L D (EFE) Las repercusiones por la decisión de desalojar a los inmigrantes "sin papeles" han continuado este martes, día en que la plataforma que los agrupa ha presentado en la Delegación del Gobierno una petición para "tratar los temas que han originado nuestra protesta", mientras se han sucedido las reacciones de responsables políticos, sindicatos y asociaciones sobre el encierro y el posterior desalojo policial.
Por su parte, la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, ha anunciado en Luxemburgo la contratación extraordinaria de 39 personas en las oficinas de Extranjería de Cataluña para reducir el "colapso" de los procedimientos de renovación de permisos de residencia y trabajo de inmigrantes legales en esta comunidad.
La secretaria de Estado ha calificado de "bastante lamentable" la situación de la Delegación del Gobierno de Barcelona, donde, ha asegurado, se acumulan cerca de 45.000 expedientes sin resolver, un 53% de los cuales corresponden a procesos de renovación de permisos ya concedidos, un "colapso" que ha achacado a la "mala gestión del anterior Gobierno".
El subdelegado del Gobierno en Barcelona, Eduard Planells, ha afirmado que está "abierto al diálogo" con los representantes de la Asamblea por la Regularización "siempre considerándola como un interlocutor más" y "sin presiones ni condiciones maximalistas".
Los sindicatos CCOO y UGT y varias asociaciones de inmigrantes han denunciado en Barcelona que los líderes del encierro del pasado sábado se "han aprovechado de la situación desesperada de algunas personas" para "intentar capitalizar el giro en política migratoria" que el Gobierno está preparando, unas acusaciones que han sido rechazadas tanto por los portavoces de la Asamblea como por el sindicato CGT.
Por su parte, la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, ha anunciado en Luxemburgo la contratación extraordinaria de 39 personas en las oficinas de Extranjería de Cataluña para reducir el "colapso" de los procedimientos de renovación de permisos de residencia y trabajo de inmigrantes legales en esta comunidad.
La secretaria de Estado ha calificado de "bastante lamentable" la situación de la Delegación del Gobierno de Barcelona, donde, ha asegurado, se acumulan cerca de 45.000 expedientes sin resolver, un 53% de los cuales corresponden a procesos de renovación de permisos ya concedidos, un "colapso" que ha achacado a la "mala gestión del anterior Gobierno".
El subdelegado del Gobierno en Barcelona, Eduard Planells, ha afirmado que está "abierto al diálogo" con los representantes de la Asamblea por la Regularización "siempre considerándola como un interlocutor más" y "sin presiones ni condiciones maximalistas".
Los sindicatos CCOO y UGT y varias asociaciones de inmigrantes han denunciado en Barcelona que los líderes del encierro del pasado sábado se "han aprovechado de la situación desesperada de algunas personas" para "intentar capitalizar el giro en política migratoria" que el Gobierno está preparando, unas acusaciones que han sido rechazadas tanto por los portavoces de la Asamblea como por el sindicato CGT.