
El brutal asesinato de una educadora social en un piso tutelado de Badajoz esconde mucho más que la responsabilidad de los tres menores detenidos, dos varones y una chica de 14, 15 y 17 años, respectivamente. "La muerte de esta mujer, a cuya familia no me cansaré de pedir perdón, es la consecuencia; pero, detrás de todo esto, hay un trasfondo dramático, motivado por la inacción de la Justicia y, en el caso de mi hijo, por cuestiones ideológicas y por una aberración humana que no tiene sentido".
El que pronuncia estas palabras es Antonio Granero, padre del chico de 15 años detenido en la madrugada del lunes y popular cocinero y presentador de la televisión extremeña. En una extensa entrevista concedida a Libertad Digital, Granero —que llegó a presentarse también como candidato por el partido Juntos por Extremadura— no resta ni un ápice de culpabilidad a su hijo. Todo lo contrario: "Soy el primero que he dicho que debería estar encerrado desde hace tiempo y que tiene que pagar por lo que ha hecho".
Aun así, insiste en que esta historia tiene unos antecedentes que no se pueden obviar y que, en su caso, parten de un divorcio traumático en el que su hijo se vio obligado a vivir con su madre, a pesar de su oscuro historial, porque, como en tantas otras ocasiones, se dio más valor a las acusaciones de violencia de género que la mujer vertió sobre él. Con el tiempo, la Justicia se daría cuenta de lo sucedido y le daría a Antonio la custodia. Sin embargo, ya era demasiado tarde.
La mujer por encima de todo
Tanto su hijo como otro de los menores detenidos llevaban tiempo escapándose para refugiarse en casa de su expareja, una casa okupada de Villafranca de los Barros. A pesar de las evidencias, y de las denuncias interpuestas tanto por él, como —según apunta—por otro de los padres, la Policía nunca ha hecho nada por alejarles de aquel foco de drogas y delincuencia. Sin embargo, este solo es el último capítulo de una historia que se remonta a 2011 y que viene marcada por una polémica ley, la Ley de Violencia de Género, que es incapaz de alejar a unos niños de su madre, a pesar de las acusaciones de drogadicción, maltrato o abandono escolar que pesan sobre ella.
"Ahí es donde está la clave de todo. Y luego estará la responsabilidad de la Administración en haber mandado a los menores nuevamente a un piso tutelado cuando se han escapado mil veces, pero esa es la parte final de lo que ha pasado —advierte Granero—. Antes de todo eso hay una historia dramática, de sufrimiento de este niño y de toda la familia, motivado por la injusticia que se comete en este país con la Ley de Violencia de Género, en la que se antepone el interés institucional de defender a la madre al interés de los menores, porque, en España, reconocer la verdad cuando afecta a una mujer es prácticamente imposible. A mi hijo le han destrozado las leyes de género".
A ello contribuyen, recuerda Antonio, cientos de asociaciones feministas que empujan a madres en proceso de divorcio a enfrentarse a sus exparejas presentando denuncias que, en casos como el suyo, defiende, se han demostrado falsas: "Y a alguna familia ayudarán, claro que sí, pero a otras muchas las destrozan, porque, en España, cuando hay una mujer de por medio, la mujer vale más que los menores. Y no hay más", lamenta, pensando en todo lo que él mismo ha vivido en los últimos 14 años.
El conflicto por la custodia
El drama de esta familia se remonta a 2011. O, probablemente, a mucho más atrás, pero es en aquel momento cuando Antonio y su expareja deciden separarse. Él quiere quedarse con sus tres hijos, pero la Justicia le concede la custodia a la madre después de que esta le denuncie a él por violencia de género. "Y se la dan a pesar de tener los mismos problemas que tiene hoy en día —dice en referencia a un oscuro historial en el que prefiere no profundizar—, porque, como es mujer, ya no hay más que hablar, sus circunstancias no importan".
El juez dictamina que ella se quede en su casa y que le pase una pensión por cada uno de sus tres hijos. "Pero a pesar de todo el dineral que le pasaba, yo era el que se tenía que encargar de los niños, porque no tenían ni comida ni ropa para ponerse. Se pueden imaginar en qué se estaba gastando todo", sugiere Antonio.
Pasó mucho tiempo hasta que la Justicia se puso de su parte, pero finalmente lo hizo. "En 2017, había ganado todos los juicios. Y me dan la razón por los mismos motivos que alegué el primer día; la diferencia es que, durante esos 6 años, lo único que han pasado esos críos es un sufrimiento que nos ha costado la ruina familiar —subraya con impotencia—, porque piense por un momento qué han tenido que ver para que a una mujer en este país le quiten a sus tres hijos. Y le digo más: hace unos años también le quitaron la custodia de otro niño que había tenido antes y de otro que tuvo después con otro hombre".
