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El privilegio navarro y la desfachatez de Yolanda Barcina

El privilegio navarro es algo así como el 'pufo vasco', solo que en versión españolista.

Mikel Buesa
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El privilegio navarro es algo así como el pufo vasco, solo que en versión españolista. Nos lo acaba de decir Yolanda Barcina, la presidenta de Navarra, la semana pasada en un memorable artículo publicado por El Mundo. Memorable no por la finura de su estilo o la profundidad de su contenido, sino más bien por la desfachatez con la que se expresa esta política foralista, mezclando conceptos que no tienen nada que ver entre sí y cometiendo errores de bulto con la finalidad de tratar de convencernos de que "el Convenio Económico –o sea, la norma por la que se regulan las competencias fiscales del Gobierno de Navarra– plasma [la] solidaridad de Navarra con el resto de España". Más aún, la señora Barcina pretende que ese convenio,

además de ser un derecho histórico irrenunciable, es un sistema beneficioso no sólo para la Comunidad Foral, sino también para el conjunto de España.

Digo que el privilegio navarro es la versión españolista del pufo vasco por tres motivos. Uno, porque el sistema del Convenio Económico es, en lo esencial, el mismo que el del Concierto Económico de los vascos; y su cierre –es decir, la contrapartida a la capacidad de navarros y vascos para recaudar los impuestos convenidos o concertados– es idéntico, aunque en un caso se llame Aportación y en el otro Cupo. Dos, porque, coherentemente con lo anterior, durante la etapa democrática reciente los navarros han ido negociando lo suyo al rebufo de lo de los vascos, exigiendo en todo momento lo mismo que habían conseguido los representantes nacionalistas de estos últimos. Y tres, porque así lo sostienen los foralistas y así lo expresa su actual presidenta en el artículo de marras: los navarros, "frente a los continuos alardes y provocaciones de los nacionalistas –se refiere a los herederos vascos del aranismo– (…) optaron tradicionalmente por defender sus derechos y ser solidarios con el resto de la nación, y fueron articulando esta estrecha relación a través del pacto o convenio en las distintas épocas y regímenes que ha atravesado el viejo Reyno de Navarra en España". Olvida, por cierto, doña Barcina que el Reino de Navarra desapareció el mismo día y a través de la misma norma jurídica que reguló la primera "contribución de Navarra a los gastos de la Hacienda Real", pues en efecto fue la Ley del 16 de agosto de 1841 la que convirtió ese reino en provincia de España.

Y olvida también la inquilina del Palacio de Navarra que esta provincia, hoy comunidad autónoma, ve reconocidos sus derechos históricos no en virtud de un pacto con el Estado, sino de una Constitución que los integra dentro de los principios generales que ésta regula, entre ellos el de que ninguna particularidad de un estatuto de autonomía –en este caso la Ley del Amejoramiento del Régimen Foral– "podrá implicar privilegios económicos o sociales", y el que reserva al Estado "la potestad originaria para establecer los tributos". Así pues, entérese doña Yolanda, no es cierto, como dice en su artículo, que el Convenio "nos permite (…) recaudar nuestros propios impuestos", pues los impuestos que recauda la Administración Foral no son otros que los que el Estado le ha transferido.

Aclaremos a los lectores qué es eso del Convenio Económico de Navarra. Se trata de una ley aprobada en Cortes por la que el Estado transfiere a la región la capacidad recaudatoria de los impuestos convenidos –que no son todos los existentes–, así como una limitada capacidad normativa sobre ellos, bajo dos restricciones generales: una, que la denominación, estructura y características de los impuestos convenidos sean las mismas que las reguladas por el Estado; y dos, que la presión fiscal en Navarra sea la misma que en el resto de España. A cambio de esa capacidad de gestión fiscal, el Gobierno de Navarra debe pagar al Estado una Aportación anual con la que cubrir el coste de las competencias que éste ejerce y que no han sido transferidas a la Comunidad Foral –por ejemplo, las de relaciones exteriores, defensa, supervisión monetaria, vigilancia de fronteras, orden público, etcétera–. Y aclaremos también que es en este cierre del sistema foral donde radica la trampa del Convenio, pues la Aportación –que se aprueba por ley estatal cada cinco años– está calculada de manera engañosa, de modo que su cuantía infravalora sistemáticamente lo que realmente Navarra debería pagar al Estado.

