Existe una intranquilizadora semejanza entre la crisis que se extendió toda una década desde mediados de los años 70 y la que nos golpea ahora. A los errores de la política económica (de nuevo, políticas keynesianas de demanda), se sumó una crisis política (la transición de una larga dictadura a una nueva democracia) y una crisis industrial profunda debida a la presión competitiva de países por entonces emergentes. El terremoto fue la subida de los precios del petróleo, pero los mecanismos de transmisión multiplicaron los daños: la crisis se aceleró, se hizo más profunda y duró más que en los países de nuestro entorno.
Una vez más, podemos pensar que esto de la crisis financiera no es más que otro terremoto que nos sacude a todos por igual. Pero el número de víctimas mortales de un seísmo no es el mismo en Japón que en Bangladesh, y tampoco tardan el mismo tiempo en volver a la normalidad en uno y otro país. De la misma forma, no serán iguales las consecuencias de la crisis en Alemania y en España, por poner un caso, como ya se está empezando a ver.
El colapso financiero internacional puede ser suficiente para provocar una crisis económica general por restricción del crédito, pero en el caso de nuestro país no es condición necesaria. Se habría producido igual, tarde o temprano. Una simple subida de tipos, en una economía con una fuerte necesidad de financiación exterior, habría bastado para provocarla y, de hecho, así ha sido. Las condiciones estaban dadas y hace ya años (al menos desde 2005) que este tema se discutía, no sin cierta alarma, en círculos académicos. La economía española corría por el filo de la navaja. Las subidas de tipos del Banco Central Europeo pincharon la burbuja (y hablamos de principios de 2007), aunque más tarde el hundimiento del sector financiero norteamericano ha tenido como consecuencia un endurecimiento adicional de las condiciones del crédito, que ha acelerado el proceso. La crisis financiera internacional sólo explica la velocidad del colapso en nuestro país.
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La Comisión Europea explica la gravedad de la crisis en la economía española por el problema específico de sobreoferta en el mercado inmobiliario. Directa o indirectamente encadenada a la construcción está buena parte de la población activa, y todo el sector financiero. Las familias, las empresas y los bancos tienen que aceptar las pérdidas. Los activos no valen lo que se pagó por ellos. Hasta que los precios de las viviendas no bajen y el mercado se vacíe el sector de la construcción no se reactivará. Así de simple. Pero el ajuste de precios puede afectar seriamente a la banca, cuyos créditos están garantizados por esos activos.
Pero lo que la Comisión no dice es que el gran problema de la economía española es de productividad, esencial para la competitividad y, entre otras cosas, para la evolución de los salarios y el empleo. Esto explica lo que será una crisis de anormal longitud en nuestro país. Sin un crecimiento sostenido de la productividad la economía sólo puede desarrollarse en actividades no abiertas a la competencia, alimentada por mano de obra que acepte bajos salarios y con tasas del inflación anormalmente altas, como así ha sido en los últimos años. El popular comentario sobre lo europeos que son muchos precios y lo comparativamente bajo de nuestros salarios encuentra una fácil respuesta en el escaso o nulo crecimiento de la productividad española.
A lo anterior se superpone una tendencia subyacente que no se detendrá por esta crisis. Las grandes economías emergentes asiáticas (China, India y otros países del entorno que, en conjunto, suman como un tercer gigante) son ya potencias industriales de primer orden y se han incorporado al grupo de países industriales con capacidad de innovación, es decir, que generan tecnología propia. La crisis apenas ha ralentizado el fuerte desarrollo de esas economías, que recuperarán el ritmo muy rápidamente. Todos los sectores industriales en nuestro país van a sufrir en el futuro debido a esa marea creciente, por no decir que saltarán por los aires. Nos enfrentamos a un cambio histórico de enormes proporciones, al que hay que adaptarse, problema mayúsculo que preocupa desde hace tiempo, y muy seriamente, a las economías industriales más potentes de Europa y a Estados Unidos. Pero claro, aquí, en España, no hemos dedicado ni cinco minutos a pensar sobre el tema. Bueno, la verdad es que ni sobre ese tema ni sobre ningún otro.
Relacionado con el desarrollo asiático acelerado está la presión creciente sobre los recursos y el incremento asociado en el coste de las materias primas, y especialmente los combustibles fósiles. La tendencia a largo plazo es a un crecimiento de los precios de esos insumos. Nuestro país, también en esto, está a verlas venir. Ni los aerogeneradores ni las medidas de ahorro nos van a salvar de las consecuencias de nuestra fortísima dependencia exterior.
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Muchos, con razón, ponen el énfasis en la reforma del mercado de trabajo. El problema aquí son los costes del despido y los costes de la Seguridad Social a cargo del empresario. Los salarios son sólo un componente de los costes laborales medios, que incluyen cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y costes por despido, y cuyo crecimiento debe compensarse con el de la productividad. En un país donde esto brilla por su ausencia, contener el aumento los costes laborales es esencial para nuestra supervivencia económica. Los costes de la Seguridad Social es el elemento más problemático de todos: los activos empleados y empresarios (en función del empleo que crean) financian las prestaciones sanitarias y sociales de toda la población. En la práctica, es un impuesto sobre el empleo. Aunque los españoles aceptasen una fuerte corrección a la baja de sus salarios, la reducida productividad, la competencia externa creciente y los costes de la Seguridad Social harían el sacrificio insuficiente. Ha habido tiempo para analizar y enfrentarse al problema, pero claro, hemos estado ocupados en otras cosas. Creo sinceramente que ni siquiera somos conscientes a día de hoy de la gravedad de la situación. La crisis lo ha complicado todo. Se impone la necesidad de una reforma inmediata, aunque sea parcial y temporal, que permita alguna forma de contrato de trabajo con muy bajo coste de despido y de Seguridad Social y bajos salarios. Pero claro, sería una reforma excepcional y no general para salir del paso y mantenernos a flote de momento. La reforma más profunda del mercado de trabajo y de la Seguridad Social quedará pendiente.
