L D (EFE) El Gobierno valenciano se reunió este lunes en sesión extraordinaria para concretar el recurso que denuncia, por inconstitucional, la decisión tomada el pasado viernes por el Consejo de Ministros para derogar el proyecto previsto en el Plan Hidrológico Nacional para la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería, y estudiar si se protesta también ante las instituciones europeas.
Camps explicó en rueda de prensa que el Gobierno central ha cometido así "su primer fracaso político" al prescindir del diálogo y debate necesarios en el modelo territorial español para tomar, por contra, una decisión "arbitraria, unilateral y que afecta directamente a dos comunidades autónomas y a parte de una tercera".El presidente se mostró "profundamente preocupado por el talante del Gobierno" respecto a las relaciones que debe mantener con las autonomías, marcadas por la Constitución y basadas en la solidaridad territorial y en la lealtad institucional.
Tras recordar que el trasvase del Ebro surgió durante un proceso de negociación "largo y complejo" en el que participaron todas las partes implicadas en el problema del déficit hídrico en las cuencas mediterráneas, criticó la ausencia de una alternativa oficial hasta el reciente anuncio ministerial de una red de desalinizadoras. Sin embargo, dijo, "aún no sabemos ni dónde se instalarán ni a qué zonas abastecerán" y se resume así, en su opinión, la idea del Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero de "apáñense ustedes -valencianos, murcianos y almerienses- con el agua del mar".
Por su parte, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Alejandro Font de Mora, dio cuenta del acuerdo adoptado para impugnar, según diez puntos "contrarios" a la Constitución, el acuerdo del pasado viernes tras el preceptivo dictamen del Consejo Jurídico Consultivo (CJC) de la Generalidad, y delegar en él la realización de todas las actuaciones que se tomen ante el TC.
Asimismo, se ha aprobado iniciar los estudios encaminados a determinar si el Real Decreto-Ley que deroga el trasvase del Ebro "vulnera el derecho comunitario europeo y, especialmente, la Directiva Marco de Aguas, con carácter previo a su denuncia ante las instituciones de la Unión Europea".
Camps explicó en rueda de prensa que el Gobierno central ha cometido así "su primer fracaso político" al prescindir del diálogo y debate necesarios en el modelo territorial español para tomar, por contra, una decisión "arbitraria, unilateral y que afecta directamente a dos comunidades autónomas y a parte de una tercera".El presidente se mostró "profundamente preocupado por el talante del Gobierno" respecto a las relaciones que debe mantener con las autonomías, marcadas por la Constitución y basadas en la solidaridad territorial y en la lealtad institucional.
Tras recordar que el trasvase del Ebro surgió durante un proceso de negociación "largo y complejo" en el que participaron todas las partes implicadas en el problema del déficit hídrico en las cuencas mediterráneas, criticó la ausencia de una alternativa oficial hasta el reciente anuncio ministerial de una red de desalinizadoras. Sin embargo, dijo, "aún no sabemos ni dónde se instalarán ni a qué zonas abastecerán" y se resume así, en su opinión, la idea del Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero de "apáñense ustedes -valencianos, murcianos y almerienses- con el agua del mar".
Por su parte, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Alejandro Font de Mora, dio cuenta del acuerdo adoptado para impugnar, según diez puntos "contrarios" a la Constitución, el acuerdo del pasado viernes tras el preceptivo dictamen del Consejo Jurídico Consultivo (CJC) de la Generalidad, y delegar en él la realización de todas las actuaciones que se tomen ante el TC.
Asimismo, se ha aprobado iniciar los estudios encaminados a determinar si el Real Decreto-Ley que deroga el trasvase del Ebro "vulnera el derecho comunitario europeo y, especialmente, la Directiva Marco de Aguas, con carácter previo a su denuncia ante las instituciones de la Unión Europea".