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Revisionismo en torno al final de ETA

La historia del final de ETA aún no ha sido escrita; entre otras cosas, porque ese final aún no ha llegado, pues ETA ni siquiera se ha disuelto.

Mikel Buesa
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A medida que pasan los años y avanza el olvido, en los medios nacionalistas y de la izquierda se ha ido imponiendo la tesis de que el final de ETA tuvo como principales actores al último ministro del Interior socialista y a los dirigentes de la izquierda abertzale. Según esa tesis simplificadora, tras el esfuerzo desplegado por el gobierno de Zapatero para negociar con ETA un final pactado de su actividad violenta dentro de las coordenadas teorizadas por el Pacto de Ajuria Enea, en virtud de la ruptura que supuso el ataque al aeropuerto de Barajas, Alfredo Pérez Rubalcaba, mientras imponía la mano dura en la represión de los comandos armados de la organización terrorista, ofrecía al partido de ETA su rehabilitación política a cambio del final de los atentados. De esta manera, tanto el partido socialista como el de la propia ETA serían los artífices de la pacificación en el País Vasco. El primero podía así presentarse como el único actor del lado democrático en afrontar con eficacia el terrorismo y el segundo adquiría el marchamo necesario para actuar en la política vasca y española.

Más allá de unos hechos que pudieron haberse configurado, al menos en parte, como sostiene esa tesis –algo que todavía está por ver, pues los documentos en los que quedaron recogidos no se han hecho públicos y lo único que tenemos son algunos testimonios interesados o claramente tergiversados, como es el caso del libro que escribieron al alimón, en 2011, Jesús Eguiguren y Luis Rodríguez Aizpeolea–, lo más relevante de su formulación es que deja fuera del proceso que conduciría al final de la lucha armada etarra a todos los demás actores que contribuyeron a lograrla. Más aún, se deslegitima implícitamente la teoría del final del terrorismo que se desprendía del Pacto por las Libertades del año 2000, según la cual ETA debía ser derrotada sin paliativos.

A este respecto, conviene recordar tres elementos sobre los que los historiadores, cuando aborden este asunto, tendrán que indagar. El primero se refiere a la voluntad política de derrotar a ETA que se impone en el gobierno del presidente Aznar después del asesinato de Miguel Ángel Blanco y da lugar a la diversificación de la política antiterrorista más allá de la represión policial de los comandos armados, extendiéndose ésta hacia el aparato político y civil de la banda, por una parte, e integrando el ámbito de la lucha ideológica, el reconocimiento de las víctimas del terrorismo, la atención a las organizaciones de la sociedad civil contrarias a ETA y el independentismo nacionalista, y la acción diplomática internacional –una de cuyas patas sería el reforzamiento de la cooperación policial con Francia, y que, tras los atentados islamistas del 11 de Septiembre en Estados Unidos, entraría en la creación de instituciones jurídicas contra el terrorismo tanto en Naciones Unidas como en el ámbito de la Unión Europea–. Los méritos de ese gobierno en orden al logro del final de ETA fueron indudables y pueden ser evaluados en la propia trayectoria de esta última, en la que se comprueba que durante los últimos meses de la segunda legislatura de Aznar se vio incapaz de cometer nuevos atentados. Los acontecimientos políticos de 2004 frustraron esta situación, pues en cuanto Zapatero mostró su interés en la vía negociada, ETA reemprendió su campaña terrorista para adquirir alguna capacidad de presión sobre el gobierno.

El segundo elemento descartado por el revisionismo es el que recoge la actuación y el impacto de las organizaciones cívicas para poner en cuestión los fundamentos del independentismo y la validez del empleo de la violencia política para lograrlo. En este terreno son muchas las iniciativas que habría que recordar, empezando por las organizaciones pacifistas que, en un ambiente muy duro, levantaron la bandera de la deslegitimación moral del terrorismo y siguiendo por las que se empeñaron en una actividad intelectual que hacía frente al terrorismo en el terreno político e ideológico. Entre estas últimas destacan sin duda el Foro Ermua, Basta Ya –que, sin embargo, dio un paso atrás para favorecer la política negociadora de Zapatero, aunque posteriormente, con la ayuda del Foro Ermua, se reincorporó a las tareas de la resistencia civil contra ETA– y la Fundación para la Libertad. Todas ellas encontraron la interlocución, el amparo –y muchas veces la ayuda material– del gobierno de Aznar, aunque en ellas se integraban, junto a miembros del PP, personas independientes y rivales políticos de su partido. Pero fueron marginadas deliberadamente, cuando no denostadas, por el socialismo durante la gobernación de Zapatero; e ignoradas hasta su decadencia por el gobierno de Rajoy. Los abundantes documentos elaborados por estas organizaciones, junto a sus acciones de propaganda, sus manifestaciones públicas y su continuada y oculta labor de lobby con dirigentes y militantes destacados de los principales partidos constitucionalistas –en especial, el PP y el PSOE– fueron extraordinariamente importantes en el rearme de la sociedad civil frente al terrorismo, a lo que entonces se denominó el nacionalismo obligatorio y al intento secesionista de éste bajo el liderazgo de Juan José Ibarretxe. La legitimación de la política antiterrorista al extenderse más allá del terreno policial contra los comandos de ETA no habría sido posible sin el concurso de estas organizaciones.

Y queda el tercero de esos elementos, que no es otro que el de las asociaciones de víctimas del terrorismo, en especial Covite y la AVT, y también alguna de las fundaciones surgidas en recuerdo de víctimas destacadas de ETA. Su irrupción como actores políticos tuvo lugar durante las legislaturas en las que gobernó Zapatero, en oposición a la negociación con ETA y a la injusticia que ello suponía con respecto a las personas asesinadas y heridas por esta organización terrorista. Y fue precedida por una tarea de reflexión intelectual acerca del valor político de las víctimas, en el marco de los problemas que suscitaba el terrorismo, que se desarrolló en varios cursos de verano de la Universidad Complutense a partir de 2001, así como en un seminario que, en noviembre de 2005, promovió la Fundación Miguel Ángel Blanco en la Universidad Rey Juan Carlos. Pertrechadas con las ideas surgidas de esas instituciones universitarias y con la ayuda inicial de varias organizaciones cívicas, tanto vascas como de otras regiones españolas, las asociaciones de víctimas, movilizando a miles de ciudadanos, marcaron los límites de la tolerancia política con respecto a ETA y condicionaron la actuación del gobierno socialista.

La historia del final de ETA aún no ha sido escrita –entre otras cosas, porque ese final aún no ha llegado, pues ETA ni siquiera se ha disuelto–, pero cuando lo sea no podrá incurrir en las simplificaciones a las que quiere someterla el revisionismo que hoy está tan en boga. Esperemos que la inteligencia de los historiadores sepa recobrar el papel de todos los actores que influyeron en que esa banda terrorista se viera impelida a dejar de matar.

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