La presidenta Barcina dice en su artículo que su región "aporta al resto de España la parte que [le] corresponde de los gastos generales del Estado"; y menciona la cifra de 551 millones para este año. Esta cifra es, en efecto, casi la misma que aparece en la ley de 2007 que determinó la última metodología aprobada para el cálculo de la Aportación –553 millones, en concreto–. Pero, como mostré en mi libro sobre La crisis de la España fragmentada, esta cifra es, al menos, 700 millones de euros inferior a la que, de haberse utilizado los datos reales y no los inventados por los políticos acerca del déficit público, tendría constar en esa ley. Y añádase a ello el problema que se ha suscitado con las desgravaciones del IVA al grupo Volkswagen por los vehículos que, fabricados en Navarra, se exportan a otros países desde Cataluña; unas desgravaciones que suman la bonita cifra de 400 millones anuales. O sea, que si nos ponemos estrictos y no nos inventamos historias, la Aportación de Navarra tendría que ser –entérese bien, doña Barcina– del orden de 1.600 millones al año y no sólo un tercio de esta cifra. Claro que si, como ella dice, lo que ahora pagan –o sea, los 551 millones– supone "el 18% de nuestro presupuesto de ingresos fiscales", me temo que, para hacer frente de verdad a la solidaridad debida por los navarros al resto de los españoles, la señora presidenta tendría que utilizar algo más de la mitad de los recursos que recauda la Hacienda foral.

¿Qué ocurriría con la financiación autonómica de Navarra si este último supuesto tuviera lugar? Pues es muy sencillo: que Navarra se parecería a las demás comunidades autónomas y dejaría de situarse en una posición de privilegio. Las cifras son bastante claras: actualmente el Gobierno de Navarra dispone para sus gastos de 4.908 euros por habitante; y si su Aportación fuera la que debe ser, entonces sólo le quedarían 2.263 euros por habitante. O sea, en este último caso la financiación per cápita de Navarra sería casi igual a la media de las regiones de régimen común.

¿Y qué nos dice Yolanda Barcina sobre todo esto en su artículo? Pues que Navarra es solidaria con el resto de España porque, en las balanzas fiscales de las comunidades autónomas que publicó Zapatero en 2008, "el resultado siempre es que Navarra es una contribuyente neta al conjunto de España". O sea, que se sale por la tangente y, de paso, enmaraña los conceptos confundiendo el saldo fiscal con la Aportación y, de paso, con la solidaridad. Comprendo que, habiendo estudiado Farmacia, la señora Barcina no sea ducha en los asuntos referidos a las balanzas fiscales, pero ello no le autoriza a hacer la pirueta conceptual con la que pretende vender la idea de la solidaridad de Navarra.

Mire usted, doña Yolanda, aceptemos por un momento que el saldo fiscal es la expresión genuina de este último concepto. En tal caso, lo que nos dice la balanza fiscal es que, en Navarra, con un saldo de 364,5 millones de euros en el caso más favorable para sus intereses –los datos son de 2005–, cada habitante de Navarra habría contribuido con el 2,4 por ciento de su renta. Pero es que el mismo ejercicio contable señala que cada catalán lo habría hecho con el 6,7 por ciento de la suya y cada madrileño con el 9 por ciento de la que le corresponde. Como el PIB per cápita de Navarra es algo mayor que el de Cataluña y algo menor que el de Madrid, podríamos pensar que si los navarros hubiesen sido tan solidarios como los catalanes y madrileños, entonces su contribución debería haberse situado entre las de ambos. Pongamos, en términos proporcionales, el 8,1 por ciento. Entonces, el saldo fiscal de Navarra habría sido de 1.230,5 millones; o sea, más de tres veces más del que realmente se contabilizó.

¿Se da usted cuenta, doña Yolanda, de que esta es casi la misma proporción que la que, como he destacado unos párrafos más atrás, guardan la Aportación que aparece en el cheque que usted le firma al Estado todos los años y la que, si todo en este asunto no fuera un engaño, debería haber pagado realmente? Pues vaya tomando nota, porque con esa apelación que hace usted a las balanzas fiscales no va a lograr engañar a nadie. Así que déjese de artificios contables y afronte la única verdad que hay en el régimen foral, y que no es otra que el hecho de que su configuración implica un privilegio heredado del Antiguo Régimen que los españoles cada vez estamos menos dispuestos a aceptar.

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