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Rehenes de los impuestos

La nueva ley obliga a quienes renuncian a su ciudadanía o a su permiso de residencia a pagar un impuesto sobre sus ganancias no realizadas de capital. Esto incluye ganancias no realizadas en acciones, dividendos, inmuebles, capital, obras de arte y demás.

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¿Cree usted que el sistema impositivo debe castigar a aquellos que tienen puntos de vista impopulares? Algo que los activistas de derechos humanos criticaban a la Unión Soviética era la confiscación de los bienes a quienes emigraban. La gente civilizada considera que la emigración es un derecho humano básico.

Lamentablemente, no hace mucho el Congreso de Estados Unidos promulgó una ley que penaliza con impuestos más altos, y en algunos casos con la confiscación de bienes, a quienes decidan irse para siempre de este país. La razón por la que nos concierne a todos es que la instrumentación de malas leyes debilita las inversiones y el Estado de derecho, lo cual reduce el empleo y el crecimiento económico.

Un pequeño número de estadounidenses que deciden renunciar a la ciudadanía y mudarse a otro país lo hacen porque están en desacuerdo con la política de los EE.UU. Otros lo hacen para evitar impuestos que consideran excesivos. Otros porque se casan con ciudadanos extranjeros, escogen vivir en el país de su cónyuge y no quieren pagar impuestos dos veces: al país donde están residenciados y también a Estados Unidos. Y algunos que habían emigrado a Estados Unidos luego regresan a su país natal y no quieren seguir pagando impuestos aquí. Eso sucede en los países con los que no hay un tratado impositivo.

Muchos de quienes emigraron durante los últimos cuatro siglos a Estados Unidos fueron despojados de parte o de toda su fortuna. Eso siempre lo consideramos injusto. Sin embargo, los descendientes de esos sufridos inmigrantes acaban de votar a favor de algo similar. Bajo la ley anterior, quienes emigraban y renunciaban a la ciudadanía debían declarar impuestos aquí durante 10 años. También tenían que pagar impuestos sobre ingresos provenientes de Estados Unidos. Esas leyes afectaban a muy pocos, incluyendo a gente de bajos o medianos ingresos y a otros que se las ingeniaban para no pagarlos. Pero en lugar de anular una mala ley, el Congreso decidió reemplazarla con otra peor.

La nueva ley obliga a quienes renuncian a su ciudadanía o a su permiso de residencia a pagar un impuesto sobre sus ganancias no realizadas de capital. Esto incluye ganancias no realizadas en acciones, dividendos, inmuebles, capital, obras de arte y demás activos. Así, la nueva ley discrimina contra quienes no quieren seguir siendo ciudadanos o residentes de Estados Unidos. Aquellos con insuficiente efectivo para pagar los impuestos sobre ganancias no realizadas y con activos difíciles de liquidar pueden enfrentarse a que les quiten sus activos o convertirse en rehenes del Impuesto sobre la Renta.

Quienes defienden a Fidel Castro y a Hugo Chávez podrán apuntar a Washington y preguntar qué diferencia hay con lo que arrebatan los bandidos mencionados. También se trata de irrespetar la propiedad y el derecho a emigrar por razones políticas. Tales leyes sólo logran que Estados Unidos haga un papel hipócrita.

Es cierto que esta ley solamente afecta a gente con dinero, pero la razón por la que les debe importar a todos los demás es porque establece un mal precedente, debilitando el principio de igualdad ante la ley. Se promulga este tipo de leyes porque la izquierda cree que así le quitará unos dólares más a los ricos y porque la derecha quiere castigar a algunos que considera poco patriotas. Ambos lados olvidan que la razón de ser del Gobierno es proteger a la gente y a sus propiedades, asegurando la libertad.
© AIPE
 
Richard w. Rahn es director general del Center for Economic Growth y académico asociado del Cato Institute.

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