Sánchez se fotografía con Bildu

Una intervención de Arnaldo Otegi ha cerrado la marcha, autorizada por Garzón, para exigir la independencia del País Vasco. Tras los graves incidentes protagonizados por el entorno de ETA en la noche de viernes, con el ataque a dos policías, el discurso del líder de Batasuna no ha cambiado. Otegi ha retado al Gobierno a "atreverse a dialogar" en un foro "multipartito" y explicar su "alternativa" para los vascos. A las afirmaciones desde el Ejecutivo, el portavoz batasuno ha respondido que ellos tampoco "admiten tutelas ni condiciones". "La pelota no está en el tejado de la kale borroka", ha afirmado Otegi, descartando así el cese de los ataques. Para el PSOE, el intento de quemar vivos a dos policías es sólo "contradictorio con la paz", según López Garrido.

Los miembros del Ejecutivo insisten en que tras el alto el fuego el Gobierno no ha pagado precios políticos en materia penitenciaria. Sin embargo, las cifras de la situación actual de los presos etarras aún no se conocen. Así lo ha denunciado el PP, que tras solicitar los datos de los reclusos de la banda desglosados por prisiones no ha obtenido los referidos a junio de 2006. El senador Ignacio Cosidó ha acusado al Ejecutivo de oscurantismo y ha reclamado la comparecencia de Rubalcaba para exigirle a él los datos que el Gobierno no ha querido entregar por escrito. La presión del terrorismo callejero y de Arnaldo Otegi, que ha vuelto a amenazar con romper las negociaciones, continúa. De la Vega ha respondido, respecto a la situación del diálogo con ETA, que "se van a dar el tiempo necesario" para "avanzar".

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, consideró una "desfachatez", una "desconsideración" y una "sinvergonzonería" las palabras pronunciadas este jueves por el portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, contra el portavoz del CGPJ Enrique López. El dirigente socialista acusó al portavoz del Poder Judicial de actuar más como "un portavoz político o de la extrema derecha". García señaló que los magistrados no pueden tomar decisiones "en función de criterios de naturaleza extralegal, y mucho menos de corte político". "Los jueces nos limitamos a interpretar y aplicar la ley con el norte puesto en el principio de legalidad y en el sometimiento exclusivo al imperio de la ley".

El dirigente de la formación ilegal se ha reiterado en sus últimas amenazas aunque él las ha presentado como un pronunciamiento "contundente" para explicar que "las cosas están como están". No hay novedades en su discurso: la negociación está bloqueada desde hace cinco meses, antes incluso de que Zapatero comunicara que se ponía en marcha, la exigencia etarra de formar una mesa de partidos debe ser ya una realidad y la condena al terrorista De Juana ha sido "la última gota que rebasó el vaso". A esto Otegi ha sumado un nuevo mensaje al Gobierno para que renuncie a "verificar lo verificado" porque ETA "ha dado muestras fehacientes de buscar soluciones democráticas". Sus declaraciones llegaban precedidas de nuevos ataques de los terroristas callejeros.

Ignacio Astarloa, acusó a Zapatero, de mantener una "actitud patética", ya que "comparte los mismos argumentos" que la banda terrorista ETA al querer "buscar la paz y el cese de lo que llaman represión en el País Vasco sin la aplicación de la Ley y la actuación de los jueces". Astarloa destacó que se ha entrado en una fase de "disparate" en la que "el acoso y el amedrentamiento para que se deje de emplear la Ley es también compartida por Zapatero, que dejó claro que el que está por la paz es De Juana Chaos y no los jueces". En este sentido, el líder batasuno Arnado Otegi dijo este jueves que es "imposible" seguir con la negociación si no se excarcela a De Juana.

El Gobierno de Navarra ha acordado exigir a Zapatero que aclare si hay "compromisos" con ETA, que diga "qué quiere que sea Navarra" y que informe al Ejecutivo autonómico "del alcance" de las negociaciones. Además, Miguel Sanz se ha comprometido a "defender la integridad" del régimen foral, "le pese a quien le pese". La exigencia del Ejecutivo autonómico viene después de que otro comunicado de la banda se refiriera a supuestos "compromisos" adoptados por los socialistas. Patxi López ha dicho este lunes que no es necesario que Batasuna-ETA condene la violencia para ser legal.

El líder del PSE apostó este viernes por trasladar el modelo de autodeterminación de Montenegro, que recientemente votó su independencia de Serbia, al País Vasco. "Los socialistas subrayamos el derecho de la ciudadanía vasca a seguir decidiendo su propio futuro de acuerdo con el método utilizado en Montenegro", afirmó. López ya había apostado recientemente por seguir el modelo de Québec. El PSE había conocido horas antes la decisión del TSJPV de investigar la reunión entre López y Otegui que se celebró en julio, a lo que habían respondido con duros ataques al PP.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha admitido a trámite tanto la denuncia del PP como la querella del Foro de Ermua contra los dirigentes del PSE Patxi López y Rodolfo Ares así como los representantes de Batasuna Arnaldo Otegi, Rufi Etxebarria y Olatz Dañobeitia, por un presunto delito de desobediencia al Tribunal Supremo a consecuencia de la reunión mantenida en San Sebastián el pasado día 6 de julio. Mikel Buesa cree que el siguiente paso debería ser la dimisión del líder de los socialistas vascos "para no perjudicar al partido ni a sus electores". Algo, ha destacado, que tendría que haber hecho también Ibarretxe.

La decisión del TSJPV de investigar la reunión entre Patxi López y Arnaldo Otegi del pasado julio ha suscitado graves críticas contra el PP en el PSE. Rodolfo Ares le ha  acusado de querer imponer "una democracia carcelaria para poder meter en la cárcel" a los que piensan diferente y de utilizar todos los "medios a su alcance" para actuar contra ellos. Según Ares, están "muy tranquilos" porque no cometieron "ninguna ilegalidad". Esta investigación se une a la que pesa sobre Ibarretxe por el mismo motivo. Tras esas reuniones públicas, la negociación continuó con contactos secretos.