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La derrota del separatismo llevará años

Se ha ganado una batalla, pero no la guerra. Porque aunque sin armas, el separatismo nos ha declarado una guerra de la que solo concibe salir ganador.

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Buen sabor de boca nos han dejado a los que nos sentimos comprometidos con la Nación, el imperio de la ley y la justicia los acontecimientos de la última semana. Sin embargo, una lectura al auto del juez Llarena debería alejarnos de la euforia. Un auto en el que se describe minuciosamente cómo un gobierno democráticamente elegido se constituyó en una organización criminal de carácter mafioso obsesionada con el objetivo supremo de la secesión unilateral, y del que se desprende la escalofriante realidad de que todo lo que ha ocurrido y lo que está por ocurrir no responde sino a un plan perfectamente diseñado, escrito y anunciado para todo aquel que quisiera prestarle atención, de la misma manera que Mein Kampf adelantó una década lo que ocurriría en la Alemania de Hitler. Porque igual que para Hitler la guerra a Francia, la guerra al comunismo y la guerra a los judíos eran sus objetivos supremos, la secesión es el objetivo supremo del separatismo.

La declaración de Roger Torrent el pasado sábado tras la mascarada de pleno que se celebró en el Parlamento catalán así lo confirmó. Diputados con aires de omnipotencia utilizaron por enésima vez el altavoz de su cargo para insultar, injuriar y calumniar a nuestra democracia, a España, a sus Instituciones y por extensión a todos los ciudadanos que formamos parte de este gran país. Para decirnos que somos un Estado totalitario y para llamar a un frente común de anarquistas, separatistas y comunistas que reedite el guerracivilismo de los años 30 mediante la insurrección y la desobediencia civil. Un ejercicio miserable, uno más, que no nos alarmaría de no ser por no haber encontrado respuesta entre los partidos nacionales, que parecen completamente abducidos por la torticera idea de que con el separatismo hay que convivir. El Partido Popular patrocina ese injustificable estado de euforia. Ciudadanos llama a pasar página y a volver a saludarse en los pasillos. Y Miquel Iceta dice que no es tiempo de ley, sino de política. Pero no se trata de pelillos a la mar, como con ETA, contraponiendo política a ley. Se trata de hacer política dentro de la ley, porque en un estado democrático, precisamente en un estado democrático, ser elegido ni confiere poder absoluto ni te sitúa por encima de la ley. Ni al elegido ni a los electores. Porque sin ley, no hay democracia.

Por eso cabe reflexionar sobre la responsabilidad que la política española en general y el Gobierno como máximo representante en particular tienen en este proceso, ya sea por complacencia, por indiferencia o por haber infravalorado, a pesar de que estaba escrita y anunciada, la agenda separatista. Son muchas las preguntas que el Gobierno debería responder. ¿En qué se ha empleado el Fondo de Liquidez Autonómica en Cataluña? ¿Ha servido directa o indirectamente para financiar las estructuras golpistas, las asociaciones afines como la ANC y Ómnium destinadas a provocar el levantamiento civil, y la internacionalización del procés? ¿De dónde salió el dinero para el referéndum? ¿Controlaba el Gobierno los gastos en los que incurría la Generalidad con dinero prestado por el Estado? ¿Cómo es posible que el CNI no tuviera conocimiento de lo que estaba ocurriendo con las urnas del referéndum? ¿Cómo fue posible la fuga de Puigdemont y los 5 exconsellers? ¿Cómo se explica que Marta Rovira no estuviera bajo vigilancia del CNI dado el elevadísimo riesgo de fuga? ¿Por qué se ha permitido el apartheid lingüístico contra el español? Si el Gobierno sabía lo que se estaba preparando y no actuó, debería no ya dimitir, sino sentarse en el banquillo por complicidad con la rebelión. Y si no lo sabía, debería dimitir también por incompetencia. Y todavía le quedarían las dos preguntas más importantes a estas alturas por responder. ¿Por qué siguen relativizándose hechos tan graves como la declaración de Roger Torrent? Y ¿por qué siguen los esfuerzos centrados en el blanqueo de la imagen de los rebeldes golpistas en lugar de en desmantelar de una vez el golpe de Estado?

