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UPyD pedirá al Congreso acabar con la "indeseable" discriminación lingüística

La exigencia de Rosa Díez de garantizar la libertad lingüística se escuchará de nuevo en el Congreso pero ahora con una proposición de ley. En ella, pide acabar con el monolingüismo "solapado" que ha dejado en "papel mojado" la igualdad de todos en algunos puntos de España.

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Rosa Díez (Archivo).

L D (Europa Press) La líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) elevará el próximo martes al Pleno del Congreso la iniciativa, recogida en su programa electoral, contra la "indeseable" discriminación lingüística en España y a favor de la libertad de la elección de la lengua en las comunidades autónomas bilingües.

Esta nueva ley de rango orgánico que propone UPyD consta de siete artículos y tiene su base en el artículo 149 de la Constitución, que fija como competencia exclusiva del Estado la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales.

Esta proposición de ley, la primera que defiende desde su entrada en el Congreso, obedece, según explica la formación en su texto, a la necesidad de "rectificar" el desarrollo de la llamada "política de normalización lingüística" que, denuncia, ha conducido a muchas comunidades a sustituir su bilingüismo por un monolingüismo "solapado" que "ha desalojado o reducido a la marginalidad" al castellano, dejando "en papel mojado" los principios constitucionales de igualdad y libertad.

Los casos del País Vasco y Cataluña

Como ejemplo, Rosa Díez cita en la exposición de motivos de su propuesta los casos de la sanidad pública en el País Vasco, donde el baremo de méritos puntuables en una oferta pública de empleo de 2008 para un puesto de facultativo se valoraba más los conocimientos del euskera que la posesión de un doctorado o un máster.

Estas prácticas, que la diputada de UPyD tacha de "abusivas" y "discriminatorias", también se dan en otras sociedades bilingües, como la catalana, donde se imponen multas a los comerciantes y fabricantes que no rotulen sus productos en catalán.

Según argumenta Díez, el abuso de las políticas lingüísticas amparadas en la protección constitucional de las lenguas cooficiales está llevando a "imponer" situaciones de discriminación que "alzan barreras interiores" a la libre circulación de trabajadores y profesionales españoles dentro del territorio del Estado y tratan de "ignorar y modificar", mediante la intervención de las instituciones, la realidad lingüística" de las comunidades bilingües.

La libertad de los padres

La líder de UPyD plantea en su iniciativa que todos los ciudadanos que residan en España gocen de libertad a la hora de elegir el idioma en el que estudian sus hijos y la lengua en la que se dirigen a las administraciones públicas. Además, busca garantizar la no discriminación lingüística en el acceso a los empleos de la administración.

Entre otras cuestiones, Díez propone la obligatoriedad de que las administraciones públicas aboguen por prevenir o erradicar todas las medidas de política lingüística discriminatorias, a velar por el bilingüismo en todos los espacios públicos de comunidades con lenguas cooficiales, a redactar toda la documentación al menos en castellano, a garantizar la escolarización o enseñanza superior en esta lengua y al empleo de la misma en los medios de comunicación públicos cuya emisión se circunscriba al ámbito de una comunidad bilingüe.

La presentación de esta propuesta fue anunciada hace unos meses, coincidiendo con su adhesión al "Manifiesto por la Lengua Común" al que se unieron LD y numerosas personalidades de todos los ámbitos políticos y sociales. Entonces, la diputada vasca ya subrayó la importancia de llevar al Congreso un debate que "está en la calle", con la esperanza de que sea tratado "con la seriedad" que merece y sin que se niegue "la evidencia".

El PP, que también tiene presentada una iniciativa similar a la de UPyD en el Congreso que aún no ha sido debatida, pretendió en la Junta de Portavoces del pasado martes incluir su texto para que fuera debatido también en el Pleno. Sin embargo, según denunciaron los populares, el PSOE rechazó la idea, para la que era necesaria la unanimidad de todos los grupos.

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