Finalmente los presidentes de las diecisiete autonomías acordaron con el gobierno cumplir con los objetivos de déficit fijados para este año y el próximo. En otras palabras, los presidentes autonómicos tuvieron el gesto de aceptar ante Rajoy el cumplimiento estricto de la ley, porque el compromiso de estabilidad presentado a la UE y los presupuestos anuales son sendas leyes que afectan a todos, sin que el desconocimiento exima a los presidentes autonómicos de su cumplimiento.
En todo caso, bien está que la Conferencia de Presidentes haya acabado con buenas maneras y un acuerdo pleno sobre un asunto básico como el compromiso de déficit, porque sólo faltaba que se le rebelaran públicamente a Rajoy sus colegas periféricos, reafirmando su disposición a pasarse por el arco de sus estatutos los límites comprometidos. Esa unanimidad en las intenciones no implica necesariamente el éxito en la práctica, porque a estas alturas nadie tiene claro, y Cristóbal Montoro el que menos, que las comunidades autónomas vayan a gastar este año sólo 15.000 millones más de lo presupuestado, tal y como están obligadas por las leyes y los acuerdos internacionales sancionados por el Reino de España con la Unión Europea.
Con cinco comunidades autónomas en suspensión de pagos, sólo evitada formalmente por la inyección de liquidez anunciada por el gobierno, es sorprendente el optimismo de todas ellas y del gobierno en materia de déficit, pero como en último término todo es una cuestión de dinero, probablemente los diecisiete hayan aceptado aparecer como fieles cumplidores de la ortodoxia presupuestaria a cambio de ciertas compensaciones que, naturalmente, se discutirán de forma bilateral y discreta, que es como se solucionan estos flecos.
Un país con dieciocho presidentes es complicadito de gestionar, pero para un día que se ponen todos de acuerdo no vamos a ejercer de aguafiestas. Así pues, enhorabuena por los acuerdos alcanzados; y ahora... a cumplirlos. Si no es demasiada molestia, claro.