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Un informe recoge que muchos de los documentos de la Generalidad en Salamanca no proceden de ella

El diario ABC desvela que, según un informe encargado por el Ministerio de Cultura fechado en 1989, un importante número de los documentos catalogados en Salamanca como “fondo de la Generalidad de Cataluña”, correspondientes al periodo 1932-39, no proceden físicamente de instituciones que pertenecen a la Generalidad. Con ello, se pone en duda uno de los puntos fuertes del razonamiento de los expertos consultados por el Gobierno para reubicar los documentos.

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El diario ABC desvela que, según un informe encargado por el Ministerio de Cultura fechado en 1989, un importante número de los documentos catalogados en Salamanca como “fondo de la Generalidad de Cataluña”, correspondientes al periodo 1932-39, no proceden físicamente de instituciones que pertenecen a la Generalidad. Con ello, se pone en duda uno de los puntos fuertes del razonamiento de los expertos consultados por el Gobierno para reubicar los documentos.
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(Libertad Digital) En un inventario llevado a cabo a raíz de un convenio firmado por la Generalidad y la Administración del Estado se clasificaron los documentos de Salamanca y sirvió de base para el informe que este sábado publica el rotativo. En dicho documento se explica que “clarísimamente hay bloques de legajos que fueron incautados en instituciones ajenas a la Generalidad”, como los correspondientes al Comité de Milicias Antifascistas, así como otros incautados en domicilios particulares, los documentos relativos al Patronato del Monasterio de Santes Creus (claramente un archivo privado) y documentos personales de Albert Carsi.
 
El informe recogido por ABC explica que la clasificación de documentos de la Guerra Civil se hizo “desatendiendo por completo la norma del respeto necesario a la procedencia de los fondos. Se recurre a la prisa por identificar a los “enemigos del nuevo régimen” para justificar la desorganización a la hora de ordenar los legajos. Por esto mismo, el informe explica que sería “imposible” determinar cuáles documentos procedieron de la Generalidad, y se recuerda que los papeles agrupados bajo la etiqueta “fondos de la Generalidad de Cataluña” proceden de lugares tan dispares como Barcelona, Lérida, Madrid, Castellón, Vinaroz y Aragón. “Lógicamente, si los documentos procedieran todos ellos de instituciones de la Generalidad, todos habrían sido incautados en Barcelona o a lo sumo en Lérida”, concluye el informe.
 
Con la salida a la luz de este informe, se une un nuevo elemento de crítica a esta polémica decisión, que ya fue rechazada por gobiernos anteriores. La ministra Carmen Calvo anunció que la división de los archivos iba a suceder, pero siempre quiso dejar claro que lo iban a hacer “de acuerdo a la legalidad” y recordó que iba a crear una Ley como había sugerido la Abogacía del Estado.

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