La reaparición de la madre
Con la sentencia bajo el brazo, Antonio logró recuperar también su piso. Sin embargo, no tuvo más remedio que acabar vendiéndolo y vivir con su madre. "Puede hacerse una idea de lo difícil que es sacar adelante a tres críos solo", apunta. A ella le concedieron un régimen de visitas del que nunca hizo uso, por lo que la Justicia acabó retirándoselo. Sin embargo, hace año y medio aproximadamente, volvió a aparecer en sus vidas. "Empezó a venir a casa aprovechando que yo estaba trabajando y el niño empezó a acercarse a ella", dice en referencia al hoy acusado de asesinar a una educadora social.
Aquello, a su juicio, fue el detonante de lo que vendría después: "Tengo tres hijos y él es el único que ha tenido contacto con su madre y ha acabado así. Y no he sido capaz de impedirlo, porque la Justicia no me ha dejado, a pesar de que lo que tendrían que haber hecho era poner una orden de alejamiento —dice Antonio con la voz resquebrajada—, porque si usted está acusado de maltratar a los niños, de consumir drogas, de abandono familiar… ¿No es eso lo más lógico?". Sin entrar en otros detalles más escabrosos, el padre insiste en la gran cantidad de faltas que sus hijos acumularon en el colegio. "¡700 faltas! ¿Me está escuchando? ¡700! ¡Póngalo en el artículo! —nos apremia—. Ha habido años que han faltado más de 50 días, lo que, sin duda, les ha costado su futuro escolar... ¿Y cómo es posible que nadie haga nada?".
Aun así, no podía impedir que la madre se acercara. Ni siquiera cuando, tras una bronca o una discusión, su hijo se refugiaba en su casa. "Ella vive en una casa okupa en la que hay de todo y, a pesar de poner ocho denuncias, y a pesar de saber que estaba allí y de estar más que demostrada la situación de la madre, la Policía decía que no podía hacer nada porque no tenía una orden judicial que les permitiera entrar a la casa. Entonces los niños —y se refiere también a otro de los detenidos— han estado allí día tras día. Son cosas que son alucinantes. Es una dejación de funciones que es un bochorno, una vergüenza y que ha costado la ruina a cuatro familias y muy especialmente a la de la fallecida".
Del centro de menores al piso tutelado
Ante esta tesitura, y en vista de que era incapaz de reconducir a su propio hijo, él mismo pidió ayuda a la Junta de Extremadura: "Les dije que llevaba año y medio hablando con el equipo de Familia, porque desde que había vuelto a tener contacto con la madre había empezado a cambiar y no me habían escuchado nunca, a pesar de que gran parte de lo que estaba pasando era su culpa por la dejación que hicieron en su día, así que, en diciembre, lo metieron en el centro de menores de Mérida".
En los dos meses que estuvo, se escapó unas cuatro veces, según su padre, por lo que unos y otros comprobaron que aquello tampoco era una solución. Sin embargo, la alternativa no fue la que Antonio esperaba. "De ahí se lo llevaron al piso tutelado, pero ese no fue el recurso que pidió el director del centro. Ese hombre, y sabía muy bien lo que decía, pidió que le internaran en un centro psiquiátrico para menores para que dejara el consumo y recondujera su vida, pero no le hicieron caso".
Aquel sería el desencadenante de una historia que ha terminado en un auténtico drama. "Se ha escapado mil veces, porque en un centro de menores al menos había cierta vigilancia, pero en un piso no hay nada. Solo una persona con tres o cuatro adolescentes que tienen el mismo poderío que un adulto. ¿O la gente se cree que son niños que están con un sonajero y un osito de peluche? —pregunta irónicamente—. ¿Qué clase de irresponsabilidad es esta? Y le insisto en que, con esto, no quiero quitarle la responsabilidad al niño. El niño tiene que pagar por lo que ha hecho y ojalá valga para que pueda reconducir su vida, pero esto no puede quedar así, hay que ver cómo hemos llegado a esta situación".
De hecho, a tenor de diferentes hechos acontecidos en los últimos días, él mismo habló con la educadora antes de que fuera asesinada. "El sábado yo hablé con ella y le dije que mi hijo no podía estar allí, pero me dijo que no podía hacer nada porque era fin de semana. ¿Usted se cree que la razón de todo esto puede ser que no hay fiscal el fin de semana?", dice indignado con el propio sistema judicial.
Que cada uno asuma su parte
A lo largo de la hora que dura la conversación con este periódico, Antonio no deja de pedir perdón a la familia de Belén. Asume en todo momento lo que ha hecho su hijo y las consecuencias que de ello se derivarán, aun rompiéndose por dentro cuando le preguntamos por las conversaciones que ha mantenido con él estos días: "Yo intento que se abstraiga, porque tiene 15 años y no sé lo que puede pasar por su cabeza, pero obviamente le digo que tiene que pagar por lo que ha hecho".
Sin embargo, si algo tiene claro este padre extremeño es que su caso tiene que servir para que el sistema cambie y para que la Ley de Violencia de Género no vuelva a convertir a un menor en un juguete roto que termine destrozando su vida, la de su familia y la de una profesional que lo único que hizo fue intentar hacer lo mejor posible su trabajo; un trabajo cuyo peligro, probablemente, no se valora lo suficiente.
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