El Ayuntamiento de Valencia ha multiplicado por seis la media anual de órdenes de cese de apartamentos turísticos ilegales en la ciudad desde el inicio del actual mandato. El edil de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, ha indicado que esto "demuestra el cambio radical" producido "desde la llegada del equipo de Gobierno de la alcaldesa María José Catalá (PP) para frenar la proliferación de viviendas turísticas y clausurar las que operan de forma ilegal".
Giner ha señalado que esto ha sido la "antesala de las nuevas normas urbanísticas, impulsadas por el Ejecutivo de Catalá, formado por PP y Vox, que blindan para uso residencial el 98% de las viviendas en todos los barrios y distritos" de la capital valenciana.
El concejal de Urbanismo ha confirmado el "cambio radical" en la estrategia municipal, logrando un incremento superior al 600% en los expedientes de clausura. Para sostener esta ofensiva, el Consistorio ha movilizado a cinco grupos de inspectores de Obras y siete unidades de la Policía Local, logrando que el 87% de las órdenes de cese ya hayan sido ejecutadas de forma efectiva en los barrios de la capital.
El blindaje del uso residencial
>
Esta actividad inspectora precede a la aprobación de las nuevas normas urbanísticas que pretenden blindar para uso residencial el 98% de las viviendas de la ciudad. Según los datos municipales, la moratoria vigente desde mayo de 2024 ha permitido suspender 363 expedientes de licencias, evitando la creación de 4.697 nuevas plazas turísticas. "Si no hubiéramos actuado a tiempo, hoy no quedarían peluquerías en el Cabanyal", ha aseverado Giner para defender la protección del pequeño comercio frente a la saturación.
Nuevos límites y niveles de protección
La futura regulación, que sustituirá a la moratoria actual, establece tres niveles de restricción por distritos. La norma fija un tope máximo de plazas turísticas equivalente al 8% de la población empadronada en cada barrio y limita al 2% el total de viviendas destinadas a este uso. Además, para autorizar nuevos apartamentos en edificios residenciales, se exigirá ahora el visto bueno de tres quintos de la comunidad de propietarios y que estos se ubiquen exclusivamente en plantas bajas o primeras con acceso independiente.
Pese a estas cifras, la oposición de Compromís y PSPV ha calificado la medida de "estafa" y "cortina de humo". La portavoz nacionalista, Papi Robles, sostiene que la norma no reducirá la presión turística, mientras que desde el Grupo Socialista denuncian que los datos de cierres son "falsos" y acusan al equipo de Gobierno de facilitar la transformación de bajos comerciales en alojamientos turísticos de forma masiva.