Otra vez vuelve a salir a la palestra la petición de que los presos de ETA se acerquen a las cárceles del País Vasco y Navarra, con la idea de un final dialogado de la banda terrorista. Si a esto le añadimos que electoralmente la marca Amaiur ha tenido un resultado francamente bueno en las últimas elecciones, parece indicar que el electorado vasco se encuentra cercano a sus ideas en una gran parte y que se debe intentar llegar a un acuerdo dialogado.
Pero nada más lejos de la realidad. El resultado electoral de Amaiur, siendo bueno –es decir, malo para la democracia–, no implica más que la demostración de que la sociedad vasca, después de más de 40 años de violencia, se encuentra con un deseo de paz que muchas veces es cercano al síndrome de Estocolmo, por el cual está dispuesta a pagar un precio por la paz, lo que no significa otra cosa que pagar un precio porque dejen de matar, porque dejen de extorsionar. Si bien ésta sería la solución teóricamente más fácil, presenta diferentes problemas, tanto morales como políticos.
Así, centrándonos en el plano político, dar pie a que mediante un resultado electoral una banda terrorista consiga sus objetivos o una parte de los mismos para que pueda exponer que el final del terrorismo ha sido pactado hace que su marca electoral –sea Bildu o Amaiur– pueda seguir cosechando éxitos electorales al demostrar que su presión está teniendo éxito. En cambio, la no obtención de resultado positivo alguno hace que esta presión, en donde se utiliza una marca electoral para conseguir beneficios penitenciarios para los terroristas, provocará que en próximas elecciones estos resultados electorales vayan decreciendo, si es que pueden seguir presentándose.
Y en el plano moral, quizás el más importante, es en donde la no cesión tiene mucha mayor importancia, ya que dar pie a que la política penitenciaria cambie por un resultado electoral adverso implica ceder en la respuesta penal que todo Estado debe mantener, y más cuando esa respuesta penal se produce contra una organización terrorista cuya finalidad es destruir los cimientos de una sociedad en libertad, de un Estado de Derecho. Así, el chantaje de cambiar el terrorismo por la presión en la calle no puede hacer cambiar la opinión de que la mejor política antiterrorista es seguir con la presión policial y penitenciaria, y recordar que si ahora ETA ha anunciado un alto el fuego permanente o, a día de hoy, el cese efectivo de la lucha armada, no es más que el producto de una política de dureza con el terrorismo que debe proseguir, e incluso aumentarse, haciendo que las marcas electorales de ETA no puedan volver a presentarse a las próximas elecciones ni que utilicen sus resultados electorales para hacer de portavoces de una ETA en horas bajas.