La Audiencia de Vizkaia juzga esta semana a una enfermera del ambulatorio de Kabieces, en Santurtzi. La acusada, de 52 años, está señalada por simular la vacunación de al menos 404 menores entre febrero de 2021 y septiembre de 2022, según sostienen tanto la Fiscalía como la acusación particular.
El ministerio público pide para ella siete años y medio de prisión, al considerarla responsable de un delito continuado de daños agravados y otro de falsedad documental. La acusación particular, ejercida por cerca de medio centenar de familias y representada por el abogado Aitzol Asla, reclama una condena mucho más severa, que podría llegar hasta los 17 años de cárcel. "La acusación está bien fundamentada, es sólida", ha defendido Asla, que sostiene que debe imponerse "un castigo" por haber "jugado con la salud de más de 400 niños".
Declaraciones de los padres
El juicio arrancó el lunes con la declaración de los progenitores. La mayoría coincidieron en señalar la rapidez y la extrañeza con que la profesional llevaba a cabo las supuestas inoculaciones. "Era extraño que fuera todo tan rápido... resultaba raro porque con una hermana mayor el protocolo era más detallado", relató uno de los padres. Las dudas aumentaron cuando otro progenitor, al observar que su hija no sufría ningún efecto secundario, llegó a bromear: "Parecía que le estuvieran inyectando agua". Según su testimonio, fue entonces cuando la enfermera "se puso algo nerviosa".
Otros padres han explicado que la sanitaria solía actuar de espaldas o tratando de ocultar el brazo de los menores, antes de arrojar la jeringuilla a la papelera sin haber completado la inoculación. Pese a ello, registraba en la cartilla de vacunación y en la historia clínica digital que la dosis se había administrado.
Pruebas serológicas
La ausencia de reacciones comunes tras las vacunas —como fiebre, rojez o molestias— fue una constante en muchos de los niños atendidos. Ante esas sospechas, Osakidetza citó a los menores para realizar pruebas serológicas que confirmaron que carecían de anticuerpos. El servicio vasco de salud se vio obligado a revacunar a los afectados.
La Fiscalía cifra en 26.763 euros el valor de las dosis desechadas, a los que se suman 5.382 euros en concepto de gastos de personal. Reclama, por tanto, una indemnización de 32.000 euros a Osakidetza y una multa de 18.000 euros para la acusada. Tanto el Servicio Vasco de Salud como el Colegio de Enfermería se han adherido a la petición de penas formulada por el ministerio público.
La enfermera ha optado por posponer su declaración hasta el viernes, último día previsto de la vista. Su defensa ha solicitado que sea examinada por un médico forense, al considerar que podría alegar incapacidad por problemas psicológicos. En los próximos días está previsto que responsables de Osakidetza comparezcan para reforzar la acusación.