Una mujer de 47 años ha sido indemnizada por la Consejería de Sanidad con 34.841 euros después de que, según avanzó Las Provincias, una investigación administrativa confirmara que durante una operación realizada en enero de 2023 en un hospital de la Comunidad Valenciana los profesionales dejaron una gasa en el interior de su abdomen. El material permaneció allí más de seis meses, provocando una infección grave y obligando a una segunda intervención quirúrgica.
La paciente había sido operada para practicarle una histerectomía, una cirugía destinada a extirpar el útero. Tras la intervención comenzó a experimentar un dolor abdominal persistente y desarrolló un bulto visible en la zona operada. Pese a la evolución anómala y a la ausencia de mejora, no se le realizaron pruebas diagnósticas en los meses posteriores, según consta en la denuncia y en el expediente analizado por el órgano consultivo.
Un TAC decisivo
Sólo en agosto de 2023, cuando el dolor se volvió prácticamente insoportable, el hospital solicitó un TAC. La prueba reveló la presencia de una gasa infectada de 78×71×63 milímetros, acompañada de líquido, gas y un proceso inflamatorio que afectaba a la pared abdominal y los músculos rectos. Pese a la gravedad del hallazgo, la operación para retirarla no se llevó a cabo de inmediato, sino cuatro días después.
El informe quirúrgico de esta segunda intervención describe el estado del material encontrado de la siguiente manera: "era una gasa putrefacta e infectada, que podría haber terminado con la vida de la paciente por sepsis en caso de no ser extraída". La infección obligó a los cirujanos a practicar una resección del intestino delgado y la extirpación del ovario derecho.
A día de hoy, más de dos años después del primer procedimiento, la mujer continúa padeciendo dolor al movimiento, estreñimiento crónico, imposibilidad de cargar peso y una cicatriz abdominal en forma de ancla, tal y como recogen los informes médicos incorporados al expediente.
Conclusiones periciales
La valoración técnica de lo ocurrido coincide de forma unánime en señalar una actuación inadecuada. El informe médico pericial concluye que la asistencia "no fue correcta en cuanto al olvido de material quirúrgico". La Inspección de los Servicios Sanitarios indica que "puede establecerse un mal funcionamiento de los servicios médicos de la Consejería de Sanidad". Y la Comisión de Valoración del Daño Corporal afirma que "hubo una actuación deficiente", responsabilizando directamente al error que permitió que la gasa permaneciera en el interior de la paciente y generase un gasoma infectado.
Tras analizar estos documentos, el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana ha estimado la reclamación de la afectada e impuesto la indemnización de 34.841 euros a la Consejería de Sanidad.