas estaban construidos sobre una mentira antropológica; el gobierno socialista español está asentado sobre una mentira social. Una mentira social que pretende legitimarse con la mentira filosófica: el relativismo moral y el laicismo social. Las dos son mentiras; las dos forman parte de un manera de entender la acción política en la que el bien común de la élite partitocrática se legitima en la sistemática permanencia del poder.
El gobierno socialista ha elevado la mentira a categoría central de su acción política. Ya no se trata de que el fin justifique los medios; estamos hablando de una esfera de ausencia de verdad en sus declaraciones y en su política que bien puede conducirle a la autodestrucción. Aunque piensa en aquello de que “miente y difama, que algo queda”.