El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha desvelado hace unos días cuáles son las contrapartidas del apoyo que el PNV le presta al doctor Sánchez para que pueda sostenerse en el poder. Esas contrapartidas son, sin duda, el precio de la traición que tal apoyo supuso a los compromisos que ese partido adquirió con Mariano Rajoy en el momento de aprobar los presupuestos del año pasado y, aparentemente, despejar el camino de la legislatura. No fue así porque, aprovechando el descrédito del PP y del propio Rajoy con ocasión de la sentencia del caso Gürtel, se cruzó por en medio la moción de censura en cuyo éxito fue crucial el deslizamiento del PNV para conceder la presidencia al PSOE. Se vio entonces que los vascos no son gente de fiar y que la palabra de un político vasco vale incluso menos que la de cualquier otro político, mesetario o periférico, porque los incentivos para su deslealtad son enormes.
En la exposición de Erkoreka puede encontrar el lector la expresión de esos incentivos. Se trata de un catálogo de 33 "competencias" que reclama el Gobierno vasco —parte de las cuales ya ejerce por su cuenta— para que se las transfiera, con su correspondiente presupuesto, el Estado en el plazo de un año. Los jeltzales y la Administración de Sánchez ya han acordado el calendario, de manera que en el curso de los próximos meses veremos desgranarse las decisiones gubernamentales para desprenderse de sus responsabilidades en favor de la Administración vitoriana.
En el catálogo hay de todo. Una buena parte de sus enunciados son mera retórica destinada a rascar un trozo del presupuesto estatal a fin de reducir aún más el cupo que ya se recortó, tirando de contabilidad creativa, tras la negociación de los vascos con Montoro. Otras tratan de completar el mapa de los servicios públicos que gestiona el Gobierno vasco, como los ferroviarios, la meteorología o el salvamento marítimo. Un tercer grupo promete introducir nuevas fisuras en la unidad del mercado español, como los seguros, el crédito y banca, el reconocimiento de títulos universitarios, los puertos y aeropuertos, la matriculación de vehículos, el transporte por carretera, las ayudas a la pesca o el mercado de valores. Hay también elementos que son una mera expresión del ejercicio del poder —y del reparto de puestos de relumbrón, naturalmente— como la participación en los consejos de las empresas públicas estatales y, en un ámbito completamente distinto, el régimen electoral municipal. Y queda, finalmente, la guinda del pastel: las prisiones.
Las prisiones son, en efecto, lo que más interesa políticamente al Gobierno vasco y, por eso, según ha señalado Erkoreka, le queda un "sabor agridulce" debido al hecho de que se han ubicado en el final del calendario. Ese interés tiene un solo nombre: ETA. Pues de lo que se trata es de dar el carpetazo final al incómodo problema de los presos terroristas cuando desde el fascio abertzale le recuerdan todos los días a Urkullu el sufrimiento de esos patriotas. Por eso, el Gobierno vasco ha diseñado ya una nueva política penitenciaria en la que se incluyen propuestas sobre el cumplimiento de las penas por los etarras —para que duren lo menos posible, naturalmente— y también un programa de reinserción social —porque a los héroes hay que darles ayudas, pues no son como los demás reclusos que salen de la prisión—.
No es raro, por ello, que entre las víctimas del terrorismo hayan saltado todas las alarmas, de manera que, como ha destacado Covite, cunde el temor a que se "ceda el derecho a la legítima justicia de las víctimas del terrorismo a los nacionalistas cuyo único objetivo es lograr la impunidad de los terroristas". En eso estamos. El nacionalismo y el socialismo se entrelazan una vez más en trasiegos de poder que dan lugar al olvido de quienes cayeron por la libertad. Y ahí se quedan sus deudos como unos apestados incómodos. Ya lo dijo hace mucho tiempo Albert Camus: "las víctimas se fastidian".