El Departamento de Educación de la Generalitat ha abierto una investigación contra el Centro de Educación Especial El Ventijol, en Blanes (Gerona), por presuntos malos tratos a menores con autismo. Según ha avanzado La Vanguardia y han confirmado a ABC fuentes del propio departamento, se trata de un expediente informativo iniciado tras las denuncias de varios docentes, que aseguran haber presenciado agresiones físicas y verbales hacia los alumnos. Entre los comportamientos denunciados figuran tirones de orejas y bofetadas, presuntamente por parte de monitores y profesores del centro.
Castigos en el comedor
De acuerdo con la información publicada por La Vanguardia, los hechos se producían principalmente en el comedor del colegio, donde los denunciantes afirman que algunos niños eran atados a las sillas con pañuelos, correas o incluso cuerdas, sin la autorización de sus familias. También relataron que, en ocasiones, se les abría la boca "a la fuerza para introducirles la comida que no querían", en un contexto que describieron como un "caos brutal".
Desde el Departamento de Educación señalan que la primera inspección realizada en el centro "recogió versiones contradictorias sobre los hechos" y, por tanto, "no se ha podido demostrar ninguna de las conductas denunciadas". Aun así, el propio departamento reconoce que "sí se han detectado elementos de mejora en la gestión" y se han propuesto "numerosas medidas al respecto".
Por el momento, los Mossos d’Esquadra no tienen abierta ninguna investigación sobre lo ocurrido, según confirmaron las mismas fuentes consultadas por ABC. Desde la Conselleria insisten, sin embargo, en que el caso sigue abierto y que se ha destinado un inspector adicional para reforzar el seguimiento del centro. Además, niegan "categóricamente" haber intentado "entorpecer las denuncias" y aseguran que la Unitat de Suport a l’Alumnat en situació de Violència (USAV) se activó desde el primer momento para hacer seguimiento del caso.
Protección a los denunciantes
Los docentes que dieron la alerta formalizaron sus denuncias ante la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC). Aunque los hechos no guardan relación con la corrupción, la legislación catalana atribuye a este organismo la protección de los denunciantes que comunican irregularidades graves por canales internos, externos o de relevancia pública. Tras verificar la verosimilitud de la información y el posible riesgo de represalias, la Oficina certificó la condición de alertadores para dos de los denunciantes, aunque sin capacidad para adoptar medidas cautelares. El organismo ha trasladado el caso al Departamento de Educación, competente en la materia.
El expediente informativo sigue abierto en el Departamento de Educación, que ha propuesto medidas de mejora para el centro.