L D (EFE)
La resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), conocida el lunes, revoca un fallo dictado hace un año por el juzgado de lo Social número 4 de Alicante, que reconocía el derecho de un transexual, J.B.A., de 29 años, a someterse a una intervención quirúrgica de cambio de sexo con cargo a la sanidad pública y condenaba a la Consejería y a la Tesorería General de la Seguridad Social a pagar la operación.
Ante esta resolución, el coordinador general del colectivo Lambda, Ximo Cádiz, estimó que el TSJCV ha interpretado restrictivamente la normativa vigente, "olvidando que el derecho a la salud debe prevalecer ante todo"."El TSJCV ataca así el derecho a la salud de las personas transexuales, confunde en su decisión la transexualidad con el hermafroditismo y pone en peligro la salud de una ciudadana", agregó Cádiz.
Por ello, el colectivo pidió "un cambio legal que incluya, definitivamente, el derecho de las personas transexuales a la reasignación sexual" y recordó que Extremadura, Aragón y Andalucía "ya han incorporado esta prestación en su catálogo público de servicios sanitarios".
Según Cádiz, los tribunales "están emitiendo sentencias contradictorias", ya que en Alicante fue estimado ese derecho al transexual solicitante mientras que ahora el TSJCV "lo niega, y mientras, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha reconocido en otra sentencia ese derecho a una transexual catalana".
Esta situación "de inseguridad jurídica" reclama una reforma legal inmediata, según Cádiz, quien indicó que la Generalitat Valenciana y el Partido Popular "juegan con la salud de los ciudadanos y ciudadanas transexuales" y "actúan aplicando sus prejuicios morales frente a los principios de respeto a un derecho tan básico como es nuestra salud".
Ante esta resolución, el coordinador general del colectivo Lambda, Ximo Cádiz, estimó que el TSJCV ha interpretado restrictivamente la normativa vigente, "olvidando que el derecho a la salud debe prevalecer ante todo"."El TSJCV ataca así el derecho a la salud de las personas transexuales, confunde en su decisión la transexualidad con el hermafroditismo y pone en peligro la salud de una ciudadana", agregó Cádiz.
Por ello, el colectivo pidió "un cambio legal que incluya, definitivamente, el derecho de las personas transexuales a la reasignación sexual" y recordó que Extremadura, Aragón y Andalucía "ya han incorporado esta prestación en su catálogo público de servicios sanitarios".
Según Cádiz, los tribunales "están emitiendo sentencias contradictorias", ya que en Alicante fue estimado ese derecho al transexual solicitante mientras que ahora el TSJCV "lo niega, y mientras, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha reconocido en otra sentencia ese derecho a una transexual catalana".
Esta situación "de inseguridad jurídica" reclama una reforma legal inmediata, según Cádiz, quien indicó que la Generalitat Valenciana y el Partido Popular "juegan con la salud de los ciudadanos y ciudadanas transexuales" y "actúan aplicando sus prejuicios morales frente a los principios de respeto a un derecho tan básico como es nuestra salud".