Hablando de productividad y de su relación con la creatividad y la innovación, y aunque sea predicar en el desierto, hay que decir que el sistema educativo es un desastre, de cabo a rabo, y la universidad en particular es africana. Ésta es especialmente importante para la productividad porque conecta educación e investigación básica. A fin de cuentas hablamos de miles de funcionarios a los que se paga para generar conocimiento y transmitirlo. En este país no paramos de remover el estercolero universitario con un palo, sin limpiarlo. ¿Cuántas reformas legislativas llevamos en los últimos años (leyes, decretos, reglamentos, estatutos, planes de estudio)? ¡Y para seguir igual o peor que antes! Un botón de muestra: echen un vistazo al borrador del Real Decreto que regulará la carrera del personal docente e investigador, todo un ladrillo en un momento en el que sobran. El texto de marras se entretiene en codificar meticulosamente las mil y una tareas que forman parte de las obligaciones del profesor de universidad, cuando sus dos únicas funciones específicas son investigar y enseñar (ambas están íntimamente ligadas). Todo lo demás sobra. Es más, según el proyecto de Real Decreto un profesor universitario se podrá "especializar" en tareas docentes o en tareas administrativas o de gestión a cargo del contribuyente. Lo único que sólo el profesor universitario puede hacer se degrada como un punto más en una larga lista. ¿Se imaginan a un profesor de física atómica o de neurología "especializado" en tareas administrativas? Lo dramático es que estos "gestores" acabarán condicionando la carrera académica de los investigadores, que son los únicos que producen. ¡El mundo al revés! En España hay excelentes universidades, pero porque aplican criterios radicalmente distintos para organizarse. ¿Es que nadie quiere darse cuenta?
Pero los espantos no acaban ahí. Durante los últimos años se han gastado cantidades ingentes en infraestructuras que mejoran nuestro confort, sin preocupación alguna por el impacto de esas inversiones en la productividad y la competitividad de la economía. Estamos empeñados en construir más kilómetros de vía de AVE que nadie en Europa, cuando puede haber inversiones comparativamente mucho más rentables, como el transporte de mercancías por ferrocarril. Pasó el momento en que pudimos abordar (con ayuda económica de la Unión Europea) grandes obras de infraestructura para el trasvase de agua, resolviendo así de forma definitiva un viejo problema, pero lo echamos todo a perder. No hay ayuntamiento que no haya construido un teatro, una sala de exposiciones, un polideportivo con sus bedeles, servicios de limpieza, seguridad, mantenimiento (y muchos de ellos vacíos, o rellenos con actividades subvencionadas a cargo de los correspondientes responsables políticos, con sus asesores, familiares, mordidas). Junto a esto, servicios esenciales como la justicia, la sanidad, la educación o la seguridad ciudadana dejan mucho que desear por "falta de medios": juzgados que amontonan expedientes en los pasillos, y hospitales que amontonan camas. Nadie ha medido lo que hacía, la necesidad social del gasto o su impacto productivo, por no hablar de la simple y llana corrupción generalizada. Y estos son sólo algunos ejemplos.
Nos hemos afanado también en arruinar uno de los sectores en los que, por localización, tenemos claras ventajas competitivas: el turismo. La locura inmobiliaria ha deteriorado irremisiblemente la calidad de nuestra oferta, generando además todo tipo de problemas de abastecimiento, infraestructuras y servicios. El crecimiento de los precios ha hecho el resto. Es otro sector que retrocede. En ningún caso podemos esperar ya de él que sostenga el crecimiento futuro.
Pero lo peor de todo es ese monstruo de administraciones públicas autonómicas, pozos sin fondo fuera de control, controladas por peligrosas mafias políticas locales, algunas alimentadas por ideologías totalitarias, pero todas sostenidas por la corrupción. Con un sector privado desarbolado, fuertemente endeudado, incrementar el gasto público y el endeudamiento del conjunto del Estado, como propone el Gobierno, tiene sentido como medida de choque inmediata sólo si se prima muy seriamente el carácter productivo de las inversiones y se es muy eficiente en la gestión de los recursos. Sin embargo, el Gobierno plantea transferir alegremente una fuerte suma a ayuntamientos y comunidades autónomas, sin más condiciones. Me contaban que un ayuntamiento de Galicia planea construir un cementerio con cargo a los fondos ofrecidos por el Gobierno y después vender los nichos. Una forma ingeniosa, sin duda, de transformar un gasto en inversión (improductiva de todos modos) en alguna forma de gasto corriente futuro. Cosas como estas, o peores, se están financiando con cargo a deuda, que ya veremos hasta cuándo se puede colocar, y a qué precio, o con cargo a futuros impuestos, que recaerán sobre unos españoles más pobres.
La política económica errada, basada en el supuesto de que estamos ante una crisis breve de demanda, agravará las consecuencias a largo plazo delshockfinanciero y del hundimiento inmobiliario. Las reformas pendientes, complejas y profundas, son prácticamente imposibles en el actualpatiopolítico e institucional. Sin ellas no podremos enfrentarnos a las consecuencias inmediatas de la crisis y, lo que es peor, a los retos que se nos presentan a más largo plazo. Volvemos a repetir los errores de hace 30 años y volveremos a ver las mismas consecuencias, bajo la forma de una crisis acelerada, muy profunda, con serias consecuencias sociales y económicas y, sobre todo, muy larga.