Hasta ahora, la estrategia de los "políticos" de Mercasevilla, en su cuyo consejo de Administración participan o han participado, era derivar las irregularidades a las esferas técnicas. Pero ahora, la Fiscalía, consciente de la envergadura de los casos, el de los terrenos adjudicados en concurso fraudulento a Sando y el de la extorsión a dos empresarios de hostelería, estudia la imputación de Rodrigo Torrijos, considerado el responsable político principal; el socialista Gonzalo Crespo, presidente de Mercasevilla en la fecha de los hechos y el asesor Domingo Enrique Castaño, vinculado asimismo al PSOE, entre otros.
Y no se detiene en ellos. El delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Sevilla analiza la posible imputación de todos los consejeros que formaban parte de la comisión ejecutiva de Mercasevilla cuando se adjudicó a una filial de la constructora malagueña Sando el derecho de opción de compra de los suelos. La juez que investiga el caso considera que el concurso público por el que se adjudicó la venta es "ilegal" y "fraudulento" porque estaba "predeterminado" para que esta empresa resultara ganadora, todo ello a pesar de que el grupo Noga había realizado una oferta económica que superaba en 52 millones de euros la propuesta vencedora.
La posible imputación se extiende a los siete miembros de la comisión ejecutiva de Mercasevilla, que estaba integrada, junto a Torrijos y Gonzalo Crespo, por Domingo Enrique Castaño –la persona a la que el PP sitúa como el "cerebro" de la venta de los suelos–, así como el secretario del Ayuntamiento, Venancio Gutiérrez Colomina, y el interventor municipal, José Miguel Braojos. Completan la lista los consejeros Ángel Gil Pascual, adjunto a la presidencia de la empresa Mercado Central de Abastos (Mercasa) –que posee el 48% de Mercasevilla–, y Arturo Cortés de la Cruz, abogado del Estado y secretario general de Mercasa. Todos ellos intervinieron en la comisión ejecutiva de Mercasevilla celebrada el 15 de febrero de 2006 y en la que adjudicó el concurso a Sanma, la filial de Sando, tras obtener la mayor puntuación de acuerdo con la valoración de los técnicos imputados.
Otros medios, como ABC, sitúa la reunión clave el 8 de noviembre de 2005. En ella, se acordó proponer a la junta general extraordinaria de Mercasevilla celebrar la convocatoria de concurso público para la adjudicación de un derecho de opción de compra sobre los terrenos propiedad de Mercasevilla cuya unidad alimentaria iba a trasladarse. La opción acabó aprobándose en una reunión del consejo de administración en diciembre de 2005.
Además esa adjudicación se hizo poniendo una cláusula que limitaba al alza las ofertas algo que llamó la atención de los técnicos, alguno de los cuales ha llegado a afirmar ante la jueza que nunca había visto una cláusula igual. Hasta ahora todos han prestado testimonio ante la Policía como testigos
Se recordará que la Policía Judicial ya había hecho gestiones con Torrijos y Crespo que ya prestaron declaración por escrito aportando sus explicaciones acerca de cómo se procede en las adjudicaciones y, en concreto, en la relativa a la empresa Sando. El ex presidente de Mercasevilla, Gonzalo Crespo, aseguró que a él ninguno de los funcionarios municipales intervinientes en el proceso le advirtió de alguna ilegalidad o irregularidad. En los últimos días la policía judicial haya tomado declaración a la mayoría de los miembros de la citada comisión ejecutiva que adjudicó esos terrenos a Sando por un valor de 106 millones de euros pese a que la oferta del grupo Noga era superior ya que ascendía a 158 millones de euros.
Si finalmente el Ministerio Público solicita la imputación de todos estos presuntos implicados, se estaría ante un cambio de actitud de la fiscalía sevillana. La fiscal Jefe, María José Segarra, solía mantener cierta "tranquilidad" e incluso "inactividad" ante la trama que fue puesta en su conocimiento en febrero, fecha en la que se produjo la grabación de los empresarios de La Raza en las que los directivos de Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce, les pedían una comisión de 450.000 euros en nombre de la Junta de Andalucía a cambio de la adjudicación de la escuela de hostelería.