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Manuel Llamas

Los barrenderos chantajean a Madrid

Su único objetivo es mantener intactos sus privilegios laborales, cuyo coste sufraga el contribuyente de forma obligatoria.

Manuel Llamas
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Su único objetivo es mantener intactos sus privilegios laborales, cuyo coste sufraga el contribuyente de forma obligatoria.

Las calles de Madrid se han llenado de basura y suciedad como consecuencia de la huelga indefinida del personal de limpieza viaria y jardinería iniciada el pasado día 5. Los barrenderos protestan porque tres de las cuatro empresas adjudicatarias de este servicio público (OHL, FCC y Sacyr-Valoriza) plantean despidos y rebajas salariales. Las compañías, por su parte, alegan que la reducción del presupuesto municipal les obliga a ahorrar costes, mientras que el Ayuntamiento prefiere ponerse de perfil, aduciendo que se trata de un conflicto laboral ajeno a su competencia. Por el momento, la actuación del Consistorio se ha limitado a amenazar con multas a las concesionarias por incumplimiento de contrato y a denunciar la "huelga salvaje" organizada por los sindicatos. En resumen, la típica pugna en que las partes implicadas se culpan unas a otras sin reparar un ápice en que el gran perjudicado es el contribuyente, obligado a sufragar un servicio que lleva suspendido diez días, sin que ello implique devolución alguna de impuestos.

Sin embargo, lo más sorprendente es el inusitado apoyo que están recabando los huelguistas a pesar de los graves perjuicios que están causando tanto a los madrileños como a la propia imagen de la ciudad. El razonamiento en favor de los barrenderos es sencillo: su protesta está justificada porque defienden sus "derechos" (sueldo) y sus puestos de trabajo. La culpa, por tanto, es de las empresas, por tratar de imponer condiciones draconianas a sus trabajadores, y también de Ana Botella, por recortar un servicio "esencial".

De este modo, muy pocos reparan en el problema de fondo, a saber, un presupuesto municipal inflado y una ingente deuda pública, cuyo tamaño se disparó durante los años de bonanza al calor de unos ingresos fiscales ficticios que, finalmente, desaparecieron tras el estallido de la burbuja. El presupuesto del Ayuntamiento de Madrid se duplicó durante ese período, pasó de 2.330 millones de euros en el año 2000 a casi 5.260 millones en 2008. Lo mismo pasó con el gasto público destinado a limpieza viaria, que se elevó de 127 a más de 240 millones. La crisis, por suerte, ha obligado a corregir parte de los desvaríos causados por el crédito fácil. Son los famosos ajustes que sufren las familias, las empresas y ahora también las Administraciones Públicas. Aunque tarde y mal en la mayoría de los casos, el desplome de la recaudación ha obligado a adoptar ciertas medidas de austeridad en el sector público para evitar la insolvencia, y el Consistorio madrileño, el más endeudado de España, tampoco se ha librado. Su gasto rondará los 4.450 millones de euros en 2014, un 15% menos que en 2008, con una dotación prevista para limpieza de poco más de 202 millones, un recorte del 16%. ¿Necesario? Sin duda, porque la alternativa sería subir mucho más los impuestos a un sector privado que ya está depauperado por la crisis y por los históricos sablazos fiscales. De hecho, la partida destinada a limpieza sigue siendo muy superior a la de hace una década, cuando la ciudad no sufría insuficiencia alguna en la prestación de este servicio.

La respuesta de las empresas es, por tanto, lógica. Pretenden prescindir de 625 trabajadores, a través de un ERE, de una plantilla total próxima a los 6.000 (10%), y establecer un nuevo convenio con una reducción salarial máxima del 20%, en línea con la menor dotación presupuestaria. En concreto, proponen aplicar el nivel de sueldos vigente en 2007 más las correspondientes extras por antigüedad. Y es que el sueldo de estos trabajadores ha aumentado una media del 20,3% durante la crisis, a diferencia de lo acontecido en el sector privado, donde los salarios han descendido más de un 10%, sin contar los más de 3,5 millones de empleos destruidos, lo cual evidencia la privilegiada situación laboral de aquellos; a costa, eso sí, del dinero del contribuyente.

El convenio colectivo vigente hasta 2012 estipulaba un rango salarial de entre 19.000 y casi 33.000 euros brutos al año, así como una jornada de 35 horas semanales, incluyendo 2,5 horas de descanso. Considerando que la plantilla tiene una antigüedad media de 15 años, esto significa el cobro de unos 1.300 euros netos por trabajar 6,5 horas al día, más de lo que ganan muchos licenciados y personal cualificado en el sector privado. Ahora las empresas proponen un sueldo medio de poco más de 1.000 euros por trabajar 7,5 horas.

¿Mucho o poco? Imposible saberlo con exactitud, ya que, al tratarse de un servicio que depende del presupuesto municipal, no se rige por la ley de la oferta y la demanda y, por tanto, se desconoce su valor de mercado -lo que los madrileños estarían dispuestos a pagar por mantener limpias sus calles-. Pero valgan como indicadores dos detalles: 1) los barrenderos de Madrid disfrutan de uno de los mejores convenios de su sector en toda Europa, según las concesionarias; 2) las carencias financieras de un ayuntamiento ahogado en deudas. Todas las Administraciones Públicas deberían ajustar sus gastos a su nivel real de ingresos, apostando incluso por reducir de forma drástica los impuestos para facilitar el ahorro y el crecimiento económico.

¿Conclusión? El Ayuntamiento de Madrid hace bien en reducir el gasto, incluido el destinado a limpieza, porque favorece al sufrido contribuyente; y las empresas hacen lo propio planteando un ahorro de costes que es esencial para no incurrir en pérdidas, protegiendo así a sus accionistas. Los sindicatos de barrenderos, por el contrario, tan sólo miran por su propio interés, lo cual no sería condenable siempre y cuando su huelga no perjudicara a terceros. Su único objetivo es mantener intactos sus privilegios laborales, cuyo coste sufraga el contribuyente de forma obligatoria, tomando como rehén la propia ciudad, intentando convertirla en un estercolero. De hecho, boicotean los servicios mínimos para agravar la situación en provecho propio, al tiempo que se queman contenedores y coches.

Se trata, simple y llanamente, de un chantaje sindical en toda regla.

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