LD (EFE)
Con la ampliación, cuyos capítulos más importantes deberán estar terminados para el próximo año, "se le está facilitando al Prado una nueva carrocería y lo que nos falta es un motor nuevo para poder movilizar ese cambio físico que está viviendo el museo, despejando absolutamente todos los miedos en torno a la naturaleza pública de la pinacoteca", afirmó el director en una entrevista con EFE. La reforma del marco jurídico, que se encuentra "muy perfilada", adoptará "un modelo irrenunciablemente público" que eleve el estatus administrativo del museo, y no se propone en ningún caso un cambio de naturaleza cultural.
Aunque el Gobierno frenó hace dos años las negociaciones sobre una nueva Ley del Prado, que aspiraba a convertirlo en ente público, Zugaza dijo que en todo este tiempo el Ministerio de Educación y Cultura y el Museo "han mantenido abierta la reflexión" sobre la reforma, en cuya necesidad coinciden.
El director destacó "la gran colaboración" que ha habido entre el Ministerio y el Prado y señaló que, tras meses de conversaciones, se está ya "en las puertas de adoptar las decisiones oportunas" para desarrollar un nuevo modelo de gestión, aunque la iniciativa en este caso no corresponde al Museo sino al Gobierno. En realidad, a lo que el Prado aspira, "y aspira a hacerlo paralelamente a la ampliación, es a que la Administración le reconozca una madurez", y a contar con unos instrumentos más eficaces para gestionar los bienes públicos que están adscritos a esta institución".
Desde que se convirtió en organismo autónomo en 1985, el museo "se ha profesionalizado, y ahora, con el hito de la ampliación por delante, quiere dotarse de un modelo de gestión más ágil y que permita un amplio nivel de consenso", tanto a nivel de los ministerios a los que les competen estos cambios -Educación y Cultura, Administraciones Públicas y Hacienda- como a nivel político.
Zugaza eludió pronunciarse sobre si el Prado quiere convertirse en ente público o adoptará alguna otra figura jurídica de las existentes en la Administración, aunque sí dejó claro que el museo tiene que encontrar el modelo adecuado "para poder responsabilizarse, más de lo que hasta ahora lo ha hecho, de la gestión y financiación". A su juicio, con esta reforma se trata de resolver el conjunto de los problemas que tiene el museo, para conseguir, entre otros fines, una mayor flexibilidad a la hora de contratar servicios, "respetando las condiciones que nos exige la Ley de Contratación del Estado".
En el ámbito de los recursos humanos, el Museo pretende tener "un régimen mucho más claro de personal" -el existente ahora está repartido entre funcionarios y laborales de diferentes tipos- y en el de la autofinanciación, quiere "poder gestionar directamente los ingresos que el Prado genera". "En realidad -añade Zugaza-, se trata en todos los ámbitos de tener una mayor flexibilidad y autonomía", pero sin que esta última palabra quiera decir que "el museo pretenda navegar con un rumbo independiente. El nivel de adscripción al Ministerio que deseamos para el futuro es el mismo que el que tenemos ahora; no hay cambios en ese aspecto, como no los hay en cuanto a la naturaleza pública del museo, su función y sus fines".
Aunque el Gobierno frenó hace dos años las negociaciones sobre una nueva Ley del Prado, que aspiraba a convertirlo en ente público, Zugaza dijo que en todo este tiempo el Ministerio de Educación y Cultura y el Museo "han mantenido abierta la reflexión" sobre la reforma, en cuya necesidad coinciden.
El director destacó "la gran colaboración" que ha habido entre el Ministerio y el Prado y señaló que, tras meses de conversaciones, se está ya "en las puertas de adoptar las decisiones oportunas" para desarrollar un nuevo modelo de gestión, aunque la iniciativa en este caso no corresponde al Museo sino al Gobierno. En realidad, a lo que el Prado aspira, "y aspira a hacerlo paralelamente a la ampliación, es a que la Administración le reconozca una madurez", y a contar con unos instrumentos más eficaces para gestionar los bienes públicos que están adscritos a esta institución".
Desde que se convirtió en organismo autónomo en 1985, el museo "se ha profesionalizado, y ahora, con el hito de la ampliación por delante, quiere dotarse de un modelo de gestión más ágil y que permita un amplio nivel de consenso", tanto a nivel de los ministerios a los que les competen estos cambios -Educación y Cultura, Administraciones Públicas y Hacienda- como a nivel político.
Zugaza eludió pronunciarse sobre si el Prado quiere convertirse en ente público o adoptará alguna otra figura jurídica de las existentes en la Administración, aunque sí dejó claro que el museo tiene que encontrar el modelo adecuado "para poder responsabilizarse, más de lo que hasta ahora lo ha hecho, de la gestión y financiación". A su juicio, con esta reforma se trata de resolver el conjunto de los problemas que tiene el museo, para conseguir, entre otros fines, una mayor flexibilidad a la hora de contratar servicios, "respetando las condiciones que nos exige la Ley de Contratación del Estado".
En el ámbito de los recursos humanos, el Museo pretende tener "un régimen mucho más claro de personal" -el existente ahora está repartido entre funcionarios y laborales de diferentes tipos- y en el de la autofinanciación, quiere "poder gestionar directamente los ingresos que el Prado genera". "En realidad -añade Zugaza-, se trata en todos los ámbitos de tener una mayor flexibilidad y autonomía", pero sin que esta última palabra quiera decir que "el museo pretenda navegar con un rumbo independiente. El nivel de adscripción al Ministerio que deseamos para el futuro es el mismo que el que tenemos ahora; no hay cambios en ese aspecto, como no los hay en cuanto a la naturaleza pública del museo, su función y sus fines".