Todo listo para que CCOO, UGT y la patronal CEOE cierren en el marco del diálogo social un acuerdo para introducir cambios en la normativa que regula el mercado laboral español. Al menos eso es lo que espera el ministro del ramo, Celestino Corbacho, sobre todo tras los últimos datos de paro al cierre de marzo: ya hay más de 4,6 millones de desempleados y uno de cada cuatro no tiene acceso a ningún tipo de prestación o subsidio.

El Gobierno no quiere realizar reformas de carácter estructural que pongan en pie de guerra a sus compañeros de viaje (UGT y CCOO) y, tras los desplantes realizados a la patronal, parece que los empresarios han renunciado a defender sus derechos.

La falta de legitimidad de su máximo representante, Gerardo Díaz Ferrán, por sus problemas con las entidades financieras y con los ex trabajadores de empresas quebradas -como Air Comet- parece ser la principal razón a la desidia de CEOE a la hora de plantar cara a los sindicatos. Sirva como ejemplo la retirada de su nuevo contrato para jóvenes sólo 24 horas después de presentarlo.

Tanto Corbacho como el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, han dejado muy claro que no admitirán ningún acuerdo que no haga referencia a la propuesta presentada en el Palacio de la Moncloa el pasado febrero.

Y la vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha criticado las recomendaciones del Banco de España para que la reforma laboral sea efectiva y reduzca el desempleo estructural. De hecho, ninguno de los consejos del organismo supervisor ha sido bien recibido ni por los sindicatos ni por el Gobierno. Por su parte, CEOE calla y espera.

Como en el caso de la reforma del sistema de pensiones, Zapatero quiere convencer a todos los organismos nacionales e internacionales sobre su interés en adoptar reformas para frenar la sangría laboral.

La prensa y las instituciones públicas extranjeras siempre que se refieren a la economía española denuncia que el presidente protege a la “aristocracia laboral” de CCOO y UGT, lo que provoca que el paro nacional duplique la media europea. El análisis es certero, ya que Zapatero es el primer mandatario en la historia española que pide "cariño" a los sindicatos.

Las “líneas rojas” de Corbacho

Desde el Ministerio de Trabajo se ha dicho por activa y pasiva que hay algunas “líneas rojas” que no se van a cruzar, precisamente, las que pide el Banco de España y que son indispensables para reducir el desempleo.

En concreto, se trata de la negociación colectiva, el coste del despido, ligar los salarios a la productividad (y no a la evolución de los precios) y una rebaja profunda de las cotizaciones sociales (se propone reducir hasta dos puntos como guiño a los empresarios). Estos cuatro puntos no serán discutidos y, hasta ahora, la patronal pliega velas y admite las condiciones de Corbacho, reclamadas por CCOO y UGT.

Los convenios colectivos son ultraactivos, es decir, que si un convenio no se renueva sigue vigente el anterior. La ultraactividad confiere a los convenios, en la práctica, el rango de ley o decreto, obviando que se trata de acuerdos económicos entre sindicatos y patronales que necesariamente tienen que modificarse con las circunstancias económicas, las positivas y las negativas.

En una época como la actual, es vital aumentar la competitividad de los salarios españoles, es decir, que crezcan menos que en el resto de socios europeos y, lo más importante, que no suban más que la inflación. Pero con el sistema español lo que se está produciendo es justo lo contrario, problema que se agudiza al no ligar los sueldos a la productividad.

Tímidas reformas para salvar la cara

Por lo tanto, los “agentes sociales” pretenden acordar una serie de pequeñas modificaciones en el mercado laboral que sirvan de cortina de humo para ocultar los verdaderos problemas del sistema laboral español. Ni CCOO, ni UGT quieren perder el poder que tienen sobre la vida de los trabajadores y parados, a pesar de no representar ni al 10% de los empleados.

El acuerdo incluirá medidas para ampliar la utilización del contrato de fomento de la contratación indefinida, creado en 1997, que, con una indemnización por despido de 33 días, se utiliza muy poco. Queda así descartada la creación de un contrato único, modelo requerido desde diversas instancias como, hace unos días, volvió a hacerlo el Banco de España, según recuerda el diario ABC.

Asimismo, se redefinirá la contratación temporal y se aumentará la parcial para tratar de reducir drásticamente su utilización. Asimismo, se quiere modificar la normativa de los contratos a tiempo parcial, que no se usan mucho en España y en los países de nuestro entorno supone el 30% del mercado laboral. Podrían incluirse penalizaciones.

También se potenciará el empleo de los jóvenes, bonificando a las empresas que contraten a menores de 24 años. La reforma de las bonificaciones a la contratación es otro de los pilares de esta iniciativa, dejándolo sólo para determinados colectivos con baja capacidad de encontrar empleo.

El “modelo alemán”

Otra medida sería la de fomentar la aplicación del denominado “modelo alemán”, que compagina la reducción de jornada con el cobro del subsidio de desempleo. Su aplicación en el mercado laboral español sería en los ERE (Expediente de Regulación de Empleo), utilizando la reducción de jornada en lugar del despido.

Además, se acelerarán los procedimientos para los ERE suspensivos y se elevará el porcentaje de la bonificación de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social por los trabajadores afectados por las regulaciones temporales de empleo.