Desde los medios voceros del separatismo y Moncloa, que son los mismos, nos piden clemencia y empatía. ¡Pobres familias!, exclaman. Familias en las que no pensaron mientras usaban su poder público para destrozar toda una Nación. Como tampoco pensaron en las familias que llevan años viviendo amedrentadas, coaccionadas, insultadas y señaladas por ser, pensar, sentir o expresarse en español. Familias que han tenido que ver incluso acosados a sus hijos por pertenecer a la Guardia Civil. Familias que ven con máxima incertidumbre su futuro laboral debido a las consecuencias que sobre la economía catalana está teniendo el delirio golpista, mientras los criminales que diseñaron todo se regocijan desde las redes sociales con sus blindados sueldos parlamentarios. ¿Pensaron en estas familias alguna vez? ¿Tuvieron empatía con ellas? No la tuvieron, ni los rebeldes golpistas ni las televisiones que se dedicaron a ridiculizar sus problemas y a reducirlos a cosas de fachas. Y no la tendrán porque, como se desprende del detallado auto del juez Llarena, el golpe de Estado muy lejos de ser derrotado, tan solo se encuentra en suspenso esperando a poder ser reactivado. Por eso no cabe euforia posible. Se ha ganado una batalla, pero no la guerra. Porque aunque sin armas, el separatismo nos ha declarado una guerra de la que solo concibe salir ganador. Como el nazismo, victoria o destrucción. Tras la detención de Puigdemont la casa del juez Llarena en Gerona apareció con pintadas amenazantes de los cachorros de la CUP, y Tv3, ese pozo de lodo que incomprensiblemente sigue emitiendo tras casi medio año de 155, sigue llamando a la insurrección y avisando con muertos. Ni debemos ni podemos acostumbrarnos a permitir semejantes vejaciones y amenazas a nuestra democracia y a nuestra convivencia.

En consecuencia, ha llegado la hora de hacer lo que debió hacerse hace años. Igual que no fue suficiente con descabezar al nazismo, sino que tuvo que llevarse a cabo y a la par un profundo proceso de desnazificación, es urgente llevar a cabo el mismo proceso con el separatismo. No se trata ya de frenar el golpe, sino de desmantelarlo. No se trata de negociar con el separatismo, sino de destruirlo sin complejos, de corregir el enorme error histórico que supuso su aceptación dentro del juego democrático, que no de la Constitución. Porque por mucho que Rajoy lo repita, la Constitución no ampara cualquier idea que sea defendida por vías democráticas. El artículo 6 del texto constitucional es muy claro al respecto. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Dentro del respeto a la Constitución y a la ley.

Es hora por tanto de converger ni más ni menos que con todos los países de nuestro entorno, países como Francia o Alemania, donde formaciones políticas fuera del marco constitucional y que atentan contra su propia existencia como ERC, la CUP, Bildu o el PDeCat no tendrían cabida en la vida pública. Y solo puede hacerse instando a la ilegalización de tales formaciones y recuperando para el Estado las competencias en seguridad y educación. Ninguna autonomía puede nunca más estar en posición de plantear semejante desafío al Estado. Ningún político o aspirante a lo mismo puede creer nunca más que ser elegido en urnas le confiere una autoridad superior a la ley, que le permite tomar a los electores como rehenes y que, en definitiva, puede instar a la desintegración de España de forma unilateral y gratis. Hasta el momento, el golpe de Estado lo ha parado la sociedad española, gritando fuerte y claro YA BASTA. Y la acción judicial, de la que en VOX nos sentimos modestamente orgullosos por haber contribuido desde la acusación popular que lideramos a encarcelar a los responsables de semejante traición. Pero es imprescindible la acción política encaminada a destruir la idea separatista, de la misma manera que debió invalidarse el fin de ETA. Si se hubiera hecho con ETA, hoy no tendríamos que sentir la vergüenza de ver a Otegi convertido en referente moral hablando de democracia. Que no nos vuelva a pasar lo mismo.

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