L.D. / EFE.-
Este miércoles comenzó el juicio en la Sección Primera de la Audiencia de Castellón, en el que también se encuentran procesados por un delito de aborto los médicos José Lluís Carbonell, director de la clínica Mediterránea Médica, Javier Vives, de la Clínica Acuario de Castellón, así como el compañero sentimental de la acusada y el gerente de la clínica Acuario.
Los hechos ocurrieron el 2 de abril de 1992 en la Clínica Acuario de Castellón, cuando tras practicar el aborto, consentido por la mujer, R.T.J., se produjeron unas complicaciones que hicieron necesario su ingreso en el Hospital General de Castellón, donde se le practicó una histerectomía que derivó en la extirpación de la matriz.
El médico del General que atendió a la mujer comunicó al juzgado de Castellón que la intervención realizada se había producido a consecuencia de un aborto, por lo que las autoridades iniciaron una investigación judicial que derivó en la detención del Javier Vives, ginecólogo que practicó la interrupción del embarazo. El fiscal pide para Carbonell un año de cárcel y para Vives, a quien también le imputa el delito de negligencia, solicita dos años de prisión y cuatro años de inhabilitación.
La mujer declaró que cuando decidió abortar vivía en Teruel en un piso de 50 metros cuadrados en compañía de sus padres, un abuelo, tres hermanos, un hijo y tres sobrinos y agregó que estaba sin trabajo y no percibía subsidio de desempleo. Por eso decidió abortar.
La mujer, quien a su vez acusa a los médicos que le practicaron el aborto de un delito de negligencia, manifestó que acudió a una "clínica legal" y que, por lo tanto, pensaba que la interrupción voluntaria del embarazo a la que iba a ser sometida era legal.
El médico que practicó la intervención, Javier Vives, señaló ante el Tribunal que un aborto dura unos ocho minutos pero que aquella operación se prolongó hasta los veinticinco minutos porque se dio una situación "anormal" que consistió en una "perforación complicada", lo que estadísticamente se produce una vez de cada mil casos. Agregó que cuando se percató de que "algo no iba bien", decidió que la paciente fuera trasladada al Hospital General de Castellón, y proporcionó a los médicos de urgencias "los detalles de la intervención" a la que se había sometido.
En la vista también ha declarado el doctor Carbonell, quien manifestó que aquel mismo día aconsejó el aborto de la mujer porque los test a los que fue sometida así lo recomendaban y no estimó necesario mantener una entrevista con ella ante los resultados de las pruebas psicológicas. Según especificó, la mujer padecía depresión, ansiedad, hipocondría y pensaba en la muerte, a lo que había que sumar las dificultades socio-económicas que la paciente tenía en aquellos momentos, por lo que diagnosticó que si proseguía con su embarazo, su salud psíquica corría un riesgo.
En la vista también declaró como imputado el novio de la mujer, quien la acompañó en aquel momento y aseguró que decidieron interrumpir el embarazo ante el "estado anímico" en el que se encontraba la acusada.
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Los hechos ocurrieron el 2 de abril de 1992 en la Clínica Acuario de Castellón, cuando tras practicar el aborto, consentido por la mujer, R.T.J., se produjeron unas complicaciones que hicieron necesario su ingreso en el Hospital General de Castellón, donde se le practicó una histerectomía que derivó en la extirpación de la matriz.
El médico del General que atendió a la mujer comunicó al juzgado de Castellón que la intervención realizada se había producido a consecuencia de un aborto, por lo que las autoridades iniciaron una investigación judicial que derivó en la detención del Javier Vives, ginecólogo que practicó la interrupción del embarazo. El fiscal pide para Carbonell un año de cárcel y para Vives, a quien también le imputa el delito de negligencia, solicita dos años de prisión y cuatro años de inhabilitación.
La mujer declaró que cuando decidió abortar vivía en Teruel en un piso de 50 metros cuadrados en compañía de sus padres, un abuelo, tres hermanos, un hijo y tres sobrinos y agregó que estaba sin trabajo y no percibía subsidio de desempleo. Por eso decidió abortar.
La mujer, quien a su vez acusa a los médicos que le practicaron el aborto de un delito de negligencia, manifestó que acudió a una "clínica legal" y que, por lo tanto, pensaba que la interrupción voluntaria del embarazo a la que iba a ser sometida era legal.
El médico que practicó la intervención, Javier Vives, señaló ante el Tribunal que un aborto dura unos ocho minutos pero que aquella operación se prolongó hasta los veinticinco minutos porque se dio una situación "anormal" que consistió en una "perforación complicada", lo que estadísticamente se produce una vez de cada mil casos. Agregó que cuando se percató de que "algo no iba bien", decidió que la paciente fuera trasladada al Hospital General de Castellón, y proporcionó a los médicos de urgencias "los detalles de la intervención" a la que se había sometido.
En la vista también ha declarado el doctor Carbonell, quien manifestó que aquel mismo día aconsejó el aborto de la mujer porque los test a los que fue sometida así lo recomendaban y no estimó necesario mantener una entrevista con ella ante los resultados de las pruebas psicológicas. Según especificó, la mujer padecía depresión, ansiedad, hipocondría y pensaba en la muerte, a lo que había que sumar las dificultades socio-económicas que la paciente tenía en aquellos momentos, por lo que diagnosticó que si proseguía con su embarazo, su salud psíquica corría un riesgo.
En la vista también declaró como imputado el novio de la mujer, quien la acompañó en aquel momento y aseguró que decidieron interrumpir el embarazo ante el "estado anímico" en el que se encontraba la acusada.
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