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Un párrafo contra la sofistería de Susana Díaz

Se gobernó para los de carné o afines y se marginó los demás. ¿Igualdad ante la ley?

Pedro de Tena
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Un ilustre excompañero socialista de Susana Díaz, la nueva deseada de la política española, ha escrito todo un diccionario de falacias. Se trata del curioso Ricardo García Damborenea, que se creía afectado por no pocas de ellas. Dice el que fuera un gigante político al lado de lo que ahora sufrimos que la falacia o sofisma –yo no confundiría ambas cosas– aparece cuando se abandona la racionalidad, se elude la cuestión en litigio, no se respalda lo que se afirma y se sufren olvidos y confusiones.

La Fiscalía Anticorrupción, acusadora en el caso ERE de dos presidentes nacionales del PSOE y de la Junta, tres exministros socialistas, seis consejeros de la Junta, muchos de ellos altos cargos del PSOE andaluz y más de veinte exaltos cargos, escribe este párrafo, algo largo pero iluminador:

Al no haberse regulado como era exigido una convocatoria de estas ayudas que garantizase su publicidad y conocimiento general por los potenciales beneficiarios de las mismas, al no publicarse como es exigida su concesión y no registrarse como es obligado en la Base de datos y subvenciones de la Junta de Andalucía se han visto privados de su derecho a acceder a estas ayudas un importante número de trabajadores afectados por el desempleo o/y situaciones de crisis empresarial. De forma comparativa destacar que, tomando como fuente la estadística publicada anualmente por la Subdirección General de Estadística de la Secretaria General Técnica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el número total de expedientes de regulación de empleo tramitados en la comunidad andaluza en el año 2001 fueron 748 afectando a un total de 7.582 trabajadores, en el año 2002 fueron 650 afectando a un total de 4.787 trabajadores, en el año 2003 fueron 511 afectando a un total de 4.957 trabajadores, en el año 2004 fueron 657 afectando a un total de 4.833 trabajadores, en el año 2005 fueron 424 afectando a un total de 5.476 trabajadores, en el año 2006 fueron 434 afectando a un total de 2.968 trabajadores, en el año 2007 fueron 428 afectando a un total de 3.247 trabajadores, en el año 2008 fueron 652 afectando a un total de 7.000 trabajadores, en el año 2009 fueron 1.379 afectando a un total de 30.821 trabajadores, en el año 2010 fueron 1.490 afectando a un total de 21.450 trabajadores y en el año 2011 fueron 2.088 afectando a un total de 27.708 trabajadores, lo que contrasta con los expedientes de ayudas tramitados por la DGT. Por otro lado y como ejemplo, el número de parados registrados –fuente: Instituto Nacional de Estadística– de 55 años y más edad en Andalucía en los cuartos trimestres de los años 2002 a 2010 respectivamente fue de 41,7- 40,1 - 32,3 - 33,2 - 31,4 - 43,2 - 57,6 - 78,2 y 87,0 (datos en miles de personas).

Teresa López Pavón lo ha sumado todo y resulta que, durante los años investigados en el caso ERE, 9.461 empresas andaluza presentaron expediente de regulación de empleo (ERE), con 120.829 trabajadores afectados. Pero sólo fueron auxiliados por la Junta 77 empresas y un bajo porcentaje de trabajadores afectados. Por cierto, no todas las empresas ayudadas estaban en crisis. Esto es, se gobernó para los de carné o afines y se marginó los demás. ¿Igualdad ante la ley?

Cuando Susana Díaz presume que Manuel Chaves y José Antonio Griñán son inocentes porque no se han beneficiado personalmente, abandona la racionalidad (todo lo que beneficiara al PSOE les beneficiaba electoral y personalmente a ellos), elude la cuestión en litigio (la autoría directa e indirecta de irregularidades penalmente punibles), no respalda nada de lo que afirma (ella lo cree así aunque los hechos sean testarudos) y sufre olvidos inquietantes (¿o no fue Chaves quien entregó 10 millones de euros a la empresa donde trabajaba su hija y quien consintió que su hijo apareciera como comisionista de la Junta?). Además, olvida lo que ella misma tuvo que ver y saber, al menos, de la trama ERE de la Sierra Norte de Sevilla cuando era la secretaria de Organización del PSOE sevillano. Su entonces líder, José Antonio Viera, para el que se pide una pena de 8 años de cárcel, recordó más que oportunamente que durante seis años fue su secretaria de Organización.

Dudo de si se trata de la falacia antidemocrática del embudo, que apela a la excepción no justificada (¿Por qué fueron ayudados los que lo fueron? Porque eran de los suyos y eso no es delito). Podría ser también la falacia del muñeco de paja, que disfraza las posiciones de la Fiscalía (nadie les acusa de haberse beneficiado personalmente) para atacarlas a su antojo. A estas alturas, que elija ella.

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