La Policía Nacional ha arrestado en Catarroja (Valencia) a Catherine Román González, de 37 años, considerada una de las fugitivas más buscadas por Interpol. La mujer, que residía en España junto a su marido y su hijo, llevaba meses cambiando de domicilio para evitar ser localizada, hasta que finalmente fue capturada por el Grupo de Localización de Fugitivos. En los próximos días será entregada a la Audiencia Nacional, que decidirá sobre su extradición a Colombia.
Román protagonizó uno de los mayores escándalos de suplantación profesional en el país sudamericano. Según recogió El Tiempo, entre 2020 y 2023 se hizo pasar por médica en varias instituciones del Atlántico, entre ellas el Hospital Materno Infantil de Soledad, la Secretaría de Salud de ese municipio e incluso la propia Clínica Regional de la Policía Nacional. Usurpando la identidad de su amiga Mayra Alejandra Zapata, firmó más de veinte contratos y llegó a atender a más de 665 pacientes, incluidos menores, en plena pandemia.
Una doble estafa destapada
De acuerdo con informaciones publicadas por El Heraldo, el engaño se destapó tras una auditoría interna de la Dirección de Sanidad de la Policía. Los investigadores descubrieron que, pese a que Zapata figuraba en los documentos oficiales, en realidad era Román quien había trabajado durante más de tres años en la clínica policial. Allí llegó a realizar turnos en urgencias, consultas virtuales, recetar medicamentos e incluso firmar actas de defunción. La Fiscalía colombiana confirmó que la impostora percibió al menos 77 millones de pesos (unos 17.000 euros) por estas actividades.
El caso dio un giro en enero de 2024, cuando la propia Zapata fue detenida en Cartagena. Según detalló la Fiscalía, también ella ejercía como falsa médico, lo que permitió tirar del hilo y comprobar que Román había utilizado sus documentos para construir una carrera ficticia en medicina. Ambas afrontan ahora acusaciones por falsedad personal, enriquecimiento ilícito y ejercicio ilegal de una profesión, aunque la Fiscalía advirtió que Román podría recibir una pena mayor por haber extendido el fraude a múltiples instituciones y por haber huido al extranjero.
Fallos en las instituciones públicas
El escándalo ha puesto en entredicho la fiabilidad de los protocolos de contratación en instituciones públicas colombianas. Ni la Policía Nacional ni el Hospital Materno Infantil detectaron las irregularidades en la documentación presentada. La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria y varios funcionarios fueron capturados por su presunta complicidad o negligencia.
La Sociedad de Medicina del Atlántico mostró su indignación por lo ocurrido. "Esto no solo es un fraude, es una amenaza directa a la salud pública", declaró un portavoz en declaraciones recogidas por la prensa local.