La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal que habría gestionado de forma ilícita la regularización de cientos de inmigrantes en España. La operación, denominada Taylor, se ha saldado con la detención de 90 personas y la investigación de 109 casos en total, según informa el diario ABC.
El epicentro de la trama era una gestoría ubicada en la calle Obélix, número 103, en Rivas Vaciamadrid, donde se registraban extranjeros en empresas ficticias para garantizarles varios años de residencia legal, un requisito clave para poder solicitar arraigo, reagrupación familiar o incluso la nacionalidad española.
La gestoría, dirigida por una mujer española junto con familiares y dos abogadas especializadas en inmigración, ofrecía estos servicios a cambio de pagos de hasta 4.000 euros por trámite, además de cuotas mensuales de 800 euros destinadas a la Seguridad Social, a pesar de que las empresas involucradas no tenían actividad real.
83 extranjeros detenidos
Según ABC, la investigación comenzó en julio de 2024 tras detectar irregularidades en la fecha de alta de algunos inmigrantes, con registros anteriores incluso a su entrada en España. Los agentes del Grupo X de Extranjería y Fronteras de Madrid confirmaron que la gestoría actuaba como núcleo de la red y contaba con un mediador colombiano encargado de reclutar a los clientes. Las siete personas que integraban el núcleo central de la organización están acusadas de delitos de falsedad documental, contra los derechos de los extranjeros y pertenencia a organización criminal.
La operación, que se ha extendido durante año y medio, ha permitido –además del arresto de las siete personas que integraban el núcleo de la red– la detención de 83 extranjeros que, aunque beneficiarios de los trámites irregulares, conocían la ilegalidad de los procesos. Los investigados residían en distintas ciudades españolas, incluyendo Barcelona, Valencia, Málaga, Toledo, Mallorca y Gerona, y la mayoría procedían de Colombia, Chile y Venezuela.
Más de 400.000 euros recaudados por la red
Entre los documentos incautados se encontraban certificados, citas médicas, facturas y empadronamientos falsificados, que se reutilizaban para múltiples expedientes. Según los cálculos de los investigadores, la red habría recaudado más de 400.000 euros a través de esta actividad ilícita.
Tras las detenciones, el juzgado correspondiente ha decidido dejar en libertad a todos los arrestados, aunque la investigación sigue abierta para determinar si continúan operando y qué situación tienen actualmente los inmigrantes implicados, tal y como informa el mismo medio. Ahora surge la duda sobre si los inmigrantes implicados podrían beneficiarse de la nueva ley de regularización impulsada por Pedro Sánchez, que busca legalizar a medio millón de personas en España.