L D (EFE)
García Ancos explicó que "lo normal es que se publique la remoción unos diez días después, pero en este caso han tardado 6 meses y lo han hecho casi en vísperas de la aprobación del nuevo Estatuto de la Fiscalía". Detalló que su deseo hubiera sido que su destitución se produjera como consecuencia de la aplicación del nuevo estatuto, que establecerá la remoción del cargo de los fiscales jefes que lleven más de 10 años en el cargo, con el mismo trato que los presidentes de tribunales superiores de justicia.
La polémica se originó tras un interrogatorio a la principal testigo y denunciante en el juicio contra el ex alcalde de Ponferrada Ismael Alvarez, que terminó en la primavera del pasado año con la condena del regidor ponferradino. La dureza del interrogatorio a Nevenka Fernández motivó que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que presidía la sala, llegara a recordar a García Ancos que estaba interrogando a la denunciante, y no al acusado.
Como consecuencia de esta actuación, el fiscal general del Estado relevó a García Ancos del caso, que pasó a manos del teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Gregorio Segurado. El juicio concluyó con una sentencia por la que se condenó al entonces alcalde de Ponferrada por un delito de acoso sexual al pago de una multa de 6.480 euros y a indemnizar a Nevenka Fernández con otros 12.000.
La polémica se originó tras un interrogatorio a la principal testigo y denunciante en el juicio contra el ex alcalde de Ponferrada Ismael Alvarez, que terminó en la primavera del pasado año con la condena del regidor ponferradino. La dureza del interrogatorio a Nevenka Fernández motivó que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que presidía la sala, llegara a recordar a García Ancos que estaba interrogando a la denunciante, y no al acusado.
Como consecuencia de esta actuación, el fiscal general del Estado relevó a García Ancos del caso, que pasó a manos del teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Gregorio Segurado. El juicio concluyó con una sentencia por la que se condenó al entonces alcalde de Ponferrada por un delito de acoso sexual al pago de una multa de 6.480 euros y a indemnizar a Nevenka Fernández con otros 12.000.