El objetivo del Gobierno es que las medidas aprobadas este viernes ahorren el equivalente a 28,6 millones de toneladas de petróleo. Sin embargo, poner en marcha los veinte puntos (que en realidad se pueden agrupar en once apartados) presentados por Miguel Sebastián y Alfredo Pérez Rubalcaba costarán un dineral. Lo del ahorro queda, como mucho, en el terreno de la esperanza.
En el conjunto del plan, el Ejecutivo mezcla el coste público y privado, así como el ahorro del conjunto con el de cada uno de los ciudadanos, a los que no se ha preguntado si quieren gastar menos a la fuerza. Por eso, los cálculos de ahorro del país son inexactos, porque serán cada uno de los automovilistas españoles los que reducirán su gasto o no según sus propias decisiones individuales (como en cualquier otra cuestión).
Además, el Gobierno no parece haber tenido en cuenta que ralentizar el transporte también tiene un coste claro de eficiencia en la economía de un país. Si un comercial pierde el 10% de su tiempo en carretera por reducir su velocidad, su productividad se verá afectada (venderá menos, visitará menos clientes, etc...). Si un transportista tarda más en dejar su carga, también perderá tiempo y podrá atender a menos pedidos. Es decir, que las medidas pueden dañar la ya maltrecha competitividad de la economía española. De hecho, en el Reino Unido, se plantean elevar la velocidad en las autopistas para combatir la crisis.
MEDIDAS EN EL TRANSPORTE
1. Reducir la velocidad a 100 km/h: Coste 250.000 euros por las pegatinas (imanes) que se pondrán en las señales. A ese cuarto de millón de euros hay que sumar el sueldo de los operarios que hagan la tarea y los costes asociados a su tarea. La medida se impone, en principio, por cuatro meses, pero Sebastián y Rubalcaba ya han dejado claro que son "prorrogables" (en EEUU, en la década de los setenta se impuso un máximo de 87 km/h con la misma argumentación y no se derogó hasta 1995)
El Gobierno asegura que reducirá el consumo de carburantes hasta en un 15%, pero los cálculos de los expertos como el RACC sitúan la cifra de ahorro entre el 1% y el 2% en el mejor de los casos y siempre que los conductores sigan los consejos del Gobierno. Ése 15% puede hacer referencia a la cantidad de gasolina que ahorra un coche por reducir la velocidad de 120km/h a 110km/h (y es un cálculo muy optimista, según numerosos expertos).
El problema es que la mayoría de los desplazamientos no se realizan en autovías y, además, un porcentaje elevado del consumo en estas vías lo realizan los transportes pesados que ya tienen prohibido circular a 120 km/h. Así, la medida sólo afectará al 20% de los kilómetros recorridos (ver página 7 del documento del RACC) por lo que el descenso apenas llegará al 2% en el transporte o, lo que es lo mismo, el 1% de la factura en petróleo española.
2. Línea de financiación de proyectos incluidos en los Planes de Movilidad Urbana sostenibles: Coste 262 millones dedicados a realizar carriles-bus, intercambiadores de transporte o campañas de fomento del transporte público. Es decir, un Plan E del transporte, algo más barato que el original, pero que igualmente significa un aumento del gasto sin que queden claros cuáles serán sus resultados.
3. Incremento del biodiésel en los carburantes del 5,9% actual al 7%: Es difícil imaginar cómo va a ahorrar esta medida. Si fuera más barato introducir biodiésel ya lo harían las petroleras ellas solas. Si es más caro, sólo podrá hacerse de dos maneras: vía subvención o cargando el coste en el consumidor final.
4. Plan Renove de neumáticos: Coste 20 euros de subvención por 240.000 neumáticos con máxima calificación energética: 4.800.000 euros. Esto quiere decir que los que tengan que cambiar las ruedas se ahorrarán 80 euros a costa del resto de los contribuyentes. En España hay 30 millones de vehículos y se beneficiarán de la medida unos 60.000, lo que supone un 0,2%.
5. Reducción de los precios de los billetes de Renfe en cercanías y media distancia: el coste aquí es el de subvencionar en un 5% todos estos billetes. De nuevo, los viajeros de tren se ahorrarán este gasto a costa del resto de los contribuyentes o del beneficio de Renfe (empresa pública que se financia con los impuestos de esos mismos contribuyentes).
6. Plan de eficiencia energética en el transporte ferroviario de mercancías: El Ministerio de Fomento tendrá que publicar próximamente este plan. No hay más detalles en la presentación del Gobierno.
