La vivienda pública en España se presenta desde el gobierno como solución a todos los males, ignorando los muchos problemas ya existentes en el parque de unidades residenciales controlado por las Administraciones. Uno de los agujeros que se aprecian en este ámbito es el de la elevadísima morosidad en tales promociones, circunstancia que ha cobrado cada vez más relevancia en el Principado de Asturias, a raíz de una propuesta del gobierno autonómico socialista para incrementar su oferta de "vivienda social" sin atajar antes los problemas existentes.
En efecto, en comunidades donde la vivienda gestionada por el sector público lidia con límites insostenibles de morosidad, nuestros gobernantes siguen ampliando su asignación a este tipo de programas sin reparar en que no están resolviendo nada y, más bien, están multiplicando las dudas, los costes y los incentivos perversos del sistema.
En el caso asturiano, ha sido el diputado por Vox, Javier Jové, quien ha destapado en la cámara autonómica una situación aberrante que afecta a las 9.600 viviendas manejadas por el gobierno regional a través de VIPASA, una empresa de titularidad pública que se encarga de manejar dichos activos inmobiliarios.
Sobre el papel, el gobierno asegura que este programa se desarrolla con garantías… pero, en la práctica, los datos que se han divulgado muestran que una de cada tres familias alojadas no paga su alquiler. No es una hipérbole: las cifras acreditan que, en efecto, alrededor del 30 % de los inquilinos son morosos.
No hablamos de retrasos puntuales, puesto que VIPASA acumula ya 4,7 millones de euros en rentas impagadas, una cifra que crece mes a mes sin que el gobierno de Adrián Barbón ofrezca una solución viable. De hecho, la morosidad media por inquilino supera las once mensualidades y hay casos de personas que llevan ocho y nueve años sin abonar un solo euro.
A esto hay que sumar otra capa del problema: los suministros impagados. VIPASA también asume estos gastos y, en este concepto, los inquilinos han acumulado ya una deuda con el sector público autonómico de 1,13 millones de euros. Un total de 1.572 inquilinos arrastran, de media 718 euros de impagos en sus respectivos recibos de luz, agua o gas.
De modo que la empresa pública regional soporta ya casi 6 millones de euros en deudas acumuladas de inquilinos que no pagan ni el alquiler ni los suministros. Pero lo más preocupante de todo es que la respuesta de Barbón y su gabinete socialista no ha sido otra que abogar por ampliar el sistema
Así, según ha trascendido, en lugar de acometer reformas para reducir la morosidad, profesionalizar la gestión o establecer un sistema de incentivos que proteja a la Administración propietaria y garantice la sostenibilidad financiera de los programas de "vivienda social", el Principado ha optado por ampliar el modelo y sumar cientos o miles de nuevas viviendas a un esquema que ya acumula deudas millonarias con las actuales.
El nuevo programa autonómico —presentado como una solución "pionera", pero inspirada en el "modelo vasco"— pretende que los propietarios que no tengan alquilada una vivienda de su titularidad cedan su inmueble a la Administración a cambio de una renta que sería entre un 30 % y un 50 % inferior al mercado. El precio en sí se antoja sorprendentemente bajo, de modo que no parece un incentivo propicio para lograr resultados, pero, además, la actualización de rentas se hará a partir del Índice de Garantía de Competitividad, y no con el Índice de Precios de Consumo, resultando que el IGC sube la mitad que el IPC.