L D (EFE) Fuentes del caso dijeron a Efe que el argelino B.A. compareció hoy como denunciante ante el juez de instrucción 5 de Sevilla, que investiga la denuncia contra 16 miembros de la Red de Apoyo por presuntos delitos de coacciones y contra los derechos de los trabajadores por su actuación durante el encierro de 400 inmigrantes en la universidad sevillana.
Este es el segundo inmigrante que acude al juez para ratificar la carta en la que cinco argelinos denunciaron a la red de Apoyo por retenerles los pasaportes, haberse enriquecido a su costa y haberles forzado a mantener el encierro durante dos meses, hasta que fueron desalojados por la Policía el 9 de agosto de 2002.
Según las citadas fuentes, B.A. aseguró que varios abogados, entre los que citó al miembro de la Red de Apoyo Juan Carrique, fueron a Lepe (Huelva) donde él trabajaba y les prometieron que si se encerraban conseguirían la regulación en España, igual que había sucedido en los encierros de 2001.
Este inmigrante, que se encuentra sin regularizar en España, manifestó que se desplazó de Lepe a Sevilla por sus propios medios, junto con otros inmigrantes, y que no entregó su pasaporte coaccionado, sino voluntariamente cuando se lo pidieron "para evitar que pudiera caer en manos de la Policía" en caso de una intervención.
Esta nueva imputación a la Red de Apoyo se produce después del archivo decretado en octubre de 2002 de la denuncia presentada por la Comisión Gestora de la universidad, que acusó a la Red de Apoyo de presuntos delitos de coacciones, amenazas y de "llevar a cabo una constante labor de obstrucción en la búsqueda de una solución".
Entre los 16 imputados se encuentran jóvenes españoles y Decio Machado, portavoz de la asociación de trabajadores inmigrantes ODITE que lideró el encierro de la Olavide y los llevados a cabo antes en iglesias de Huelva.
Los 400 inmigrantes, que reclamaban su regularización en España, se encerraron el 10 de junio de 2002 y su número fue variando hasta que los últimos doscientos fueron desalojados por la Policía el 9 de agosto.
Este es el segundo inmigrante que acude al juez para ratificar la carta en la que cinco argelinos denunciaron a la red de Apoyo por retenerles los pasaportes, haberse enriquecido a su costa y haberles forzado a mantener el encierro durante dos meses, hasta que fueron desalojados por la Policía el 9 de agosto de 2002.
Según las citadas fuentes, B.A. aseguró que varios abogados, entre los que citó al miembro de la Red de Apoyo Juan Carrique, fueron a Lepe (Huelva) donde él trabajaba y les prometieron que si se encerraban conseguirían la regulación en España, igual que había sucedido en los encierros de 2001.
Este inmigrante, que se encuentra sin regularizar en España, manifestó que se desplazó de Lepe a Sevilla por sus propios medios, junto con otros inmigrantes, y que no entregó su pasaporte coaccionado, sino voluntariamente cuando se lo pidieron "para evitar que pudiera caer en manos de la Policía" en caso de una intervención.
Esta nueva imputación a la Red de Apoyo se produce después del archivo decretado en octubre de 2002 de la denuncia presentada por la Comisión Gestora de la universidad, que acusó a la Red de Apoyo de presuntos delitos de coacciones, amenazas y de "llevar a cabo una constante labor de obstrucción en la búsqueda de una solución".
Entre los 16 imputados se encuentran jóvenes españoles y Decio Machado, portavoz de la asociación de trabajadores inmigrantes ODITE que lideró el encierro de la Olavide y los llevados a cabo antes en iglesias de Huelva.
Los 400 inmigrantes, que reclamaban su regularización en España, se encerraron el 10 de junio de 2002 y su número fue variando hasta que los últimos doscientos fueron desalojados por la Policía el 9 de agosto.