Antes de comenzar siquiera la Comisión de Investigación del Parlamento andaluz sobre el caso de los ERE, ya se sabía que dos de los tres comparecientes previstos en los trabajos de la misma no declararían en la misma por decisión propia al considerar que, estando imputados por la juez Alaya, no procede su declaración por ser incompatible.
El primer compareciente en la Comisión de Investigación sobre los ERE en el Parlamento andaluz, Ramón Díaz Alcaraz, se ha negado a declarar y ha exigido que conste en acta que el ser interrogado por preguntas que podrían contener juicios de valor y cuyo contenido desconoce es constitutivo de coacción, por lo que se reserva sus acciones legales. Posteriormente, exigió dejar la sesión siendo apercibido por el Presidente de la Comisión de la comisión de un delito de desobediencia. A pesar de ello, Ramón Díaz siguió exigiendo abandonar la sesión no sin decir antes que de contestar a las preguntas, en ese momento, de Izquierda Unida, se aclararían muchas otras cosas. Posteriormente, el PSOE no quiso preguntar al compareciente Ramón Díaz atendiendo a sus ruegos.
El escándalo no ha hecho más que empezar porque, de seguirse esta tónica de comportamiento, serán muchos los comparecientes previstos que no acudan a la Comisión de Investigación produciéndose un fiasco parlamentario y un ridículo institucional sin precedentes dándose la razón a quienes desde el principio consideraron una pantomima la puesta en marcha de la primera Comisión de Investigación desde hace 15 años en el Parlamento andaluz.
El funcionario Antonio Diz-Lois y el exparlamentario del PSOE Ramón Díaz, cuya comparecencia estaba prevista para hoy, lunes, ya anunciaron que se acogerían a su derecho a no declarar por considerar que al estar, como el exgerente de Mercasevilla, imputados por la juez instructora del caso, Mercedes Alaya, su declaración en sede parlamentaria podría resultar incompatible limitando sus declaraciones al Juzgado.
El exgerente de la empresa municipal Mercasevilla, por su parte, también ha rehusado contestar las preguntas por estar imputado tras defender su inocencia en un alegato que ha durado 30 minutos. En él, ha dicho que está siendo objeto de una "persecución personal" con "total ausencia" de garantías jurídicas, lo que ha atribuido a una batalla política de los grandes partidos para alcanzar el poder.
Mellet está en el origen del caso de los ERE y de los modos de funcionamiento de la Junta. Recuérdese que fue acusado, junto al también exdirectivo de Mercasevilla, Daniel Ponce, por dos responsables del grupo de restauración sevillano La Raza de exigirles una comisión de 450.000 euros a cambio de hacerse con la gestión de la escuela de hostelería que se iba a crear en el mercado central y la subvención correspondiente de 900.000 euros. El caso fue certificado en una cinta magnetofónica donde se detallaba la operación.
El exparlamentario socialista Ramón Díaz fue exasesor de la Faffe (Fundación Andaluza deFondo de Formación y Empleo) está vinculado al que fuera líder de los socialistas sevillanos José Antonio Viera y a uno de los principales acusados, el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. Según la juez Alaya, tuvo participación en la inclusión de intrusos en los ERE de Calderinox, Saldauto y A Novo y en la ayuda irregular a ocho trabajadores del SAT Virgen del Espino, una empresa que solo tenía dos empleados.
Antonio Diz-Lois fue jefe de servicio de la Dirección General de Trabajo entre 2001 y 2006, así como director de administración y finanzas de la agencia IDEA entre 2008 y 2010. Era el responsable de las cuentas de la Dirección General y está imputado por la juez.
Ante esta ausencia de respuestas importantes hechos de la trama quedarán oficialmente sin conocerse en una Comisión que ve devaluada su función por momentos. Además, la ex ministra socialista Magdalena Álvarez tampoco lo ha hecho por problemas de agenda y Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del ex presidente de la Junta, "Pepote", ha resultado ilocalizable.