Agentes de la Unidad de Policía Adscrita a la Junta de Andalucía han impedido la entrega ilegal de una bebé recién nacida a una pareja a cambio de 3.000 euros. La intervención –coordinada con el Servicio de Protección al Menor de la Junta de Andalucía– se produjo tras detectarse contradicciones.
Por ahora, la madre biológica y la pareja interesada en la adquisición de la niña están siendo investigadas por presuntos delitos de falsedad documental y alteración de la paternidad, tipificados en el artículo 220.1 del Código Penal.
La actuación policial comenzó tras una Resolución de Desamparo Provisional emitida por la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de Málaga. En el momento de la inscripción de la menor en el Registro Civil, los agentes detectaron incongruencias entre la madre biológica y el supuesto padre, que no tenía vínculo genético con la bebé.
Según la investigación, este hombre se inscribió como progenitor en connivencia con la madre, en el marco de un acuerdo económico con una pareja que se encontraba en tratamiento de fertilidad. El objetivo era inscribir al bebé como hijo de ambos y hacerse cargo de él tras el alta hospitalaria, con el pago previo de los 3.000 euros acordados.
Entrega de la bebé
La rápida intervención de la Policía evitó que la entrega del bebé se materializara. La menor fue retirada de forma inmediata y puesta bajo la tutela de la Junta de Andalucía, siendo trasladada a una familia de acogida de urgencia.
Los implicados han sido imputados por un presunto delito de falsedad en documento público, ya que se alteraron elementos esenciales en el acta de nacimiento de la niña. Las autoridades consideran que la inscripción fraudulenta tenía como único fin facilitar la entrega ilegal de la menor a otra familia, lo que, además, constituye un delito contra las relaciones familiares.
Antecedentes de la madre por un caso similar
Durante la investigación del caso en Málaga, los agentes de la Unidad de Policía Adscrita a la Junta de Andalucía descubrieron que la mujer ya había sido investigada anteriormente por un intento similar con otro hijo en una provincia distinta. En aquella ocasión, también se detectaron intenciones de entregar al recién nacido a otra familia a cambio de la suma económica de 3.000 euros.
Según los datos recabados, la mujer dio a luz en su propio domicilio, sin asistencia médica, y posteriormente alertó a los servicios sanitarios. Al personarse en la vivienda, los profesionales constataron condiciones de insalubridad graves, lo que motivó una actuación inmediata del Servicio de Protección al Menor. En el informe hospitalario posterior –emitido por el Hospital Costa del Sol– constaba que la madre manifestó su intención de "ceder" al bebé voluntariamente, alegando que no podía hacerse cargo de él.
Las pruebas médicas practicadas al recién nacido revelaron además que el menor había estado expuesto a sustancias tóxicas, lo que agravó la situación y reforzó la decisión de activar los protocolos de protección. La Guardia Civil inició entonces una investigación al detectar irregularidades similares a las del caso actual: la inscripción del bebé con un varón que no tenía vínculo biológico y que supuestamente iba a asumir su custodia tras un acuerdo previo con la madre.
Este patrón de conducta ha llevado a los investigadores a considerar a la mujer como presunta reincidente en un delito contra las relaciones familiares, con un modo de actuar basado en simular vínculos legales con terceros para facilitar la entrega de menores a cambio de dinero. Las autoridades continúan recopilando información de ambos casos, que podrían ser considerados dentro de una misma línea de investigación judicial.