Los pactos entre PP y Vox han sido supervisados por las cúpulas nacionales. Y uno de los puntos que se irán incorporando a los distintos territorios en alianza es la lucha contra los okupas. El modelo a seguir figura ya en los acuerdos que se desarrollarán en breve en la Comunidad Valenciana. Y el ejemplo a seguir es el de la Oficina Antiokupas implantado en la Comunidad de Madrid por Isabel Díaz Ayuso.
La seguridad ciudadana y la seguridad jurídica se combinarán en los distintos pactos entre PP y Vox en las regiones y municipios. Y una de las traducciones más directas de este planteamiento será la lucha contra la okupación. El pacto entre las dos formaciones en la Comunidad Valenciana es sólo el anticipo de un modelo que se pretende extender por los distintos territorios bajo mando de la derecha.
Derecho a la propiedad y oficina especializada
"En el caso de que se produzca una ocupación ilegal de un inmueble, los poderes públicos garantizarán el derecho a la propiedad poniendo a disposición de la justicia todos los medios personales y materiales necesarios para proteger al afectado", señala el documento firmado entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana. Y ello supondrá crear "una oficina especializada para el asesoramiento y acompañamiento de todas las víctimas frente a la ocupación ilegal".
Además, el texto vincula la necesidad de dosis adicionales de "seguridad" con el control de la inmigración ilegal y señala que "la Generalitat pondrá en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado los posibles casos de inmigración ilegal con especial atención a las mafias organizadas. De igual manera eliminaremos las subvenciones a entidades que amparen estas prácticas". La fórmula se combina con el compromiso de asegurar "el orden público y la seguridad de los barrios, ambos pilares prioritarios de este Gobierno".
Modelo de la Comunidad de Madrid
El modelo en materia de okupas es conocido en la Comunidad de Madrid. De hecho, está ya desarrollado por medio del nuevo servicio 112 Ocupación que ofrece atención inmediata a los propietarios de los inmuebles afectados a través del teléfono 900 205 112.
En la actualidad hay en la región unas 4.300 viviendas afectadas por este tipo de delincuencia. Y el modelo permite, con una sola llamada, que los perjudicados tengan a su disposición todos los recursos públicos disponibles de la Administración Autonómica para hacer frente a los okupas y el ataque a la propiedad privada.
La herramienta se inserta en la Estrategia regional de Seguridad Integral (ESICAM 179), cuyo objetivo es proporcionar un marco integrador de las acciones y de las políticas en materia de seguridad impulsadas por la Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus competencias autonómicas. Esta Estrategia se desarrolla con competencias coordinadas y con la colaboración de las consejerías de Presidencia, Justicia e Interior y de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, con especial hincapié en la Agencia de la Vivienda Social.
Y ese modelo se irá extendiendo por los distintos territorios españoles donde haya pactos de gobierno o alianzas entre el PP y Vox.