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José T. Raga

Temporalidad versus eternidad

La demagogia entusiasma, sí, pero no alimenta.

Si no fuera por caridad, sí al menos por simple discreción, además de por autoestima en el ejercicio de la función pública, sería muy aconsejable que cualquier ocurrencia sobrevenida se silenciara por respeto a quienes lo merecen: los ciudadanos.

¿Dónde viven, en qué mundo desarrollan su actividad, si es que desarrollan alguna, los que se convierten en voceros del Gobierno, o incluso en motivadores sin fundamento de cuanto se proclama?

Ha sido, en este caso, la señora Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, la que en un mundo, el nuestro, fugaz por naturaleza, en el que nadie puede asegurar que lo de hoy seguirá siendo mañana –tampoco la propia vida–, se ha visto sorprendida por que los interinos en el sector público adolezcan de temporalidad.

¡Si todo es temporal! Ella misma, en el ámbito de su propio ministerio, ha retorcido el lenguaje y el propio concepto al ampliar su condición de parados a aquellos incluidos en un expediente de regulación temporal de Empleo (ERTE).

Arrepentida por el reconocimiento de la temporalidad, ha seguido ampliando el término temporal; porque reconocer la temporalidad disminuye, con falsedad manifiesta, las cifras oficiales de paro en España.

Ya hace más de medio siglo que ni siquiera en Japón –país paradigmático– los hijos suceden en las empresas a los padres. Hasta en Japón todo es ya temporal, señora ministra y vicepresidenta.

Recientemente, y para ello requiere la connivencia de otros miembros del gobierno, se le ha ocurrido matar dos pájaros de un tiro. Ya lo saben, porque la publicidad ha sido urbi et orbi: se pretende convertir en funcionarios del cuerpo correspondiente a los empleados interinos del sector público, sin oposición alguna que acredite capacitación profesional libre y competitivamente determinada.

Con lo que les gusta eso de la memoria histórica, cómo la desprecian según cuándo. Han acabado con las oposiciones a cátedras de Universidad –aquella oposición de seis ejercicios públicos ante un tribunal de cinco miembros, durante algún tiempo siete sacados a sorteo–. Esas oposiciones, practicadas durante todo el franquismo y el postfranquismo, habían sido también las vigentes durante toda la Segunda República. ¿Eso no es memoria histórica?

Señora ministra, entérese: para que las renta bajas accedan a los altos puestos técnicos de la Administración se precisan oposiciones muy difíciles; inteligencia y esfuerzo no guardan relación con la renta familiar del opositor.

Pido más: deberían exigirse suficientes conocimientos previos a los candidatos a diputado o senador, y, más rigurosos aún, a los aspirantes a ministro. Todos ahorraríamos disgustos y dinero.

La demagogia entusiasma, sí, pero no alimenta.

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