L D (Agencias) "En este país también hay otras personas que deciden casarse de otra manera y hay otras personas que tienen una orientación sexual que no ha cabido nunca dentro de ese tipo de código, el código canónigo. Por tanto, a esas situaciones y a esos derechos tiene que dar respuesta la ley civil. Éste es el compromiso que cumple el Partido Socialista", afirmó, en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, López Aguilar. El ministro respondió así al cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, quien aseguró que el anteproyecto de ley supone "un grave error" y que podría convertirse en "un peligroso factor de disolución de la institución matrimonial".
Sobre las relaciones entre el Estado español y la Iglesia Católica, el ministro recalcó que el Ejecutivo respeta los acuerdos con la Santa Sede y que su intención es promover la libertad religiosa, sin que ello conlleve fomentar una determinada confesión. No obstante, reiteró que las religiones minoritarias deben contar con el apoyo económico de la Administración y explicó que su Departamento está analizando la posibilidad de conceder una partida presupuestaria "inicial" de tres millones de euros para estas confesiones. Preguntado por la posibilidad de financiar las confesiones minoritarias por medio de un porcentaje de la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el titular de Justicia aseguró que no es "adecuado" trasladar el modelo de la Iglesia católica y que dicha posibilidad no está siendo estudiada por su Departamento.
López Aguilar incidió en varias ocasiones en que el Ejecutivo socialista respeta todas las confesiones y que, conforme a la Constitución, debe velar por el desarrollo de la libertad de credo sin que ello conlleve fomentar la práctica religiosa por tratarse España de un Estado aconfesional. Con respecto a los Acuerdos con la Santa Sede, recalcó que actualmente el Gobierno no plantea su revisión pero reconoció que se trata de un debate que puede llegar a abrirse.
Por último, en relación a la eutanasia, aseguró que el Ejecutivo tampoco se ha planteado su despenalización y que, en todo caso, se precisa un debate político previo para abordar en 2005, coincidiendo con el décimo aniversario del Código Penal, la posibilidad de modificar, si se considera oportuno, la legislación vigente.