7. Optimización del uso de los pasillos aéreos mediante la mejora en la utilización del espacio aéreo del Ministerio de Defensa: Como en el anterior caso, no hay más detalles en la presentación del Gobierno.
MEDIDAS EN LA EDIFICACIÓN
8. Línea ICO para Empresas de Servicios Energéticos: crédito de 600 millones con los que la banca pública financiará a las compañías que produzcan y comercien con bombillas de bajo consumo y LED para que éstas, a su vez, realicen los cambios de bombillas en el alumbrado público.
9. Fomento del uso de la biomasa: coste indeterminado, aunque no será bajo, puesto que el Gobierno se compromete a subvencionar el 15% del coste de sustitución de las calderas en los edificios públicos. Además, ampliará la Línea de Ayudas del Plan Renove de Calderas. De nuevo, el que tenga que cambiar la caldera se verá beneficiado a costa del resto.
MEDIDAS SOBRE ILUMINACIÓN
10. Renovación del sistema de alumbrado público municipal: coste de nuevo sin especificar, pero tampoco será barato. Se divide en tres líneas. Por una parte, se cambiarán las lámparas de vapor de sodio de los municipios de menos de 200 habitantes por tecnologías de alta eficiencia. En segundo lugar, se lanzan 19 proyectos integrales (uno por cada CCAA, Ceuta y Melilla) para grandes ciudades, aunque no queda claro en qué consistirán todos esos planes. Y, por último, se exige que en cinco años todos los municipios de más de 25.000 habitantes (295 ciudades en total) cambien sus bombillas por otras de bajo consumo.
Estas medidas sobre iluminación provocan rápidamente tres preguntas: ¿Qué tienen que ver las bombillas con el incremento del precio del petróleo que es una materia prima con una proporción mínima del gasto de electricidad? ¿Cuál es el coste de las bombillas todavía en buen estado que haya que tirar por la nueva normativa? ¿Quién se hará cargo del cambio de bombillas?
Según la mayoría de los cálculos, las bombillas de bajo consumo y los sistemas LED, que son más caras que las actuales, aunque comienzan a rentabilizarse entre 5 y 7 años después de su compra. Por lo tanto, en el corto plazo la sustitución implicará un coste, no un ahorro.
El Gobierno dice que este gasto (el de la pieza y el del grupo de operarios que cambia la farola) lo asumirán las compañías eléctricas a cambio del ahorro. Parece que lo que se ahorren en electricidad los ayuntamientos irá destinado a pagar esas nuevas bombillas. Es decir, que de ahorro, al menos en el corto plazo, nada de nada (otra cosa sería ir cambiando poco a poco las que se fundan por el uso, puesto que éste es un coste asumible a lo largo del tiempo y en el que hay que incurrir en cualquier caso).
MEDIDAS DE PROPAGANDA
11. Campañas de sensibilización ciudadana para concienciar a la población: coste desconocido, aunque viendo anteriores campañas publicitarias del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, no será bajo. Se realizarán acciones en los medios para "concienciar a la población de la importancia de adoptar hábitos de ahorro y consumo eficiente". Es decir, más anuncios de dudosa utilidad que, por supuesto, acabarán con la famosa coletilla "Ministerio de Industria. Gobierno de España", para que a los españoles no se les olvide quién cuida tanto de ellos.
LA (i)LÓGICA DE LAS MEDIDAS
Lo lógico cuando sube el precio de cualquier bien -gasolina, ordenadores o vino- es reducir su consumo. Las medidas de restricción del consumo, como ya se vio en la crisis de los años setenta, no consiguen su propósito y, sin embargo, acaban en desabastecimiento, costes de sustitución aún más altos o inflación en otros productos.
Además, en el medio y largo plazo pueden llegar a ser contraproducentes. Si se deja a los costes fluir libremente y éstos suben, las empresas tendrán una motivación extra para buscar productos sustitutivos (coches a gas, otro tipo de combustibles, etc...) y los consumidores para comprar estos nuevos bienes.
La mejor manera de reducir el consumo de petróleo a medio plazo es precisamente dejar que suba su precio: ningún gobierno podrá encontrar un incentivo mayor que el del mercado. Tampoco ningún burócrata tendrá la capacidad para imaginar las soluciones que las empresas. Si se obliga a reducir el consumo de gasolina quizás también se ponga freno a la búsqueda de esas soluciones alternativas.
Tampoco es difícil imaginar que los neumáticos favorecidos por la decisión del Gobierno por ser los de "máxima calificación energética" son de alta gama, por lo que es muy probable que sean los más pudientes los que se beneficien de esta medida de ahorro anunciada a bombo y platillo.