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Pablo Planas

El Parlamento catalán, peor que un lupanar

Y luego van diciendo que los andaluces son unos vagos.

El Parlamento catalán, peor que un lupanar - Pablo Planas
EFE

El nacionalismo catalán siempre se ha distinguido por generalizar sobre los andaluces. Pujol escribió que el andaluz era "un hombre poco hecho, un hombre que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual". Y añadía: "De entrada, constituye la muestra de menor valor social y espiritual de España". Josep Duran Lleida, que durante años representó los intereses del catalanismo en Madrid, llegó a decir que "en Andalucía se cobra un PER [subsidio agrario] para pasar la mañana en el bar del pueblo". Son dos ejemplos de una especie muy extendida entre los catalanes nacionalistas, la de que si en España no son tan industriosos como en Cataluña, en Andalucía son especialmente vagos y se pasan el día tocándose el níspero.

Las palabras de Duran datan de octubre de 2011. Hacía un año que Artur Mas presidía la Generalidad y aplicaba con mano de hierro duros recortes en sanidad, enseñanza y prestaciones sociales. Y hacía tres años desde que el Parlamento autonómico catalán había aprobado a sabiendas de todos los partidos unas condiciones laborales para los funcionarios de la cámara que incluían el cobro íntegro del sueldo entre los 60 y los 65 años no ya sin tener que trabajar, sino sin tener que ir a trabajar. Además, los funcionarios cobraban una anualidad entera como prima de jubilación y cada trienio se les subía el sueldo un cinco por ciento.

En aquellos momentos, año 2008, presidía ese Parlamento Ernest Benach, de ERC, un tipo que se había apuntado a la política con veinte años. Tuvo un mandato largo, dos legislaturas, entre diciembre de 2003 y diciembre de 2010. Es recordado principalmente por haber tuneado por dentro su coche oficial, según explicó la periodista María Jesús Cañizares. Corría octubre del referido 2008 cuando trascendió que Benach se había gastado veinte mil euros del erario en dotar a su A-8 Limusina con un escritorio de madera a medida, un reposapiés, TV de última generación, conexión para mp3 y bluetooth. El tipo adujo que hizo todos esos cambios porque debía viajar con una pierna estirada por un problema de rodilla.

La siguiente presidenta del Parlament, Núria de Gispert, del partido de Duran, mantuvo los delirantes privilegios de los funcionarios de la cámara, al igual que su sucesora, la republicana Carme Forcadell, y que el sucesor de esta, Roger Torrent, también de ERC.

La actual presidenta, Laura Borràs, del partido del prófugo Puigdemont, se jactó durante cinco minutos hace dos días de haber puesto coto a las regalías funcionariales el pasado mes de diciembre porque había acordado reducir de cinco a tres los años que los funcionarios pueden cobrar el sueldo íntegro sin ir a trabajar. De los otros dos años, durante el primero tienen una reducción de jornada de un tercio y cobran el 90% de la nómina y en el segundo solo trabajan la mitad de la jornada y cobran lo mismo. Durante ese breve lapso, Borràs echó paletadas de basura contra ERC sin reparar en que la lectura de la opinión pública es que se mantenían los privilegios de esos funcionarios.

La penúltima hora del escándalo es que los partidos que aprobaron el mes pasado mantener esas condiciones, JxCat, ERC, la muy anticapitalista y antisistema CUP y el PSC, ahora reculan y dicen que tratarán de eliminar todos los privilegios de los funcionarios. Habrá que verlo, entre otras razones porque esas condiciones están fijadas por convenio y no llega una Borràs en plan chulo y hace lo que le dé la gana. No, eso no funciona así.

Por cierto, la señora Borràs pretendía aparentar una honradez, una integridad y un celo en la gestión de los dineros públicos que contrasta sobremanera con la causa que tiene abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por prevaricación, fraude a la Administración, malversación de fondos públicos y falsedad documental. Es investigada por supuestos pagos a un amigo por la vía de trocear contratos para no tener que pasar por concurso público cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas.

Así es que dirigentes de ERC que se jactan de que el partido nunca se ha visto salpicado en un caso de corrupción (lo de los asesinatos durante la Segunda República y la Guerra Civil no es corrupción, evidentemente) facilitaron que funcionarios que cumplían sesenta años cobraran los cinco años restantes hasta la jubilación sin acudir a su puesto de trabajo. Pero eso no es lo peor que hizo, por ejemplo, Carme Forcadell.

También estuvieron en el ajo primero CiU y ahora Junts, con la señora Borràs en el papel de escandalizada, aquí se juega y tal. Ella, precisamente ella, que pensó que con recortar un poquito los privilegios ya bastaba. Y luego van diciendo que los andaluces son unos vagos, que cobran la peonadas por la cara, que no pegan un palo al agua y que solo trabajan ellos, los catalanes nacionalistas y de ocho apellidos. Gentes sin experiencia en la empresa privada, gentes que han vivido toda la vida del cuento público, gentes que se han asegurado pensiones extraordinarias, como las de los expresidentes de la Generalidad.

Es la política catalana. Esa gente que exige dinero en nombre de Mas para pagar las fianzas por haber gastado dinero público en referéndums ilegales y en viajes por el extranjero para decir que España es una dictadura. Y mientras, el represaliado dándose la vida padre en yates de lujo. O ese Puigdemont con la mujer colocada por la Diputación de Barcelona, en manos del PSC, al frente de un programa para las televisiones locales que no ve nadie y por el que se lleva más de seis mil euros al mes. Terrible represión, sí.

Tal vez los funcionarios que cobran entre cuatro mil y diez mil euros al mes por no ir a trabajar se los merezcan por haber tenido que soportar durante un mínimo de quince años de su vida laboral a semejante ganado político, que además ha convertido el Parlament en un establecimiento menos recomendable que el peor de los lupanares.

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