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José García Domínguez

El derecho a decidir no existe

En una democracia constitucional nada es sagrado (ni tan siquiera la unidad política y administrativa de Cataluña). Nada, salvo el respeto a la Ley.

José García Domínguez
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En una democracia constitucional nada es sagrado (ni tan siquiera la unidad política y administrativa de Cataluña). Nada, salvo el respeto a la Ley.

"Eso del derecho a decidir es una chorrada que nos inventamos para no mentar la autodeterminación, que es de lo que se trata. Y punto pelota". La confesión se le escapó ayer a Agustí Colomines, presidente de la fundación de Convergencia Democrática de Cataluña cuando el saqueo del Palau de la Música e ideólogo de cabecera de Artur Mas. Ocurrió en una de tantas televisiones nacionalistas, la que sufraga el Ayuntamiento de Barcelona. Se sienten tan en la intimidad, tan en casa, tan entre colegas, en esos ejercicios onanistas, los debates amañados donde todo el mundo es independentista y nadie disiente jamás, que hasta dicen la verdad. Porque tiene más razón que un santo el intelectual orgánico de CDC. El derecho a decidir, simplemente, no existe.

Las únicas constituciones que incluían tal precepto en su redactado fueron las de la Unión Soviética y la de la República Federativa de Yugoslavia, dos Estados difuntos. Y, según dicen, en la Constitución de Etiopía –suponiendo que haya tal cosa– figura algo por el estilo. En ningún otro lugar del mundo se contempla semejante prerrogativa legal. En ninguno. Al respecto, la maquinaria de desinformación puesta en marcha por los poderes públicos de Cataluña insiste una y otra vez en señalar la pretendida excepción de Canadá, su célebre Ley de Claridad. Engañando a la población, huelga decir. Porque tampoco en Canadá existe derecho alguno a violar la soberanía nacional contemplada en su Carta Magna.

Lo que en su día hizo el Tribunal Supremo no fue más que ratificar que la potestad última sobre la integridad territorial de la federación corresponde a la nación canadiense. Única y exclusivamente a la nación canadiense. En inexorable consecuencia, tendrían que ser todos los ciudadanos de Canadá, no únicamente los habitantes de Québec, quienes autorizasen una eventual fractura del Estado. Eso sentencia la Ley de Claridad. Y quien predique lo contrario, miente. Así de simple. En una democracia constitucional nada es sagrado (ni tan siquiera la unidad política y administrativa de Cataluña). Nada, salvo el respeto a la Ley. Y la Ley ofrece una vía al Parlamento autonómico para que Artur Mas pueda consumar su deseo: la legitimación que le asiste a fin de proponer una reforma constitucional a las Cortes Generales. Derecho muy real y efectivo que, sin embargo, el Gobierno de la Generalitat se empecina en no ejercer. Lo otro, ya lo ha dicho el condotiero Colomines, son chorradas.

Nota bene. La figura del referéndum consultivo que contempla el artículo 92 de la Constitución española establece de forma indubitada que, en todos los supuestos, los consultados habrían de ser el conjunto de los españoles, los titulares únicos de la soberanía, no tal o cual grupo particular de ciudadanos del país.

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