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TRAS LAS OCURRIDAS EN MADRID

DOCUMENTACIÓN: Muertes en los hospitales españoles

La muerte este jueves de dos personas a manos de una médico residente de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid con las facultades mentales supuestamente alteradas es la última de las acciones indiscriminadas protagonizadas en los últimos años por perturbados que acaban convirtiéndose en asesinos.

L D (EFE) Noelia M.N., de 31 años, atacó con un cuchillo a varios personas en los pasillos de la tercera planta del centro sanitario, causando la muerte a dos de ellas, una doctora y una paciente, y heridas a otras seis.

Este suceso se une a una larga lista de hechos similares como el protagonizado, el 8 de marzo de 1989, por un labrador de la localidad lucense de Chantada que, después de una discusión por un paso de aguas para el regadío, la emprendió a cuchilladas con sus convecinos, matando a seis de ellos e hiriendo a otros tantos. El homicida, de 64 años, que posteriormente se refugió en su domicilio, al que prendió fuego, pereciendo calcinado, sufría ataques de enajenación mental y estaba considerado por sus vecinos como un hombre de carácter violento.

Un año después, el 27 de agosto de 1990, los hermanos Emilio y Antonio Izquierdo, armados con escopetas repetidoras, dispararon indiscriminadamente contra sus vecinos de la pedanía pacense de Puerto Hurraco, causando la muerte de siete personas, entre ellas dos niñas de 12 y 14 años. Otros ocho vecinos, entre ellos un niño de 6 años, resultaron heridos por los disparos de los dos hermanos, que antes de huir al monte aún tuvieron tiempo de herir gravemente a dos guardias civiles del puesto de una localidad cercana que llegaron a Puerto Hurraco tras la alerta dada por sus habitantes.

Otro agente del instituto armado fue asesinado el 9 de junio de 1996 en Herreros de Rueda (León) cuando trataba de reducir a un agricultor de 36 años que había matado a tiros a tres personas, entre ellas una joven de 22 años, durante la procesión del Corpus. El homicida, que fue abatido por la Guardia Civil, hirió asimismo a otro agente de este cuerpo.

En Valencia, el 6 de febrero de 2000, un hombre de 60 años prendió fuego a la casa de dos plantas en la que vivía en el barrio del Cabanyal causando la muerte de una vecina, después de lo que abrió fuego contra dos policías y un bombero que acudieron al lugar, provocando su fallecimiento. El agresor, que murió tras resultar herido en el tiroteo, vivía solo en la casa desde hacía diez años y se había negado a someterse a tratamiento psiquiátrico porque consideraba que los médicos le perseguían.

Más recientemente, el 24 de marzo de 2001, José Manuel F.N., de 54 años, quien había estado ingresado en diversas ocasiones en centros psiquiátricos, mató a tiros a uno de sus vecinos en la localidad asturiana de San Esteban de las Cruces e hirió a otras tres personas, entre ellas a dos guardias civiles que intentaron reducirle. El agresor, a quien no le había sido retirada la licencia de armas para la práctica de la caza a pesar de los trastornos mentales que sufría, vivía solo y comenzó a disparar desde su casa contra sus vecinos sin que mediara provocación alguna.

Otros muchos sucesos han sido protagonizados en los últimos años por personas con problemas psiquiátricos, pero casi siempre han tenido lugar en el entorno familiar. Uno de los más destacados es el caso del llamado "asesino de la ballesta", Andrés Rabadán, quien el 6 de febrero de 1994 mató a su padre a flechazos en Sant Genís de Palafolls (Barcelona) tras haber provocado el descarrilamiento de tres trenes de cercanías. La Audiencia de Barcelona le eximió en 1995 de responsabilidad por el parricidio, al entender que estaba perturbado, pero le condenó a 18 años de prisión por los sabotajes.

El pasado mes de diciembre, el juez de vigilancia penitenciaria de Barcelona propuso su puesta en libertad al considerar que ya estaba curado de su enfermedad mental y resocializado, pero la Audiencia Provincial acordó mantener su internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario ya que había protagonizado varios intentos de fuga.

Por último, el 1 de abril de 2000, un joven de 17 años, mató con una catana japonesa a sus padres y a su hermana, de 9 años y que padecía síndrome de Down, en el domicilio familiar en Murcia. El Juzgado de Menores de esta ciudad le condenó posteriormente a la medida reeducativa de 12 años de internamiento en un centro terapéutico por los tres asesinatos. Un forense realizó un informe en el que concluyó que el joven padecía un cuadro de psicosis epiléptica idiopática que se acompañó de un estado crepuscular.

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