Los grupos religiosos más ultramontanos no imaginaban ni en sus mejores sueños una legislación tan restrictiva de la libertad sexual (del sucio libertinaje, vamos) como la que ha anunciado la gran Carmen Calvo. Que el Gobierno que la va a poner en marcha sea, encima, del Partido Socialista convierte esta reforma legal en una victoria colosal que solo puede explicarse con la intervención decisiva de la Divina Providencia.
Según la vicepresidenta, la ley exigirá un consentimiento expreso de la mujer para el mantenimiento de relaciones sexuales; en caso contrario, el hombre podrá ser acusado de violación. Poco importa que la intención de esta ley sea proteger a la mujer de la violencia sexual; las interpretaciones son tan subjetivas y las posibles consecuencias tan graves que, una vez puesta en marcha, la nueva norma tendrá un efecto letal para la libre coyunda que hasta hace muy poco promovían los mismos grupos izquierdistas que hoy reclaman esa nueva ley.
Carmen Calvo, gran sacerdotisa de la secta progresista, derramará sobre nuestra sociedad heteropatriarcal ese bromuro químicamente puro destilado en el alambique legislativo del Consejo de Ministros, porque a ver quién se arriesga a partir de entonces a redondear en el tálamo una noche de arrebato con una desconocida, sabiendo que al día siguiente puede acabar con cargos y a disposición judicial.
Pero como la explosión legislativa en materia de género promovida por los izquierdistas y aprobada por el PP está siendo tan apabullante y tan absurda, en el propio marasmo legal que trata de regular la vida sexual de los ciudadanos se esconde la trampa salvadora. Así pues, en casos de presunta violación por falta de consentimiento, bastará con que el hombre afirme ante la autoridad que esa noche se sentía mujer y que lo que practicó con la denunciante fue simplemente sexo lésbico. El pretexto podrá parecer absurdo, pero a ver qué juez tiene agallas para explicárselo a la asociación de guardia LGTBQIA.